La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya ha protegido al Gobierno de Pedro Sánchez en sede judicial. En su declaración ante el magistrado que le imputa tres delitos por la entrada en España de Brahim Ghali, Laya ha negado cualquier irregularidad asegurando que se produjo por motivos humanitarios. Sin embargo, se ha acogido a la Ley de Secretos Oficiales para no responder a las preguntas acerca de quien o quienes dieron la orden de que el líder del Frente Polisario aterrizase en España el 18 de abril.
Fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por Vozpópuli aseguran que se ha tratado de una comparecencia breve pese a la insistencia del magistrado Rafael Lasala por esclarecer quien ordenó que Ghali entrara en España sin identificarle. Laya ha dicho que se acogía a la normativa legal que regula la dispensa de materias clasificadas (y en concreto a la reforma de 2010) para no responder sobre ese asunto. Sí ha precisado que nunca se actuó al margen de la legalidad y que el motivo por el cual se accedió a que Ghali entrara en España es porque estaba gravemente enfermo de coronavirus.
La exjefa de la diplomacia española estaba llamada a declarar para este lunes en el marco de la causa en la que se le investiga por delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado. Laya ha respondido únicamente a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa letrada que ejerce la Abogacía General del Estado, tal y como avanzó este diario. Sin embargo, ha declinado atender a las acusaciones populares, que fueron las que solicitaron su comparecencia como investigada tras escuchar en sede judicial a su entones jefe de gabinete, Camilo Villarino.
El magistrado Rafael Lasala fue recabando pruebas determinantes sobre la entrada de Ghali en España el 18 de abril estrechar el cerco en el Ejecutivo. El magistrado lanzó una batería de medidas que pasaban por esclarecer si se le identificó a su llegada a la base aérea de Zaragoza (cumpliendo de este modo con la normativa) o si Ghali se apoyó en alguna documental falsa para acceder a España. El motivo de la sospecha residió en que, nada más aterrizar en España procedente de Argelia, Ghali fue trasladado en ambulancia medicalizada a un hospital de La Rioja donde ingresó con el nombre ficticio de Mohammed Benbatouche.
De este modo, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza recabó el testimonio del general jefe de movilidad aérea, José Luis-Ortiz Cañavate, el cual adelantó que no pasó por el control de aduanas ni de pasaporte porque así lo ordenaron por teléfono desde la Sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire. Ello llevó al juez a preguntar en Defensa por qué no se siguió el protocolo con este asunto. La respuesta la ofreció el entonces general segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez.
El teniente general arrojó más luz al asunto y desveló que ni se incoó expediente administrativo ni quedó constancia por escrito ya que las instrucciones fueron verbales. Las recibió, según expuso, del Ministerio de Exteriores y, más en concreto, del jefe de gabinete de la exministra. De esta manera, se puso el foco en este departamento desde donde siempre se defendió que se autorizó a que entrase el líder saharuai en España por motivos humanitarios y que éste accedió con su propio documento diplomático. Al respecto, el juez movió ficha y no solo imputó a Villarino en el procedimiento, sino que requirió todos los whataspps intercambiados entonces con el teniente general.
En su declaración ante el juez, Villarino explicó que las órdenes que dio fue porque así se lo trasladó la exministra, la cual además le pidió sigilo y discreción con este asunto porque había terceros países (en referencia a Marruecos) que desconocían la llegada de Ghali. Además explicó que se éste viajaba con su pasaporte y que su hijo tenía alguna especie de permiso de residencia pero que no se les identificó, no suponiendo ello ninguna actuación ilícita.
De los mensajes intercambiados se desprende cómo Villarino le ordenó a su interlocutor que autorizase el acceso de una ambulancia medicalizada a la pista de aterrizaje y que no se preocupara por la identidad de los miembros de la aeronave procedente de Argelia porque “quien lo tiene que saber lo sabe”. En respuesta, las acusaciones señalaron a la cúpula del Ministerio de Exteriores y solicitaron la imputación de de Laya alegando “entrada subrepticia” de Ghali en España. La filtración en prensa de su presencia en España derivó en un duro choque con Marruecos, que respondió provocando una crisis migratoria en Ceuta sin precedentes.
