La 'ley Celaá' avanza sin freno. El Congreso de los Diputados aprobará este jueves el dictamen final de la LOMLOE, la nueva norma con la que el Gobierno pretende dar carpetazo a la llamada 'ley Wert' y reformar el sistema educativo. Será la octava de la democracia. La votación tendrá lugar a partir de las 16.00 horas.
El debate entre los grupos parlamentarios se celebró a primera hora de la mañana. Ha sido bronco y ha reflejado una gran falta de consenso. PSOE y Podemos han aplaudido efusivamente la exposición de la portavoz de Educación socialista, María Luz Seijo, que acusa a PP, Vox y Ciudadanos de divulgar "bulos y fakes" en torno a la iniciativa.
Desde las filas de la oposición han respondido a las palmas poniéndose en pie y gritando unidos "¡libertad!". La contienda parlamentaria entre las aplausos, cánticos y golpes desde el escaño ha durado cerca de tres minutos.
En la aledaña plaza de Las Cortes, la Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, también protestaba contra la ley.
El texto que se someterá a votación ya lleva incorporadas las enmiendas que prosperaron la semana pasada después de más de 10 horas de discusión durante la Comisión de Educación.
Entre ellas, la que elimina la condición de "lengua vehicular" del castellano e introduce la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan elegir cuál es la lengua vehicular de su territorio para el ámbito educativo. Fue presentada por PSOE, Podemos y ERC en plenas negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
Por tratarse de una ley orgánica, la norma necesita el voto a favor de la mayoría absoluta, es decir, de 176 diputados. Después, pasaría al Senado para ser ratificada y, por último, volverá al Congreso, donde el texto será aprobado definitivamente y se convertirá en ley. La idea del Gobierno es que entre en vigor antes de la primavera de 2021.
La oposición, en pie de guerra
La diputada del PP Sandra Moneo ha recriminado al PSOE haber "perdido su sentido de partido de Estado para mantenerse en el poder" y ha advertido que su formación utilizará "todos los instrumentos" a su alcance para frenar la norma y "la deriva totalitaria". La Comunidad de Madrid y Murcia ya avisaron de sus intenciones de evitar su aplicación, algo que ya hicieron las regiones socialistas con la 'ley Wert'
Joaquín Robles, de Vox, ha asegurado que esta norma supone "el final del papel de ascensor social de la enseñanza", porque "condena a determinadas clases sociales a recibir una papilla infame que cercenará la promoción social". Mientras, dice, la "izquierda caviar y la oligarquía nacionalista seguirán llevando a sus hijos a colegios privados exigentes y a centros de pago en el extranjero".
La diputada de Ciudadanos, Marta Martín, ha señalado que "esta ley ha conseguido enfadar a todo el mundo". "Es un barro, es inoportuna y tiene dudosas garantías democráticas, supone una peligrosa bajada de nivel y una coacción de los derechos fundamentales. No puede recoger más tropelías", ha denunciado.
En el otro lado, Martínez Seijo ha acusado a la oposición de "usar la palabra libertad de forma sesgada". "Defienden la libertad sólo para los que tienen recursos", considera. Y ha atacado a las asociaciones de la red concertada que estos días reclaman contra la nueva norma: "¿Es libertad o adoctrinamiento lo que se hace en los patios de los centros concertados hoy, donde utilizan a menores con la lectura de manifiestos en contra de la ley?".
Joan Mena, de Unidas Podemos, ha señalado que lo que PP, Vox y Cs están defendiendo "no se llama libertad, sino privilegios y distinción de clase". "Hoy por fin blindamos la inmersión lingüística", ha celebrado. Y ha arremetido contra "el arzobispo" o "lobby de escuela elitista" que tratan de "amedrentar".
Medidas controvertidas
Entre las medidas más controvertidas de la 'ley Celaá', destacan las restricciones a la red de centros concertados; la eliminación de la asignatura de Ética en la ESO; la conversión de la repetición de curso en algo excepcional, que la Religión no cuente para nota media y la eliminación del concepto "prueba" en la oposición para convertirse en inspector educativo.
Una idea esta última que ha hecho estallar a los inspectores al considerar que el acceso a sus funciones podría convertirse en "un coladero" para cargos "a dedo".
La reforma del Gobierno también pretende una serie de cambios en la educación especial: fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios a los que se dotará de recursos, pero las familias han recibido la propuesta con mucha inquietud.
Sin embargo, no fue hasta el ecuador del trámite parlamentario cuando estalló una auténtica guerra política a cuenta del castellano. En plena negociación de los PGE PSOE, Podemos y ERC sacaron adelante -y por sorpresa- una nueva enmienda para eliminar del texto la referencia al castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular, es decir, la lengua que se utiliza como vehículo de comunicación en el ámbito educativo. Vox PP y Ciudadanos ya han amenazado con llevar este asunto a los tribunales.
Mientras que el castellano no resulta bien parado en la nueva ley, otros aspectos ganan peso en el escrito. Entre ellos, la perspectiva de género, la brecha digital de género, el respeto a los animales, la transición ecológica, la justicia fiscal, la educación afectivo-sexual, los impuestos y la identidad sexual.
