El Congreso da luz verde a una ley de convivencia en las universidades sin el consenso de los principales agentes de la comunidad universitaria. La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades ha aprobado este miércoles el informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria presentado por Manuel Castells, pero lo hace en la víspera de las protestas estudiantiles que arrancarán este jueves por todo el país.
Tanto rectores como diversas organizaciones habían alcanzado un consenso con el Gobierno para elaborar el anteproyecto que fue el Consejo de Ministros. Pero el documento final está trufado de modificaciones a través de las enmiendas presentadas, precisamente, por los partidos que integran el Ejecutivo junto a ERC. Unos cambios que no han gustado a los estudiantes ni a los altos cargos universitarios.
Entre ellos, más autonomía para que sean las propias universidades que gestionen las normas de convivencia a la hora de evitar conflictos y que puedan graduar las sanciones. Y más peso a la libertad de expresión. En comparación con el texto original propuesto por el Ministerio de Universidades, el texto que sale de la Cámara Baja garantiza, por parte de las universidades, la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga, al estar "constitucionalmente reconocidas".
El texto que sale de la Cámara Baja garantiza, por parte de las universidades, la libertad de expresión y da más autonomía a las instituciones a petición de ERC
De este modo, se podrá sancionar "impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento", es decir, los llamados escraches, pero teniendo en cuenta la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga. Dependerá de cada universidad. Tras su tramitación y aprobación en el Cámara Baja, la nueva ley deberá continuar su tramitación en el Senado.
Deroga un decreto de 1954
La ley aprobada en la Comisión del Congreso deroga el decreto de origen franquista de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional. Ha salido adelante con los votos de PSOE, Podemos y ERC.
"La nueva Ley se adapta al ordenamiento constitucional vigente y sienta las bases para reformular el marco de convivencia universitaria haciendo énfasis en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales y garantizando la igualdad para un posterior desarrollo por las Comunidades Autónomas y las propias universidades", ha celebrado el Gobierno a través de un comunicado.
Con esta nueva ley -ha añadido- todas las universidades están obligadas a tener normas de convivencia, que incorporen mecanismos de mediación como vía preferente para la resolución de los conflictos, así como medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso.
Rectores y estudiantes consideran que las enmiendas que ahora forman parte del texto no trasladaban a las universidades, en el marco de su autonomía, la posible regulación de mecanismos y procedimientos de resolución de conflictos: "Esto impide el establecimiento de un marco común para todo el Sistema Universitario Español".
Rechazo de PP, Vox y Cs a la ley
Sin embargo, los partidos de la oposición han rechazado el proyecto. La 'popular' María Jesús Moro, ha denunciado que tanto PSOE, como Unidas Podemos y ERC no han escuchado a la oposición durante el trámite parlamentario, que ha resume en un "ordeno y mando". Moro también ha acusado a los tres partidos de "destripar" el proyecto y, de hecho, ha acusado a Castells de "traición" hacia los universitarios.
El PP acusa a PSOE, Podemos y ERC de "destripar" el proyecto y, de hecho, ha acusado a Castells de "traición" hacia los universitarios
Francisco José Contreras, de Vox, cree que el proyecto ha sido tramitado con "autoritarismo", ya que asegura que "todas" las enmiendas de la oposición han sido "desestimadas" sin ser siquiera examinadas. Además, a su juicio, esta ley recoge el "adoctrinamiento ideológico" del Gobierno, pues considera que la norma erosionará la libertad de cátedra, de debate y de expresión en las universidades.
"Ustedes se van a cargar el modelo Castells para hacer la ley de ERC", ha lamentado también Juan Ignacio López-Bas, de Ciudadanos, pues "van a legitimar que una carpa con banderas de España pueda ser vandalizada" así como "legitimar la exclusión de la violencia, diciendo que es derecho de reunión, manifestación y de libertad de expresión".
Parón académico a nivel estatal
Por su parte, el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), y las organizaciones Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes llaman al parón académico estatal este 18 de noviembre. Y está previsto que suponga el preámbulo de un calendario de movilizaciones contra esta norma, pero también contra la otra reforma estrella de Castells: el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Si en el caso de la de Ley de Convivencia rechazan que elimine la mediación y las medidas alternativas a las sanciones, en el de la LOSU entienden que "lejos de contener mejoras, retrocede en los derechos de los estudiantes".
