La polémica sobre una eventual modificación de ley del aborto durante su tramitación parlamentaria se aviva en las filas populares. Si bien la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó este miércoles que no le "cabe duda" de que "se hará lo posible" para que la reforma provida impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón cuente con el “máximo consenso” en su paso por las Cortes --y aludió al que obtuvo la ley de 1985--, el ministro de Justicia, por el contrario, no está dispuesto a permitir que su texto sea maquillado en lo fundamental: la penalización del aborto en caso de malformación del feto. Según fuentes populares consultadas por Vozpópuli, Gallardón ha trasmitido el mensaje de que su equipo, el grupo de expertos que ha participado en la elaboración del articulado, no moverá “ni una coma” de los principios básicos del anteproyecto de ley elevado al Consejo de Ministros.
El titular de Justicia mantiene esta postura (la de “no renunciar a ninguna de las conquistas en defensa de los derechos que recoge la reforma”, según dijo recientemente en una entrevista a ABC) frente a la expuesta por Cospedal y los barones descontentos con el texto, quienes confían en que todavía habrá oportunidad de alcanzar un punto de encuentro en la parte esencial del proyecto. El presidente extremeño, José Antonio Monago, que lidera al grupo de los críticos, señaló este miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional, relataron fuentes presentes, que “necesitamos una ley que sirva para los próximos 20 años”, un recorrido que no vaticina para la reforma de Gallardón. Se abre así otra brecha entre Gallardón y Cospedal después de la del pasado verano, cuando desde un sector del partido se responsabilizó al ministro de Justicia de que la 'número dos' de Rajoy fuese llamada a declarar como testigo en el caso de la supuesta caja B del PP.
El goteo de voces discordantes con el texto de Gallardón ha derivado en la mayor marejada en el PP después de la provocada por el apoyo a la guerra de Irak
La estrategia del Gobierno de ir vendiendo indicios de recuperación económica, de cara a las elecciones europeas de mayo, se halla en riesgo de ser eclipsada por el debate interno generado sobre la reforma del aborto. El goteo de voces discordantes con el texto de Gallardón ha derivado en la mayor marejada en el PP después de la provocada por el apoyo a la guerra de Irak. Entonces, los críticos con la postura del Gobierno de José María Aznar estuvieron cerca de evidenciar en una votación en el Congreso la ruptura existente en las filas populares. Once años después, la situación vuelve a repetirse, pero las amenazas de deserción son ahora más firmes que las que llegaban a oídos del equipo de Aznar.
La vicepresidenta de la Cámara Baja, Celia Villalobos, solicitó este miércoles a Rajoy, en persona y delante de sus compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, libertad de voto para los diputados del PP. La esposa de Pedro Arriola, el asesor de cabera del presidente del Gobierno, dijo que ella no quería entrar en si la reforma del aborto supone cumplir o no con el programa electoral. Su intención fue erigirse en altavoz de los parlamentarios, y especialmente de sus compañeras de bancada, que podrían ausentarse de la votación al no compartir el sentir de la ley estrella de Gallardón.
La presidenta de Aragón sale al rescate
Y es que el ministro de Justicia va camino de quedarse sólo, al margen del respaldo soterrado que le brinda el ala más conservadora, en la defensa de su reforma del aborto. Los dirigentes de la cúpula popular se reparten entre los que cuestionan el texto y los que aluden a la versión oficial, remitiéndose al programa electoral. Es el caso de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, o la secretaria general del PP. Ambas han evitado mostrar, a título personal, su posible disconformidad con la penalización de la interrupción del embarazo en el supuesto de malformación del feto, extremo que introduce el texto de Gallardón y que no recogía la ley de 1985 del Ejecutivo de Felipe González.
Gallardón está comprobando los efectos de elaborar una normativa sobre una materia tan sensible como el aborto sin someterla a consulta previa del partido. Si bien Rajoy avaló la norma por ser “equilibrada”, el ministro de Justicia no suscitió muchos apoyos de peso entre los miembros del Comité Ejecutivo. Sólo la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, quiso tomar la palabra para romper una lanza a favor de Gallardón y recordar que en la cuestión del aborto hay "dos partes" y que no sólo la madre tiene derechos, sino también el nasciturus.
