Sea una filtración efectista del expresidente de la Generalitat huido ahora en Francia o sea una mera especulación con el ánimo de revolver el final de la campaña electoral, lo cierto es que en los últimos días se viene manejando la posibilidad de que Carles Puigdemont decida casi siete años después de fugarse, reaparecer en suelo español justo a unas horas de que se abran las urnas. En las últimas horas, él ha negado la inminencia de esa posibilidad en declaraciones públicas, pero en cualquier caso su advertencia de que antes o después pisará suelo español es más una promesa que un brindis al sol.

Pese a lo improbable del escenario de un arrebato de Puigdemont que le empujase a entrar en Cataluña antes de la apertura de las urnas este domingo, al que ningún partido en Cataluña concede demasiada credibilidad, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de uno de los dos procesos abiertos contra Puigdemont tras su fuga en 2017, ha puesto en guardia a todo el alto Tribunal. Si Puigdemont se atreviese a cruzar la frontera con Francia se abrirían varios escenarios que ya maneja con detalle del Supremo, según fuentes del Tribunal.

El primero de ellos, realmente casi descartado, es el de una venida inmediata el día 10 de mayo, tal y como Junts se ha encargado de difundir como mera especulación con fines electoralistas. Dado que la ley de amnistía prosigue su tramitación en el Senado, y debe regresar al Congreso para su aprobación definitiva y publicación en el BOE, no está aún en vigor. En ese supuesto, Llarena ordenaría de inmediato y con urgencia la detención del prófugo, su puesta a disposición del Tribunal Supremo y, con toda probabilidad, su ingreso en prisión provisional por el evidente riesgo de una nueva fuga a la acción de la justicia. “En este caso no sería posible aplicar la tesis de que como el magistrado conoce públicamente, a través del debate político público, que se puede aprobar en breve una ley de amnistía, ese sería motivo suficiente como para dejarlo en libertad.

A día de hoy, la ley sigue siendo un futurible, y la ley se aplica en presente”, sostienen fuentes judiciales. “No es posible dictar libertad para Puigdemont, a modo de unas “vacaciones” solo porque exista la certeza de que se va a aprobar una ley de amnistía que, además, desconocemos realmente cuándo va a estar en vigor, o si quedará suspendida de inmediato o no. Por lo tanto, la medida de prisión sería adecuada, proporcionada y justa".

En un segundo escenario, mucho más plausible a tenor de las palabras del propio Puigdemont, su regreso a España, sería posterior, una vez celebradas las elecciones catalanas, ya con la ley de amnistía en vigor, algo que presumiblemente se producirá en las próximas semanas. Si, efectivamente Puigdemont hubiese llegado antes y estuviera ya en prisión, el magistrado Llarena tendría la obligación de ponerlo en libertad. “Pero no por el automatismo de la entrada en vigor de la amnistía, ni por que exista necesidad real de alzar las medidas cautelares impuestas, sino porque un juez no puede retener en prisión a alguien imputándole un hecho que está amnistiado.

Aun presumiendo -añaden las fuentes- que esa ley pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, o incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tiempo de resolución sobre el fondo legal o no de la amnistía no permitiría mantener a Puigdemont en la cárcel”.

Una cosa, insisten las fuentes consultadas, es que un magistrado pueda tener sus legítimas dudas sobre la legalidad y legitimidad de una norma como la amnistía, redactada ad hoc para el separatismo, y otra muy distinta, que acuerde prisión para una persona “por si acaso” dentro de un año el Tribunal Europeo, por ejemplo, argumenta que la norma es ilegal.

Las especulaciones políticas sobre lo que pueda realmente hacer Puigdemont rompiendo el tablero de la campaña electoral el último día se multiplican en Cataluña con dos análisis coincidentes. El primero sostiene que es un farol del líder de Junts cargado de simbolismo y expectativa. Que no tiene el coraje de asumir un encarcelamiento inmediato, someterse a una acusación del magistrado Llarena y quedar después a disposición también de la magistrada Susana Polo, instructora del ‘caso Tsunami’ tras la exposición razonada que elevó meses atrás el juez de la Audiencia Nacional García Castellón.

El segundo análisis, más alambicado y que algunos tildan de ‘ciencia ficción’, pasa por que Puigdemont se presente en Cataluña inmediatamente después de las elecciones, sea detenido y asuma un proceso de ‘victimización’ en la cárcel durante uno, o dos meses como máximo, hasta que la amnistía esté realmente en vigor. En ese caso no sólo tendría la llave de una posible negociación desde su propia celda para presidir la Generalitat si los resultados de las urnas permiten esa combinación junto al resto de separatistas o incluso con el PSC. Tendría aún más reforzada la llave también de la gobernabilidad de Pedro Sánchez.

“¿Un escenario con el expresidente de la Generalitat encarcelado, negociando su libertad, formando un Govern en la sombra y condicionando desde luego la legislatura nacional…? Parece un delirio, pero habrá quien le vea capaz. Ya no serían Junqueras y el resto solo los mártires del procés”, concluyen fuentes jurídicas de modo informal.

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