Las presuntas irregularidades en la salida del fiscal Ignacio Stampa del caso Villarejo salpican ya al Gobierno de Pedro Sánchez. El grupo parlamentario del Partido Popular ha registrado una solicitud en el Congreso para que comparezca la ministra de Justicia, Pilar Llop. El objetivo es que explique el papel de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el cese de Stampa, después de que éste denunciara maniobras desde la cúpula de la Fiscalía para alargar la investigación abierta en su contra por revelación de secretos y que coincidiera con el Consejo en el que no obtuvo plaza fija para Anticorrupción.
La petición, registrada este martes y firmada por la portavoz de los populares en la cámara baja, Cuca Gamarra, recoge una serie de cuestiones relativas a esclarecer el grado de conocimiento del Ejecutivo del conocido como 'caso Stampa'. En concreto, enumera siete motivos por los que la ministra debería comparecer en la Comisión de Justicia. El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, pone el foco en los supuestos vínculos de Delgado en el procedimiento contra José Manuel Villarejo por la implicación en el mismo del despacho de su pareja, el magistrado Baltasar Garzón.
"Explicar y aclarar cuál es la opinión del Gobierno de España en relación con el conflicto de intereses que se produce en el conocido como caso Tándem, por el hecho de la existencia de evidentes vínculos personales entre los responsables de algunas de las defensas y la fiscal general del Estado", recalca el Partido Popular. Al respecto también pregunta si al Gobierno le consta "la existencia de unos audios" grabados por Villarejo en los que aparece Dolores Delgado.
Audios de Delgado y Garzón
Se refiere el PP a las grabaciones que efectuó el comisario jubilado relativas a un almuerzo que tuvo lugar en el restaurante Rianxo en octubre de 2009 en el que participaron diversos mandos policiales, como el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, además de la propia Delgado y Baltasar Garzón. Se trata de unos archivos que vieron la luz en 2018, durante el mandato de Delgado como ministra de Justicia, y que no forma parte de todo el material gráfico y sonoro que la Policía Judicial se incautó del domicilio de Villarejo tras su detención en noviembre de 2017.
Además, el grupo popular quiere que el Gobierno exprese su opinión sobre las causas en las que Delgado debería abstenerse por su pasado como ministra de Justicia y exmiembro del Gobierno del PSOE. "Sobre todo teniendo en cuenta que fiscales como el señor Stampa han acusado a la fiscal general del Estado de ordenar investigar una denuncia a la que se encuentra vinculada por lazos familiares y que con posterioridad se eliminaron dichas instrucciones, incluidas las comunicaciones del fiscal jefe de la Secretaría Técnica", afirman.
Explicar cuál es la opinión del Gobierno en relación con el conflicto de intereses en el caso Tándem por los vínculos personales entre algunas defensas y la fiscal general
Se refiere el documento a las acusaciones recogidas por el que fuera fiscal del caso Villarejo en su reclamación patrimonial presentada ante el Ministerio de Justicia. Stampa denunció que se alargó la investigación en su contra para coincidir con el Consejo Fiscal del 27 de octubre en el que se jugaba la plaza en Anticorrupción y expuso, además, que del expediente de su causa (archivada finalmente en febrero) se retiraron deliberadamente los correos que Álvaro García, jefe de la Secretaría Técnica, envió a Jesús Caballero, entonces fiscal jefe de Madrid. Los mismos contenían "sugerencias" para que practicase más diligencias.
Relación con el Consejo Fiscal
Las confesiones del fiscal llevaron a la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) a pedir a Delgado a que incluyera este asunto en el Pleno del Consejo de la pasada semana a tenor de la "máxima gravedad" de las acusaciones y del daño que causaban a la imagen de la carrera fiscal. A esta reivindicación se sumó la mayoritaria Asociación de Fiscales, la cual ha solicitado, además, acceder al expediente completo de la investigación contra Stampa que se siguió en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Al hilo, el PP quiere preguntar a Llop si tiene conocimiento "del número de casos" en los que Anticorrupción hubiera podido incurrir en delito de revelación de secretos, así como si el Ejecutivo considera que el Ministerio Fiscal "necesita de nuevos y mejores instrumentos para apuntalar su independencia y autonomía". En relación al Consejo Fiscal -órgano que asiste en sus funciones a la fiscal general del Estado- quieren que la ministra que sustituyó a Juan Carlos Campo explique si considera que cuenta con la autonomía suficiente.
"Muy especialmente para que exprese el sentir del Ejecutivo e informe de si considera que las actuales potestades que sobre el Consejo Fiscal ejerce la Fiscal General del Estado cumplen con los principios de unidad, acción, jerarquía e imparcialidad", recoge el documento. La petición se produce una semana después de que el Consejo Fiscal abordase el caso Stampa a decisión de Delgado. La fiscal general comunicó a la carrera que incluiría el tema en el Pleno al tratarse de unas difamaciones "gravísimas y difamatorias".
El Consejo abordó la cuestión pero no satisfizo a la mayoritaria Asociación de Fiscales, que pidió sin éxito tener acceso a todo el expediente de la investigación. La explicación fue que es materia reservada. La fiscal jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz, arrancó defendiendo la participación de Delgado en el Consejo Fiscal de octubre del pasado año asegurando que no existe cobertura legal para que un fiscal general del Estado se abstenga de realizar propuestas de nombramiento discrecional.
Las peticiones de archivo
Del mismo modo contó con la presencia del fiscal jefe de Anticorrupción. Alejandro Luzón ya tachó en su día de "impecable" el trabajo desarrollado por Stampa y Miguel Serrano, los dos fiscales que comenzaron investigando el caso Villarejo. En su comparecencia, no obstante, se limitó a defender el perfil discreto de los fiscales designados para el procedimiento tras la salida de Stampa. Con todo, el Consejo contó también con la participación de Álvaro García, considerado mano derecha de Dolores Delgado.
El fiscal jefe de la Secretaría Técnica defendió el papel del órgano en la investigación y explicó que sugirió la práctica de diligencias al instructor al frente de la investigación, el fiscal teniente Carlos Ruiz de Alegría, porque lo consideraba determinante antes de cerrar la investigación. La documental del expediente, a la que ha tenido acceso este periódico, refleja cómo la primera solicitud de archivo se produjo el 5 de octubre, si bien García respondió reclamando más pruebas de investigación para esclarecer si Stampa reveló secretos de la causa contra Villarejo a abogados de Podemos, que litigan como acusación popular.
Ruiz de Alegría accedió y amplió sus pesquisas. Así pues, además de contar con la versión de dos abogados de Podemos, citó al fiscal Miguel Serrano y a José Manuel Calvente. Este último también formó parte del equipo jurídico de la formación morada pero fue despedido tras denunciar que Flor podría tener una relación personal con Stampa. Además, adhirió un escrito firmado por el propio Stampa en el que daba cuenta de todas las respuestas de los fiscales a las propuestas de investigación solicitadas por Podemos en la causa.
Con todo ese material Ruiz de Alegría concluyó que los fiscales desempeñaron "con rigor y profesionalidad" su trabajo y que no había "huella alguna de indicios, ni tan siquiera sospechas" de que Stampa hubiera revelado secretos de las diligencias. Por ese motivo volvió a pedir por segunda vez el archivo de la causa, días antes del Consejo en el que se jugaban 8 plazas en Anticorrupción. No obstante, la respuesta de la mano derecha de Delgado no le llegó hasta pasado el Pleno (en concreto el 4 de noviembre) y fue para solicitar "la totalidad de las diligencias". Posteriormente pidió más pesquisas pero el asunto estaba abocado al archivo y se cerró, finalmente, el 16 de febrero de este año.
