Quién le iba a decir a Manzanares El Real, una localidad que apenas alcanza los 10.000 habitantes, que esta semana iba a ocupar la primera plana de los principales medios de comunicación en España. El municipio, archiconocido en la Comunidad de Madrid por albergar el magnífico palacio de piedra que construyó Juan Guas, arquitecto de los Reyes Católicos, vive días de absoluta incertidumbre.
El pasado 5 de enero terminó el contrato de arrendamiento que la Comunidad de Madrid y la familia Arteaga desde hace más de 60 años, teniendo que cerrar sus puertas al público al no disponer de las pertinentes licencias para seguir explotando el castillo con fines turísticos y culturales.
La cuestión radica, principalmente, en que esta falta de licencia, de la que la familia tuvo noticia en los días previos a terminar el contrato, impide cualquier actividad en el castillo. Además, la situación urbanística del bien. Según la normativa, es un suelo urbanizable no sectorizado. Al tener esta particularidad el terreno, hay que seguir una serie de pasos burocráticos para restablecer la normalidad.
Desde la familia, y a través de su abogado, Miguel Temboury, ha comunicado a Vozpópuli que arreglar este entuerto puede alargarse hasta finales del primer semestre del año, aunque por parte de los propietarios y el Ayuntamiento de Manzanares El Real la predisposición es máxima.
"No son trámites imposibles de realizar, pero, conociendo a las administraciones, veo difícil que se realice antes de los primeros seis meses. Aunque, si hay buena voluntad por todas las partes, quizá se termine antes", señalaba en conversación telefónica Temboury.
Por tanto, la pelota está en el tejado de la Comunidad de Madrid, quien tampoco pondrá trabas a que se restablezca la actividad, pero estos procesos urbanísticos, como el resto de la burocracia actual, lleva un tempo lento. Dentro del proyecto técnico que hay que poner en marcha, se tienen que definir conceptos tan básicos como salidas de emergencia, cuartos de baño, entradas, etc.
Un castigo para el turismo local
La otra derivada de este asunto, al margen del apartado político y técnico, es el impacto económico para el pueblo. Los empresarios de la región señalan que, si el cierre del castillo se perpetúa en el tiempo, podría afectar y mucho a la economía local, cuyo turismo bebe única y exclusivamente de las visitas al castillo.
Este palacio, con más de 5 siglos de antigüedad, tiene un valor tremendo para la Comunidad de Madrid, pues fue ahí donde se firmó el Estatuto de Autonomía en 1983. De hecho, la presidenta Isabel Díaz Ayuso dio ayer el pistoletazo de salida al 2025 rodeada de sus nueve consejeros en el castillo, tradición que mantiene desde hace varios años.
Sobre el papel, las tres partes, familia, Ayuntamiento y Comunidad, están destinadas a entenderse y quieren hacerlo lo antes posible. La idea es acortar semanas a esos seis meses previstos, reduciendo lo máximo posible la sangría que se avecina para los restaurantes, bares y locales de la zona, quienes dejarán de recibir tantas visitas de ahora en adelante.
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