El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción toda la información sobre los contratos de emergencia de material sanitario en las primeras semanas de pandemia, que fueron aprobados en el Consejo de la Funeraria con el voto a favor de todos los grupos municipales.
Tal y como avanza 'eldiario.es', la Fiscalía Anticorrupción investiga dos de los tres contratos adjudicados en la última semana de marzo de 2020 a una empresa radicada en Malasia para que llegara material sanitario a la capital como mascarillas, test de anticuerpos y guantes.
Fuentes municipales han precisado a Europa Press que "estos contratos se aprobaron en el consejo de Funeraria Municipal los días 23 y 25 de marzo de 2020 por todos los grupos". Entre marzo y julio de 2020 se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas. De los tres contratos, "todos ellos en precio según oferta y demanda del momento", dos de ellos se abonaron en su totalidad y un tercero, relativo a los guantes, se devolvió parte de lo pagado por no ser el modelo acordado en la compra.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que ni el ayuntamiento ni ninguno de los que trabajan allí está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción en la adjudicación de tres contratos de material sanitario en la pandemia, y ha recordado que los contratos fueron aprobados por todos los grupos.
A su llegada al Congreso del PP en Sevilla, el alcalde se ha referido a la investigación de tres contratos de material sanitario en marzo de 2020 en el marco de una investigación por supuestas comisiones millonarias obtenidas por dos empresarios en el primer año de la pandemia, uno de ellos Luis Medina, hijo del duque de Feria y Naty Abascal.
"Nadie que trabaja en el ayuntamiento está siendo investigado ni ninguno de los presuntos delitos se atribuyen a conductas imputables al ayuntamiento, sino a dos empresarios", ha insistido el alcalde al señalar también que el consistorio ha prestado su colaboración desde el primer momento para esclarecer los hechos. Según ha explicado, estos tres contratos fueron aprobados por unanimidad de todos los grupos municipales en el consejo de la empresa publica funeraria: "Todos votaron a favor, tenían toda la información de estos contratos y en cuanto tuvimos conocimiento de las diligencias abiertas se les transmitió a todos los grupos".
En el caso de que finalmente se instruya un procedimiento judicial por esta causa, ha señalado Martínez-Almeida, el ayuntamiento hará valer la defensa de todos sus derechos e intereses que pudieran haberse visto perjudicados por estos pagos.
Los contratos y las cuantías
Estos tres contratos hacen referencia a uno de 6,6 millones de dólares para la adquisición de 1 millón de mascarillas FFP2/ KN95. Además se incluyó una donación de 183.000 de las mismas características. Otro de 4,8 millones de dólares para la adquisición de 250.000 test, y otro de 5 millones de dólares para compra de 2,5 millones de pares de guantes. De esta cantidad se devolvieron al Ayuntamiento 4 millones de dólares por no reunir las características requeridas. En total se pagaron 12,3 millones de dólares a la empresa LENO.
Además, el Ayuntamiento, como "primer interesado en conocer si se ha producido algún delito con dichos contratos", ha remitido a la fiscalía toda la documentación requerida por ésta (contratos, correos electrónicos).
En este sentido, un cargo del Consistorio ha declarado en calidad de testigo por la adjudicación de tres contratos de material sanitario en marzo de 2020, momento en el que, recuerdan, "el personal esencial del Ayuntamiento, Policía, sanitarios o empresa funeraria, entre otros, necesitaban ser provistos de equipos de protección individual".
