Si todo hubiese salido según lo previsto, el juez Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) no tendría que haber presidido el juicio del procés, el caso que le ha encumbrado a personaje del año en el ámbito de la Justicia. El destino o una torpeza le llevó a renunciar a la Presidencia del Tribunal Supremo, el puesto que para él habían pactado PSOE y el PP en un inusual acuerdo para desatascar la renovación del Poder Judicial. Otro consenso malogrado. Uno más.
La culpa la tuvo un mensaje de WhatsApp enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a un chat con otros miembros del partido que acabó en la prensa. Se jactaba de haber logrado situar al frente de la Justicia a una persona vetada en su día por los socialistas, que podría “controlar por detrás” a los jueces de la Sala de lo Penal, encargados de los temas más sensibles, entre ellos el procés.
“Ha sido una jugada estupenda”, decía la arenga de Cosidó a sus compañeros, preocupados por la salida de Marchena de esa Sala, pues cedía el testigo a un magistrado considerado progresista. Apenas 24 horas después, el aludido anunció su renuncia. No era ajeno a que el poder difícilmente resiste a la tentación de pedir algo a cambio, pero la difusión de aquel mensaje contaminó el nombramiento antes incluso de materializarse. “Jamás he concebido la función de juez como instrumento al servicio de una u otra opción política”, dijo el juez antes de dar el portazo.
Un año después
De eso ha pasado ahora un año muy largo. La Justicia sigue pendiente de renovación con un presidente en funciones desde hace doce meses. Cosidó ya no es portavoz del PP en el Senado, ni siquiera acudió en las listas del partido en los últimos comicios. Y Marchena se quedó al frente de la Sala de lo Penal donde ha sido recientemente renovado por cinco años más. Entre medias, redactó una sentencia histórica alejada de los intereses del PP.
Lejos de secundar la tesis de que el desafío soberanista había sido un golpe de Estado, Marchena habló de ensoñación
Su tribunal no condenó a los líderes independentistas por rebelión sino por sedición. Lejos de secundar la tesis de que el desafío soberanista había sido un golpe de Estado, Marchena habló de “ensoñación”, “una quimera”, “un despliegue retórico” sin efectos reales. Los independentistas iban de farol, un salto al vacío sin más intención que forzar al Gobierno a una negociación sobre la autodeterminación de Cataluña donde la violencia no era un elemento estructural.
En su resolución descartó establecer un mínimo de años de cumplimiento en prisión para los condenados como le pidió la Fiscalía. El desenlace del procés ha abierto una brecha entre el Alto Tribunal y el Ministerio Público. La sentencia tampoco se opuso a que fuesen trasladados a cárceles catalanas donde los beneficios penitenciarios ya pasan a depender de la Generalitat que preside Joaquim Torra. Eso allana el camino a un abanico de posibilidades para una pronta excarcelación de los condenados.
Buena parte de su popularidad ganada a lo largo de este año la propició su decisión de televisar íntegramente las 52 sesiones del juicio del procés. No fue precisamente un árbitro de los que pasa desapercibido. Hubo jornadas en las que directamente protagonizó las crónicas periodísticas, principalmente por su forma de dirigirse a abogados, acusados, acusaciones y testigos: “Vamos a evitar la ironía introductoria”, “la fiebre no tiene trascendencia jurídica”, “vamos a ver… no empezamos bien”...
La pregunta a Trapero
Cuando quiere ser cortante, Marchena generalmente empieza con un elogio que acaba como un oximorón ("Es una disertación ilustrada y muy interesante, pero completamente prescindible"). Hubo una línea de ropa que incluso aprovechó el tirón y lanzó camisetas con sus frases más celebradas. Pero también tuvo intervenciones que contribuyeron a afianzar el relato que dejó el juicio del procés. La más relevante fue la pregunta que le hizo al exmayor de los Mossos d’Esquadra José Luis Trapero y que no hicieron las acusaciones: ¿Avisaron al Govern de que habría violencia el 1-O?. El mando policial contestó que sí.
En la carrera judicial, escenario también de familias y guerras soterradas, Marchena cuenta con seguidores y detractores. Cuando agote su segundo mandato al frente de la Sala de lo Penal, habrá cumplido una década en ese puesto. Fue reelegido por 19 votos de 21 posibles. Ningún otro juez quiso presentarse como alternativa.
Cuando fue designado para su primer mandato, en 2014, obtuvo 12 apoyos, cinco más que su principal rival al puesto, Cándido Conde-Pumpido. El exfiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ocupa actualmente un sillón en el Tribunal Constitucional, receptor de los recursos presentados por los líderes independentistas previo paso de Estrasburgo.
Antes de conocerse el fallo del Supremo sobre el procés, el diario ABC publicó que Conde-Pumpido estaba maniobrando “para que se pueda anular en el futuro la sentencia del 1-O”. Según esta información, pretendía absolver a ocho personas condenadas por los episodios violentos que tuvieron lugar en el asedio al Parlament en 2011. Aquellas condenas también fueron dictadas por Marchena.
Según el diario, el objetivo de Conde-Pumpido era establecer una nueva doctrina constitucional sobre el uso de la violencia que permitiese enmendar una entonces posible condena por rebelión para los líderes del procés. Fuentes del Tribunal Constitucional informaron a Vozpópuli que Conde-Pumpido ya había decidido frenar la redacción de esa sentencia para no interceder en las deliberaciones de los jueces del procés, pero no negaron el sentido de su ponencia.
El futuro de Junqueras
Marchena era uno de esos jueces de los que uno oye hablar incluso antes de ponerle cara. Pero el 2019 le ha situado como la imagen visible de la respuesta jurídica del Estado al desafío soberanista. Esta labor no terminó con la publicación de la sentencia el pasado 14 de octubre (que originó una ola de violencia en Cataluña). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Junqueras gozaba de inmunidad desde el momento en el que fue elegido eurodiputado en las urnas, es decir, que el Tribunal Supremo le tendría que haber permitido salir de prisión para recoger su acta de parlamentario en Bruselas.
Queda pendiente dilucidar el futuro del líder de ERC y si debe ser excarcelado. El fallo del organismo europeo no lo aclara y el tribunal que preside Marchena preguntó a las partes sobre qué hacer. Los sectores independentistas ya hablan directamente de anular la sentencia, un aspecto sobre el que no se pronuncia el TJUE. Al final serán los jueces los que tengan la última palabra bajo la presión añadida de las negociaciones entre los republicanos catalanes y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Marchena acabará el año como lo empezó, en medio del fuego cruzado de la política a cuenta del inagotable procés.
