El Ministerio del Interior se niega a facilitar el informe en el que basa la polémica condecoración al mérito policial concedida al juez Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional; una distinción basada en una ley de 1964 que desató un profundo malestar en el seno de la Policía Nacional, con el anuncio de un sindicato de emprender acciones legales. Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska alegan motivos relacionados con la ley de protección de datos para ocultar la documentación relacionada con esta tramitación, tal y como consta en un escrito de Transparencia al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El origen de la polémica se remonta al pasado 13 de septiembre, cuando se publicó la relación de condecorados de la Policía Nacional. Una lista que incluía al exfiscal general del Estado, presidente del Tribunal Constitucional desde el pasado mes de enero, figura clave en la tramitación de algunas de las leyes más polémicas del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos presidido por Pedro Sánchez.
La asignación de estas condecoraciones se articula con la ley 5/1964. Los sindicatos policiales coinciden en la necesidad de actualizar esta ley, para revestir las medallas al mérito de una mayor transparencia y criterios objetivos. A Cándido Conde-Pumpido se le reconoció con la Cruz Roja Honorífica, aunque no se especificaron las razones concretas para la concesión de esta medalla.
Un procedimiento dilatado
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, Transparencia admitió a trámite el pasado 18 de septiembre -apenas unos días después de la condecoración- una petición de información relacionada con este episodio.
En ella se solicitaba la “copia íntegra” del expediente administrativo de concesión de la medalla, así como una copia de la documentación que, no obrando en el expediente administrativo, sea iniciador de éste, citando como ejemplos la propuesta de concesión, las solicitudes a favor de la concesión y cualquier otra que diera origen al procedimiento.
Esta petición dio pie a un dilatado proceso, basado en las desestimaciones de Interior a ofrecer la requerida documentación y los consiguientes recursos para tener acceso a la misma. En estos recursos se reiteraba que dicha solicitud versaba sobre los méritos acreditados del condecorado, y no en la solicitud de ningún dato personal.
También se esgrimía que las condecoraciones al mérito policial están concebidas, principalmente, para el reconocimiento del servicio de aquellos agentes que hayan llevado a cabo actuaciones destacadas, como aquellas en las que su propia integridad o el desarrollo de determinadas operaciones en el marco de la seguridad del Estado pudieran verse comprometidas. Una descripción que, a juicio de los sindicatos policiales, no encajaría en el reconocimiento a Conde-Pumpido.
Hasta que finalmente el pasado 25 de octubre el Ministerio ofreció su respuesta definitiva, denegando el acceso a información alegando las referidas razones de protección de datos: “Se considera que debe garantizarse el derecho fundamental de toda persona a la protección de datos personales, por lo que previa ponderación del interés público en conocer los méritos que le hicieron merecedor de la condecoración policial y la salvaguarda de datos que pudieran afectar a la seguridad personal, se considera que no se debe facilitar la información solicitada”.
La discrecionalidad de las medallas
Esta respuesta está firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y en ella se argumenta que la concesión de las medallas al mérito a personal ajeno al cuerpo y la discrecionalidad de las mismas está respaldada por “diversa jurisprudencia”, citando como ejemplo la sentencia del 11 de noviembre de 2015 de la Audiencia Nacional.
La contestación definitiva, no obstante, elude la petición formulada inicialmente, donde no se entra a valorar la discrecionalidad de la concesión en estas medallas o los datos personales del protagonista de la polémica, en este caso el magistrado Conde-Pumpido: la petición se centraba en la solicitud del informe o de los documentos que respalden esta decisión, bloqueados por el Ministerio del Interior con el escudo de la ley de protección de datos.
Como contó Vozpópuli, la concesión de estas medallas ha sido objeto de una honda polémica en el seno de la Policía Nacional, toda vez que diferentes voces internas urgen a restringirlas al personal uniformado y, en casos excepcionales, a figuras ajenas a la institución. Los sindicatos han iniciado numerosas acciones ante la Justicia; también en el caso específico de Cando-Pumpido. Y, desde hace años, urgen al Ministerio del Interior a renovar la actual ley que las regula y que se remonta al franquismo, en el año 1964.
MACMalayerba
El individuo Marlaskka se quiere despedir a lo taurino, con alguna Oreja y mas Rabos, "pues eso".
Ottos
El peor juez de España sin duda, es amigo de Marlaska y este encantada. Hay que ensuciar la toga con el polvo del camino. Pero es el presidente del TC. No hay duda la democracia en España no existe.
tiritando
Es lo que se conoce como pago por adelantado.
todoscontentos
¿Ud. cree que al impresentable (en su versión) le ha afectado lo más mínimo lo que haya podido oír, incluso escuchar?
trshjpn
Es normal que Malzasca no quiera explicar las razones concretas para la concesión de esa medalla. ¿Es para el reconocimiento del servicio de aquellos que hayan llevado a cabo actuaciones destacadas, o que el desarrollo de determinadas operaciones en el marco de la seguridad del Estado pudieran verse comprometidas? No me digas más. ¿Se le concedió en septiembre, no? Como diría el doctor Sánchez: “pues ya está”.
Maurizio111
Al ministre le encanta hacer cositas a escondidas. Es la costumbre.