De peligroso yihadista a ladrón de poca monta. El Ministerio del Interior se ha visto obligado a echar mano de nuevo de un delito menor para poder expulsar de España a un individuo al que los servicios de la lucha antiterrorista señalaban como presunto líder de una célula islamista y al que la Justicia, sin embargo, había absuelto. Ocurrió el pasado lunes. Abdellah Boukra, un argelino detenido en mayo de 2009 como el supuesto responsable de una red de financiación de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), fue interceptado por agentes de la Policía cuando salía de la prisión alavesa de Zaballa tras cumplir una condena por robo. Horas después era subido a un avión con destino a su país de origen. El motivo esgrimido para deportarlo ha sido, precisamente, este último delito y no su supuesta vinculación con la red que fundara Osama Bin Laden, según han confirmado a este diario fuentes policiales.
Al grupo de Abdellah Boukra se le intervino joyas robadas, dinero en efectivo y resguardos de envíos de efectivo a Argelia, pero la Policía no pudo probar que financiara a Al Qaeda
No es la primera vez que el Gobierno tiene que echar mano de una sentencia por otra infracción penal para expulsar a alguien catalogado por los servicios antiterroristas como “peligroso” y al que los jueces, sin embargo, habían dejado en libertad al considerar que no había pruebas suficientes para sostener contra él una acusación de yihadismo. El pasado 27 de junio el departamento de Jorge Fernández Díaz ya deportó de un modo similar a Abdelkader Ayachine, un ciudadano argelino asentado en Burgos al que la Guardia Civil detuvo en 2007 acusado de liderar una supuesta célula salafista que alentaba la violencia islamista desde internet. Tras ser absuelto por ello, una condena anterior por posesión de archivos pedófilos permitió a la Policía enviarle a su país.
En el caso de Boukra, su detención en mayo de 2009 en Bilbao dentro de la 'Operación Frontón', fue presentada entonces por Interior como un golpe a las redes de financiación de las islamistas a través de la delincuencia común. Junto a él fueron arrestados otros doce argelinos y un iraquí, supuestos integrantes de la banda que Boukra lideraba. Sin embargo, aquella operación se comenzó a desinflar días después, cuando el juez de la Audiencia Nacional que dirigía el operativo, Eloy Velasco, dejó en libertad con fianzas que iban de los 3.000 a los 6.000 euros a una de docena de ellos. En la cárcel sólo quedó el argelino ahora expulsado. A todos ellos les imputó delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, robo y blanqueo de dinero, pero ninguno relacionado con el terrorismo. No obstante, las pesquisas siguieron para determinar si parte del dinero que el grupo conseguía presuntamente con sus robos (a sus integrantes se les incautaron numerosos objetos de oro, pasaportes sustraídos, 7.500 euros en metálico, palanquetas y armas blancas) era enviado posteriormente a Argelia para financiar el terrorismo yihadista. De hecho, se les intervinieron numerosos resguardos de transferencias al país magrebí.
Escondió a 'El Chino'
Sobre Boukra pesaba también el hecho de que Jamal Ahmidan, alias ‘El Chino’, uno de los terroristas del 11-M que se suicidó en Leganés cuando estaba cercado por la Policía, se había ocultado en su domicilio meses antes de aquellos atentados tras recibir un tiro durante una disputa registrada en la capital vizcaína como consecuencia de un ajuste de cuentas por tráfico de drogas. No obstante, las acusaciones de yihadismo terminaron finalmente por diluirse y el argelino ahora expulsado fue condenado sólo por robo, según las fuentes policiales consultadas. Éstas destacan que, pese a ello, los expertos antiterroristas le seguían considerando un peligro para la seguridad por su supuesto perfil de islamista radical. Por ello, poco antes de que abandonar la cárcel, donde llevaba recluido cerca de cuatro años y medio, los responsables policiales solicitaron la apertura de un expediente para su expulsión de España dada su condición de residente irregular y su condena por robo. El lunes, Boukra partía rumbo a Argelia acompañado de dos agentes de Policía.
Los casos de este ciudadano argelino y el anterior de Abdelkader Ayachine no son, ni muchos menos, los únicos en los que el Ministerio del Interior ha tenido que echar manos de acusaciones distintas a la de terrorismo para alejar de nuestro territorio a sospechosos de yihadismo. En agosto de 2012, la Policía detuvo a dos chechenos y un turco en la provincia de Cádiz a los que calificó como "muy peligrosos". Aquellos arrestos, anunciados a bombo y platillo por Jorge Fernández Díaz, ya estuvieron a punto de quedarse en nada a las pocas horas de producirse. De hecho, el juez Pablo Ruz, que fue quien dirigió las pesquisas, dio entonces un ultimátum 48 horas a los responsables policiales para que le presentaran más indicios y más contundentes contra ellos para mantenerlos en prisión. Los expertos antiterroristas tuvieron que recabar informes de servicios policiales de cuatro países para convencer al magistrado de que tomara la medida.
Expulsión de dos chechenos
Finalmente, los dos primeros fueron puestos en libertad el pasado mes de marzo al considerar la Audiencia Nacional que las pruebas obtenidas contra ellos no eran suficientes para mantenerles entre rejas. Interior optó entonces por abrirles un expediente de expulsión de nuestro país por una causa bastante alejada de la que llevó a su arresto: no tener la documentación en regla. Al salir de la cárcel, la Policía estaba esperándolos para trasladar a ambos a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por incumplimiento de la Ley de Extranjería. Allí permanecieron hasta que el Gobierno ultimó el expediente para proceder a su expulsión a Rusia, que les reclamaba por terrorismo.
En 2012, sólo dos de los diez yihadistas juzgados por terrorismo fueron finalmente condenados. La Fiscalía lleva años alertando de las "enormes dificultades legales" para combatir el islamismo radical
Fuentes policiales aseguran que todos estos casos son la demostración de las numerosas trabas legales que siguen encontrandose para hacer frente a un tipo de terrorismo que, según destacan, no tiene nada que ver con el fenómeno etarra al que estaba acostumbrado nuestro país. De hecho, señalan que la reforma de 2010 del Código Penal, que intentaba facilitar la labor probatoria contra estas células terroristas no se ha notada significativamente. Y ello a pesar de que a partir de su aprobación pasó a ser considerado como acto de colaboración terrorista "la captación, el adoctrinamiento, el adiestramiento o la formación de terroristas", y se penalizó la distribución de mensajes y consignas por internet que favorezcan la difusión de las ideas yihadistas, además de tipificar expresamente el delito de financiación terrorista. Una modificación que tenía como objeto, precisamente, combatir la principal actividad de los grupos islamistas detectados en España: el proselitismo y la recaudación de dinero para financiar tramas en otros países.
Sin embargo, las estadísticas parecen respaldar el pesimismo policial. De los diez presuntos yihadistas que fueron juzgados el año pasado en la Audiencia Nacional, sólo dos fueron finalmente condenados. Un porcentaje de absoluciones que, literalmente, 'dobla' las habidas en 2011, cuando la Justicia española consideró que había pruebas para mandar a prisión a seis de los diez que se sentaron en el banquillo de los acusados. Del 40% al 80% en sólo un año. Un salto hacia atrás cuantitativo que preocupa tanto a la Fiscalía General del Estado, que en su último informe hecho público hace unas semanas ya destacaba "las enormes dificultades legales" que plantea combatir a las células islamistas, como a los expertos de la lucha antiterrorista, que no dudan en criticar cómo los jueces echan por tierra su trabajo de meses. Y todo ello bajo una situación de "riesgo elevado" de que España sufra un atentado terrorista por la presencia de tropas de nuestro país en Líbano, Somalia, Mali y, hasta hace poco, Afganistán, países en los que los yihadistas combaten, según resaltan los informes policiales.
