Un aguacero cayó este miércoles sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo le imputó por un supuesto delito de revelación de secretos tras la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es la primera vez en la historia que el alto tribunal abre una causa contra el máximo representante del Ministerio Fiscal. Todo un torpedo a la credibilidad de la institución que deja muy tocado al Ejecutivo. La noticia empapó a todo el Gobierno, cuyos primeros espadas salieron en tromba a defenderle: María Jesús Montero, primero, y Felix Bolaños, después.
Aunque, más allá de sus airadas declaraciones públicas sobre la idoneidad del fiscal general para continuar en el cargo, la realidad es que Moncloa ha decidido impedir la salida de García Ortiz, incluso aunque este quisiera cerrar más pronto que tarde su etapa como fiscal general. "Hay cero probabilidades de que caiga", explican fuentes del núcleo duro del Gobierno.
El futuro del fiscal general
Con todo, la apertura de las diligencias en el alto tribunal era cuestión de tiempo. El Supremo llevaba semanas trabajando en el auto de apertura de diligencias por un delito que acarrea penas de hasta cuatro años de prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid les remitió la causa tras acotar la responsabilidad directa de García Ortiz en estos hechos. Desde entonces, la apertura de esta causa era cuestión de tiempo.
Cabe recordar que el TSJM abrió causa contra la fiscal jefa de la Provincia de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal Julián Salto por revelación de secretos. El motivo reside en una nota informativa que la Fiscalía de Madrid remitió a los periodistas de tribunales el 14 de marzo para desmentir unas informaciones publicadas la noche anterior.
Las mismas apuntaban que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, en el marco de la investigación abierta contra él por dos delitos fiscales. Esta noticia sentó como una bomba en Fortuny, desde se movilizaron rápidamente para desmentirla. Así pues, primero solicitaron los correos al fiscal del caso y, después, elaboraron una nota de prensa con el contenido de los mismos.
La orden de recabar estas comunicaciones entre Salto y el abogado de González Amador la dio el fiscal general. Él mismo lo confirmó en un escrito remitido al TSJ. García Ortiz trasladó que la responsabilidad de los hechos era suya pero que actuó para desmentir un bulo. Además, dijo que no se reveló ningún secreto porque dichas comunicaciones privadas entre fiscal y abogado se habían filtrado previamente en algunos medios de comunicación.
El Supremo no parece compartir esta teoría, al menos indiciariamente. En el auto de la ponente –que han respaldado todos los miembros de la Sala de lo Penal- se advierte de que hay que investigar si esta revelación de datos “puede tener repercusión en el derecho a la presunción de inocencia” del empresario, toda vez que se enfrenta a una causa penal por el presunto fraude a Hacienda.
Además, el alto tribunal razona que los correos filtrados en prensa estaban únicamente en posesión de Salto hasta que los facilitó al fiscal general por orden de Pilar Rodríguez. Es decir, que los correos hechos públicos provenían de la Fiscalía. A todo ello se añade, además, que para probar la comisión del delito de revelación de secretos basta con que haya una intencionalidad, de ahí el incierto panorama procesal que enfrenta el fiscal general del Estado.
Sánchez, contra las cuerdas
El Ejecutivo, pese a los indicios que pesan contra él, no se puede permitir servir ahora en bandeja su cabeza, porque avivaría el incendio que está achicharrando la legislatura de Pedro Sánchez y que los bomberos de Moncloa intentan apagar sin demasiado éxito por el momento. El presidente vive en un zafarrancho de combate permanente. Y por ello ha activado un gabinete de crisis.
Pedro Sánchez está bajo asedio. La sesión de control en el Congreso dio cuenta de ello. La imputación de García Ortiz fue la guinda de un pastel que empieza a oler mal. El Gobierno es plenamente consciente y, por eso, los ministros tienen aprendido al dedillo el argumentario: atacar al PP por sus casos de corrupción. El 'y tú más'.
Los focos que cercan a Sánchez se han multiplicado en una de las semanas más complicadas para el líder socialista desde que está al frente del país: el caso Koldo, con las últimas revelaciones que acercan la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos y arrojan sospechas sobre el uso que los cabecillas en la trama hicieron de la sede del PSOE; el caso que afecta a su mujer, Begoña Gómez...
Y no hay que olvidar que la semana empezó con el gol cocinado por el Gobierno y Bildu con el que colaron las rebajas de penas a decenas de presos etarras mediante dos cambios legales en una ley que, supuestamente, era la mera transposición de una directiva europea, pero de los que no se enteró nadie en la oposición. Y de la que el Gobierno se lava las manos.
