El recurso de dos asociaciones de jueces a las bases para nombrar a más de medio centenar de cargos judiciales ha hecho saltar las alarmas en Moncloa ante el temor de que ello dificulte la propuesta de perfiles afines a la cúpula judicial. El Gobierno ve con recelo este movimiento de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y de Foro Judicial Independiente (FJI) que buscan, por su parte, que se mejore el diseño de las bases para elegir a los mejores perfiles y que se reduzca la discrecionalidad.
Fuentes de toda solvencia confirman a Vozpópuli que hay inquietud en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que se trata de plazas determinantes al incluir, entre otras, las presidencias de la Sala de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. Cabe recordar que tanto el alto tribunal como los tribunales superiores de Justicia y las audiencias provinciales tienen más de un centenar de plazas que no pudieron nombrarse con el anterior CGPJ, al que se le retiró por ley esta facultad mientras estaba en funciones. De hecho, uno de los principales cometidos de este nuevo órgano de gobierno de jueces es desencallar la situación y nombrar las vacantes pendientes.
En ese sentido, el pasado 23 de octubre el órgano anunció la convocatoria de 51 plazas judiciales, de las cuáles 16 correspondían a vacantes del Tribunal Supremo y cinco a la Audiencia Nacional (incluida la del actual presidente José Ramón Navarro). Tras ello, la AJFV y Foro Judicial Independiente, qure representan a más de 1.300 miembros de la carrera judicial, anunciaron que habían recurrido ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las bases para el nombramiento de un total de 56 plazas porque consideran que el sistema de selección contiene "graves deficiencias que ponen en duda la imparcialidad del proceso" y que éste carece de transparencia.
"La renovación más importante de la democracia"
La segunda y la cuarta asociación de la carrera, respectivamente, avisan de que el CGPJ está ante la renovación "más importante de la democracia", puesto que se van a elegir los puestos de la cúpula judicial por un plazo de dos décadas. Entre las plazas cuyas bases han sido recurridas se encuentran las presidencias de todas las Salas del Tribunal Supremo (a excepción de la Militar); la presidencia de la Audiencia Nacional y las presidencias de sus salas Civil, Penal, Contencioso y Social. En primer lugar sostienen que el proceso adolece de transparencia porque no se han publicado las bases íntegras en la extranet del CGPJ.
"Llama poderosamente la atención, conociendo la polémica que la cuestión suscita, que la publicación de los acuerdos que las bases de los nombramientos de la Jurisdicción militar aparezcan íntegramente publicadas y el resto de las jurisdicciones se remitan a unos anexos que no se publican en la extranet del CGPJ, ni se les ha dado difusión pese a su importancia", alegan. Además, avisan que se habrían vulnerado los artículos 326 y 349 de la Ley Orgánica del Poder Judicial puesto que no se cumplen los requisitos de que se trate de una convocatoria pública y clara y, también se habría vulnerado el Reglamento 1/2010 de nombramientos discrecionales.
Las dos asociaciones ponen el foco en el concepto de "tiempo asimilable al servicio activo" porque al no estar definido en la legislación, se abre la puerta a interpretaciones subjetivas de cara a elegir los candidatos. La LOPJ define que los jueces y magistrados están en situación de servicio activo cuando ocupan plazas correspondientes de la carrera judicial. Sin embargo, el recurso indica que, de la lectura de las bases, se desprende que esa situación puede incluir desempeños en gabinete técnico del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, relacionado con actividades jurídicas o que no tengan contenido jurídico.
Posibilidad de impugnar nombramientos
El escrito precisa que se trata de un concepto oscuro y que lo que hace es equiparar la situación de un magistrado o juez que lleva años dictando sentencias con otro que no tiene dicha trayectoria. Al hilo, advierte de deficiencias en la ponderación de méritos porque las bases no precisan el peso exacto de cada uno de ellos, sino que se le limitan a establecer una prioridad y, señala también, que las bases incumplen el plan de igualdad adoptado en enero de 2020, que establece que debe haber un sistema objetivo de baremación de méritos para los nombramientos de cargos judiciales, sin sesgos de género o ideológico
Por todo ello sospechan que estas bases son lo suficientemente abstractas como para que no se garantice la elección de los candidatos más idóneos. Así pues, ante el temor de que se produzca arbitrariedad en todo el proceso de renovación de la cúpula judicial, las dos asociaciones han recurrido ante el CGPJ las bases. No quiere ello decir que duden de la actuación del nuevo CGPJ, o que las bases estén redactadas para elegir determinados perfiles, sino que creen que se deben rediseñar para garantizar que se eligen a los candidatos con los mejores perfiles.
Cabe destacar que este mismo martes arrancan las comparecencias de los aspirantes a las plazas que dejaron vacantes Javier Borrego y Jorge Rodríguez-Zapata, ambos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Esta Sala es la que ha sufrido más salidas en los últimos años, dado que en la actualidad faltan 12 de los 33 que la componían. Con todo, todas las miradas están puestas en la renovación de la presidencia de esta Sala, que es la que resuelve los recursos contra las disposiciones adoptadas por el Gobierno. La misma ha anulado recientemente el nombramiento de Dolores Delgado y tiene pendiente también pronunciarse sobre el del fiscal generla del Estado. Del mismo modo, también ha canalizado los primeros recursos contra la gestión del Gobierno por la DANA.
Lo mismo ocurre también con la Sala de lo Penal del alto tribunal, competente para investigar a los aforados y que tiene en sus manos, entre otros asuntos, la investigación a José Luis Ábalos por el caso Koldo o al fiscal general del Estado por revelación de secretos. Manuel Marchena abandonará la presidencia de esta Sala II -que enjuició y condenó a los líderes del procés- y su vacante también es muy relevante dentro del alto tribunal. Se prevé que le sustituya en funciones Andrés Martínez Arrieta, por ser el magistrado más veterano de esta Sala Segunda.
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