El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, argumentó que la diligencia de la entrada y registro de su despacho oficial era una medida "absolutamente idónea y necesaria" para el procedimiento abierto por revelación de secretos puesto, que se podría "obtener información trascendental" para la finalidad de esclarecimiento de los hechos.
Así se desprende del auto íntegro en el que el magistrado Ángel Luis Hurtado autorizó a la UCO a registrar el despacho del fiscal general del Estado en busca de evidencias sobre esta causa en la que se investiga la filtración en prensa de los correos internos sobre la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor recoge jurisprudencia del Tribunal Constitucional para argumentar que la relevancia de la investigación se antepone a los derechos de intimidad y protección de datos de carácter personal.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo solo dio traslado de la parte dispositiva de su auto, puesto que las diligencias, en el momento de la entrada, se encontraban secretas. Sin embargo, el instructor ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la 'número dos' de García Ortiz, y ha levantado el secreto en lo que respecta a tres autos. Según razona, en un primer momento se decretó el secreto para asegurar la diligencia de entrada y registro, pero ahora la situación es diferente.
El juez levanta parcialmente el secreto
"Era lo aconsejable para un mejor resultado de la investigación", argumenta el instructor, el cual entiende que, tras la actuación de la UCO, la situación ha cambiado. "Han variado las circunstancias, ya que dichos autos han cumplido su cometido, con lo que su conocimiento íntegro, una vez intervenido el material correspondiente, entiendo que no compromete el resultado de la investigación", argumenta.
La diligencia ha sido practicada, e, intervenido el material correspondiente, que se encuentra en fase de análisis pericial, a la espera de su resultado
Ahora bien, Hurtado mantiene todavía el secreto en todo lo relativo al material incautado al fiscal general del Estado. Se trata de abundante documental confiscada en el despacho de la sede de Fortuny, además del teléfono móvil del fiscal general, que analizan ya los agentes de la Guardia Civil. "La diligencia ha sido practicada, e, intervenido el material correspondiente, se encuentra en fase de análisis pericial, a la espera de su resultado, por lo que, a estos efectos, sigue siendo aconsejable mantener, por ahora, el secreto en lo que a la práctica de la diligencia se refiere", explica el juez.
El instructor expuso que, aunque el despacho se podía entender como un lugar público, requería ser tratado como si fuera un domicilio para dotar a la diligencia de las mayores garantías. Al respecto recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional según la cual estas medidas tan invasivas tienen respaldo cuando existe la "sospecha objetivamente fundada de la comisión de una concreta infracción" y cuando se cumplen los principios de proporcionalidad y de necesidad.
La Fiscalía se opone: "Hay documentación de enorme trascendencia"
En relación con la sospecha de proporcionalidad, el Supremo dice que es "evidente" y que la medida es "totalmente necesaria". Además, considera que es "absolutamente idónea" puesto que se pretende acceder a información relevante relacionada con esta causa. En el marco de la misma se indaga si García Ortiz estaría detrás de la filtración en prensa la noche del 13 de marzo de los correos que se intercambiaron el abogado del novio de Ayuso con el fiscal que le investigaba por dos delitos a la Hacienda Pública.
La Fiscalía apunta a una injerencia desmesurada y dice que se han incautado de documentación de enorme trascendencia que puede poner en peligro investigaciones penales en curso
Por su parte, en un escrito separado al que también ha tenido acceso este periódico, la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, se opuso a la diligencia al considerar que era abusiva. La 'número dos' del fiscal general denuncia que se ha cometido una "desmesurada injerencia" al acceder a todo el material que atesora el máximo representante de la Fiscalía en sus dispositivos personales.
"Para la investigación de una presunta revelación de un correo, cuya lesividad o perjuicio para la persona concernida es escasa o inexistente, se ha procedido a incautar toda la documentación almacenada electrónicamente en sedes oficiales, documentación de enorme trascendencia y cuya divulgación puede poner en peligro un sinnúmero de operaciones o investigaciones penales en curso, así como la agenda institucional de la Fiscalía General del Estado", plasmó Sánchez Conde.
MataNarcisos
11/11/2024 16:35
Lo de este individuo, es para que figure en los libros de Derecho, y se enseñe y ponga de ejemplo en las universidades de todos los países. Prima su empleo por encima de la vergüenza, propia y ajena, solo quizás podríamos encontrar algo semejante en repúblicas boliravianas, países de África, u algún otro tercermundista. ¿Debería el Supremo suspenderle cautelarmente de ese cargo? Por supuesto.