El fiscal general del Estado afronta unos meses complicados tras la apertura de diligencias en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Álvaro García Ortiz ya anunció esta semana ante los principales órganos de la Fiscalía que no tiene intención alguna de marcharse, pero las voces críticas por el desgaste institucional que supone su permanencia se mantendrán durante todo el procedimiento el cual, no se resolverá en cuestión de semanas.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que la propia naturaleza de este procedimiento penal hace que no se pueda solventar la instrucción con la celeridad que a él le gustaría. Así pues, no va a ser una investigación de alta velocidad, como se dejó entrever en la Junta de Fiscales de este pasado jueves. Por delante tiene al menos unos meses en los que se practicarán las diligencias necesarias para esclarecer si es o no culpable de la filtración de correos electrónicos confidenciales sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Cabe recordar que el alto tribunal decidió –por unanimidad de toda la Sala de lo Penal- admitir la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el fiscal general del Estado. Es decir, todos los miembros de la Sala Segunda comparten que, a día de hoy, hay indicios sólidos como para abrir causa contra García Ortiz.
Las diligencias pendientes
Con todo, el procedimiento no parte de cero. El TSJ ya interrogó a los querellados en un primer momento (la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto). Tras ellos comparecieron como testigos la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el jefe de prensa de esta Fiscalía.
Su testimonio no dejó lugar a dudas en cuanto a que el fiscal general se movilizó la noche del 13 de marzo para emitir una nota de prensa desmintiendo que la Fiscalía hubiera ofrecido un pacto a Alberto González Amador en el marco de la investigación contra él por dos delitos fiscales. Incluso el propio García Ortiz reconoció su responsabilidad en los hechos, negando, eso sí, que fueran delictivos.
Su alegato –también asumido por la Fiscalía en esta causa- es que no se pudo cometer revelación de secretos porque dichos correos ya estaban en un medio de comunicación la noche de antes. Precisamente, este va a ser el eje central de la causa que arranca ahora en el alto tribunal en aras a esclarecer si el fiscal general tuvo algo que ver con ello. De lo instruido hasta el momento se desprende que a fecha de 13 de marzo, los correos obraran en poder de su dueño, el fiscal Salto, y del abogado de González Amador. Nadie más.
Sin embargo, tras publicarse la primera información sobre el presunto pacto de la Fiscalía, García Ortiz solicitó, a través de Pilar Rodríguez, que se le remitieran con celeridad los correos para conocer los pormenores de esta investigación. Salto se los envió a su jefa y esa misma noche se remitieron al fiscal general. Horas después de esta diligencia, ya estaban en un medio de comunicación.
Los correos, la clave del caso
Al respecto, el Ministerio Público sostiene que eran muchas las personas que en aquel momento tuvieron acceso a esta fuente de prueba, pero los denunciantes replican que la orden la dio de él. Por ello el Supremo centrará ahora la investigación no tanto en la difusión de la nota informativa, sino en la filtración de unos correos de naturaleza privada, si bien ambas cosas van necesariamente ligadas por la cronología de los hechos.
Así pues, lo primero que hará el instructor Ángel Luis Hurtado será decicir si se da por reproducida la prueba remitida del TSJ. Al margen de ello se practicarán otras diligencias encaminadas a esclarecer el origen de la difusión de los ‘mails’. Por ello, lo habitual en este tipo de procedimientos es que se prolongue al menos unos meses, sin olvidar que, en caso de que se abriera procedimiento abreviado, habría que tener en cuenta también el tiempo destinado a la resolución de recursos.
Por lo tanto, no se puede instruir a la velocidad que se pretende desde las más altas instancias de la Fiscalía y ello perjudica no solo al fiscal general, sino a toda la institución. Tanto la Junta de Fiscales como el Consejo Fiscal –convocados por el propio García Ortiz tras su imputación- dejaron claro que les preocupa enormemente el menoscabo que supone que el fiscal general del Estado esté siendo investigado en una causa penal.
El futuro procesal del fiscal general
A su lado permanece su círculo más cercano (entre los que se encuentra la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, y la ‘número dos’, de la institución, María Ángeles Sánchez-Conde), además de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). En su encuentro con la Junta de Fiscales de Sala, constituida por la cúpula de toda la carrera, se granjeó el respaldo de una decena de fiscales, frente a otra decena que le pidió que se marchara.
Es significativo el silencio que imperó en otro sector, ‘a priori’ de su lado, que teme el inevitable daño institucional que su permanencia genera a la institución. Más duro fue con García Ortiz el Consejo Fiscal. Este órgano que se renueva por sistema de elección entre los fiscales, le pidió mayoritariamente su cese. En concreto, siete de los doce vocales abogaron por su salida.
“Nos resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo. No puede haber una consecuencia más gravosa que sostener el progresivo deterioro de la institución de la que pretende seguir ostentado el progresivo deterioro de la institución”, expusieron los seis vocales de la Asociación de Fiscales al término del cónclave.
Apariencia de imparcialidad
Pero el fiscal general no les convocó para medir fuerzas, sino para dejarles claro que, tras una profunda reflexión, había decidido seguir. “Esto no es un plebiscito”, avisó en las dos reuniones que mantuvo el jueves. Su alegato es que la Fiscalía actuó con celeridad para defender a uno de los suyos y que el objetivo fue en todo momento ofrecer información veraz frente a un bulo.
Pero la actuación ha traído consecuencias muy graves para la institución, la cual viene arrastrando ya una imagen de politización que afecta a todos sus miembros. Precisamente muchos de ellos se preguntan no solo cómo les va a perjudicar todo esto, sino cómo puede el fiscal general seguir impartiendo órdenes de actuación en instrucciones tan delicadas como el caso Koldo y otras que afectan a Moncloa, estando él imputado en un procedimiento penal.
Peor escenario se da en su propia causa. García Ortiz asegura que está al margen de lo que diga la Fiscalía en su causa, pero la que firma dichos escritos es su ‘número dos’ y subordinada directa. Por ese motivo son muchas las voces que le han pedido que separe su suerte procesal del cargo de fiscal general del Estado y dé un paso al lado. Un movimiento que a corto plazo no se prevé que se produzca y que deja a la institución, al menos por el momento, en una situación especialmente delicada.
