La Guardia Civil ya tiene en su poder las evidencias del fiscal general del Estado que podrían permitir a avanzar en la causa abierta contra él por presunta revelación de secretos. Los agentes de la UCO se personaron en el despacho de Álvaro García Ortiz en la mañana de este miércoles por orden expresa del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, que se garantizó de adoptar las medidas necesarias ante la posibilidad de que Álvaro García Ortiz hubiera eliminado parte del material incautado.
Por ello, la labor de rastreo recayó en agentes especializados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fuentes consultadas por Vozpópuli detallan que el proceso de volcado de información es dilatado no sólo por el volumen de correos intervenidos, también por el procedimiento que se sigue en este tipo de actuaciones. Los investigadores blindan el proceso con una herramienta que garantiza la integridad de todos los archivos a medida que son clonados desde los ordenadores, teléfonos móviles y tablets.
Los agentes de la UCO intervinieron todos los terminales de Álvaro García Ortiz para garantizar el acceso a todas las cuentas de correo electrónico que utiliza habitualmente, tanto las institucionales como las personales. La Guardia Civil trata de determinar si el fiscal general pudo reenviar alguno de los correos de las conversaciones entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que instruía el caso.
Gran volumen de material intervenido
Las mismas fuentes aseguran que se prevé un volumen ingente de correos intervenidos, que los agentes de la UCO tendrán que rastrear durante los próximos días en busca de indicios que apunten a una posible revelación de secretos, delito por el que Álvaro García Ortiz está siendo investigado. De hecho, en paralelo a la orden de entrada y registro de su despacho, el magistrado de la Sala Segunda acordó también el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes. Se trata de una medida "necesaria" al menos hasta que se recabe toda la documental que busca el magistrado.
Al respecto, autorizó la entrada en el despacho del fiscal general del Estado a partir de las 10.00 horas de la mañana, aunque especificó que se habilitaba también el horario nocturno en caso de que la diligencia se alargara durante horas, como así ocurrió. Esta es la primera vez en democracia que se investiga a un fiscal general del Estado en el cargo en un procedimiento penal, que acaba de arrancar contra él y contra la fiscal jefe de la Provincia de Madrid, Pilar Rodríguez. De hecho, el instructor también ordenó el registro de su despacho oficial, dado que los dos figuran como querellados en este procedimiento.
El registro del despacho constituye la primera gran diligencia adoptada por Hurtado tras admitir a trámite la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TSJ madrileño instruyó durante meses la investigación de unos hechos que, en principio, pivotaron sobre a nota de prensa que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid en relación a una investigación sobre la pareja de Díaz Ayuso y que ahora se centra en los correos electrónicos que canalizó el fiscal general y que aparecieron publicados en prensa.
En ese sentido, Hurtado ha considerado necesario no solo incautar los correos y los terminales asociados a García Ortiz, sino también garantizar el acceso de los investigadores al material que pudiera haber sido eliminado. Por ello, abrió la vía para que, en caso de que fuera necesario extraer más documentación de sus dispositivos, se procediera al 'rooteo' de los mismos. Se trata de una técnica que permite obtener privilegios de administrador sobre el dispositivo a analizar y, por tanto, realizar una imagen forense del mismo.
"Eliminación intencionada de la información"
Del mismo modo, dio luz verde al volcado de cuentas de correo, perfiles de redes sociales y otros repositorios que administre el fiscal general en Internet y autorizó a los agentes a modificar el cambio de contraseñas "al objeto de evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación". Finalmente, también se estudiarán los Whatsapps privados del fiscal general a través del volcado de sus conversaciones privadas.
El instructor busca indicios relacionados con los hechos ocurridos el pasado mes de marzo. En concreto, en la noche del 13 de marzo, y a raíz de la publicación de una información en la que se apuntaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, el fiscal general ordenó recabar todos los correos electrónicos intercambiados entre su abogado y el fiscal del caso, Julián Salto. Para ello movilizó a Pilar Rodríguez y ésta, a su vez, al propio Salto, a quien le reclamaron todas comunicaciones cruzadas con el abogado de González Amador. Con las mismas prepararon una nota de prensa que se difundió desde la Fiscalía de Madrid.
Dicho comunicado desmintió que la conformidad la ofreciera el fiscal y evidenció que fue el abogado del empresario el que reconoció la comisión de dos delitos en busca de un acuerdo. Sin embargo, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) denunció los hechos en los juzgados de Plaza Castilla al considerar que la nota revelaba información confidencial entre abogado y fiscal, que no puede ver la luz. El asunto se remitió al TSJ de Madrid por la condición de aforados de Julián Salto y de Pilar Rodríguez y, en ese mismo órgano interpuso querella González Amador. El instructor de dicha causa, Francisco Goyena, inició unas pesquisas en las que rápidamente se puso el foco en el fiscal general.
En busca de los correos
En ese sentido fue clave el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, puesto que reconoció que García Ortiz le ordenó enviar la nota de prensa elaborada en la Fiscalía General. Llegados a ese punto, el TSJ remitió una exposición razonada al Tribunal Supremo, por ser el competente para investigar al fiscal general. El alto tribunal la admitió a trámite hace apenas unas semanas, en un auto en el que determinó que el foco no estaba tanto en la difusión de la nota, sino en la filtración de los correos de González Amador en prensa. En ese sentido, cabe recordar que García Ortiz ordenó recabar dichos 'mails' la noche del 13 de marzo y, apenas minutos después, aparecieron en prensa.
Sin embargo, la Fiscalía descarta cualquier ilícito tanto con la nota de prensa (de la que dicen que se redactó para desmentir un "bulo") como con los correos. El fiscal general ha negado recientemente que él tuviera nada que ver con que estos mensajes aparecieran en prensa y ha recordado, además, que cuando él recibió los correos no era el único que los tenía, puesto que las primeras informaciones publicadas sobre este asunto aludían al entorno de la presidenta madrileña.
Pese a ello, el alto tribunal considera que "indiciariamente existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio del derecho de defensa" de González Amador, puesto que se desveló su confesión en el marco de una investigación contra él que ha acabado judicializada "Se trataba de una propuesta reservada no compatible con la misión de información a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan y que puede condicionar la futura tramitación del proceso", expuso el alto tribunal.
