"Impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad". Se trata de un compromiso del acuerdo de Gobierno que firmaron el PSOE y Sumar. Pero no se va a cumplir. Fue un brindis al sol. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, renuncia a pactar un nuevo modelo, además, en plena rebelión de Emiliano García-Page, que se ha sumado a las comunidades del PP que reclaman un fondo de compensación de 3.000 millones para paliar su infrafinanciación.
Pero lo cierto es que Hacienda "no hará nada sin el PP". "Es muy difícil, además, que se alineen Madrid, Andalucía y Galicia. No se va a poder pactar nada", sintetizan fuentes de la estricta confianza de María Jesús Montero. Cabe señalar, además, que el PSOE de Pedro Sánchez, ahora en Moncloa, no tiene fuerza para imponer por un modelo a las autonomías, puesto que solo gobierna dos de las 15 comunidades que pertenecen al régimen común (Asturias y Castilla-La Mancha) y que se verían afectadas por cualquier cambio en el sistema de financiación.
Las comunidades del PP piden al Gobierno que convoque una cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera o, en su defecto, una conferencia de presidentes monotemática. Mientras, los barones populares critican, como también hace Castilla-La Mancha, el doble rasero y las negociaciones bilaterales del Ejecutivo central con la Generalitat de Cataluña. A todos ha sentado mal que Moncloa pactara con ERC a cambio de la investidura de Sánchez la condonación de la deuda a través del Fondo de Liquidez Autonómica (alrededor de 15.000 millones) para paliar los desequilibrios del actual sistema de financiación.
Condonación de deuda para todos
Y eso que el Gobierno ha abierto las puertas de esa condonación a todas las comunidades, incluidas las del PP. Pero en Génova no van a dar oxígeno al Gobierno. Es cierto que la reforma exprés del artículo 49 de la Constitución, que ha eliminado el término "disminuido" para referirse a las personas con discapacidad del texto de 1978, muestra que la trinchera que separa a los dos principales partidos del país no es tan grande. Pero, por el momento, y con la ley de amnistía en pleno trámite en la Cámara Baja convertida en la principal granada de Génova contra Sánchez, es imposible un acuerdo sobre la financiación cuya último revisión data de 2009. Entonces quedaron varias comunidades damnificadas.
Precisamente, el presidente de Castilla-La Mancha, acordó con sus homólogos populares de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y Murcia, Fernando López Miras, hacer frente común y reclamar a Hacienda ese fondo de 3.000 millones que las compense. Y es que esas son las autonomías que salieron perjudicadas por la reforma de la financiación autonómica del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tradicionalmente, la Comunidad Valenciana y Murcia han pedido un fondo de este tipo. Hacienda es consciente de esta situación pero nunca ha planteado una fórmula de reparación.
Precisamente este lunes, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, uno de los mayores expertos en financiación autonómica, reclamó ese fondo de compensación dotado con 3.000 millones anuales para nivelar a estas comunidades mientras no se reforme el sistema. Lo más sangrante del asunto es que la ministra Montero negó haber negociado una financiación singular para Cataluña. Y Diez días más tarde, Sánchez planteó en Barcelona al reunirse con Pere Aragonès que impulsará el desarrollo de una Agencia Tributaria catalana consorciada, es decir, en camino a su independencia.
Las ventajas a Cataluña
Mientras, como contó este diario, se suceden los guiños de Moncloa a la Generalitat. Y es que el Gobierno ha inyectado a Cataluña más de 68.000 millones en condiciones ventajosas desde que Sánchez es presidente. La Generalitat ha sido, de lejos, la comunidad autónoma que más se ha beneficiado de los mecanismos especiales de financiación, implantados en 2012 para palear la sequía en los mercados de deuda. Casualidad o no, lo cierto es que Cataluña ha exprimido esos préstamos estatales antes de dar un paso drástico: exigir al Estado la condonación de la deuda.
Desde 2018 a 2023, Cataluña ha obtenido 68.086 millones de euros por dos vías: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la Facilidad Financiera. Esta suma equivale al 35% de todo el dinero dispuesto por el Ministerio de Hacienda para financiar, en condiciones especiales, a las comunidades autónomas con problemas para financiarse directamente en los mercados. Es decir, desde que Sánchez llegó al poder, tras desbancar a Mariano Rajoy, más de un tercio de los fondos repartidos han tenido como destino Cataluña.
La mayoría de la financiación ha llegado al Govern a través del FLA. En concreto, 48.120 millones desde 2018, contando la partida prevista para 2023. Esos cerca de 50.000 millones, sin embargo, son sólo una parte del dinero que Carles Puigdemont y Pere Aragonès pretenden dejar de pagar por haber facilitado la investidura de Sánchez.
