Josep Lluís Alay, 'mano derecha' de Carles Puigdemont desde su fuga a Bruselas, mantiene su cruzada contra la Audiencia Nacional por el caso de 'Tsunami Democràtic'. El empresario, que es una de la docena de personas imputadas por terrorismo, acusa ahora al órgano de tener una clara voluntad de impedir su acceso a todas las actuaciones del sumario.

Alay, que está siendo defendido por el abogado de Puigdemont, aviva de esta forma el enfrentamiento entre imputados y órgano judicial por estas pesquisas sobre la plataforma radical. Tras recusar al magistrado Manuel García Castellón por "falta de imparcialidad" e insistir en varias ocasiones en el archivo de la causa, el empresario desliza ahora que se les oculta toda la información del procedimiento, lo que podría derivar en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

"Estamos ante una evidente voluntad obstructiva de disponer de la certificación interesada porque, primero se nos pide que justifiquemos el motivo y, cuando lo hemos hecho, se plantea que es demasiado amplia", reza el escrito que firma Gonzalo Boye y al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La mano derecha de Puigdemont

El reproche del jefe de la oficina de Puigdemont se produce apenas días después de que el Gobierno volviera a señalar al magistrado de la Audiencia Nacional por su investigación en la causa de Tsunami en plena negociación de la amnistía. El texto que exonerará a Puigdemont ha ido modificando su redacción a expensas del avance de esta causa que mantiene vigente la acusación por terrorismo.

El punto de inflexión en estas diligencias se produjo en noviembre tras adherir el informe definitivo de la Guardia Civil. El oficio concluyó que Tsunami no fue un movimiento espontáneo, sino que desde su inicio estuvo controlado por líderes de Junts y ERC. Al respecto destacó a una reunión en Ginebra de Puigdemont con los 'cerebros' de Tsunami, tres meses antes del nacimiento oficial de la plataforma.

Las pesquisas policiales dieron pie a que el magistrado imputara a los identificados en el informe por delito de terrorismo. El movimiento se produjo en plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez y con el acuerdo de la amnistía como telón de fondo, lo que provocó una oleada sin precedentes de acusaciones al instructor bajo el mantra de que estaba interfiriendo en la vía política.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que el juzgado llevaba meses aguardando el informe policial, el cual se demoró bastante tiempo debido a la complejidad de la investigación.

Tras las imputaciones por terrorismo, el magistrado ordenó recabar información clave de una decena de organismos -entre ellos la UE y la OTAN- ante los indicios de que la ocupación del aeropuerto de El Prat que provocó el caos del tráfico aeroportuario, podría ser constitutiva, indiciariamente, de delito de terrorismo.

Tsunami, en el punto de mira

Frente al criterio del instructor se mantiene la Fiscalía, que contempla las protestas como desórdenes públicos. También los imputados se han alzado contra esta imputación. La mayoría batalla por anular esta investigación al considerar que es prospectiva y que los indicios de terrorismo son nulos.

Sin embargo, el imputado que más litiga contra las pesquisas es el asesor de Puigdemont. Tras su intento fallido de apartar al juez, en las últimas horas ha reanudado su batalla contra los investigadores pidiendo la nulidad de las actuaciones y acusando al juzgado de ocultar parte de las pesquisas.

Sobre este último punto ya se pronunció el órgano hace unas semanas para aclarar que todas las partes del procedimiento disponen de la documental que obra en el sumario. Sin embargo, el asesor del líder de Junts argumenta en su recurso de reposición que la actuación del juzgado estaría obstaculizando la actuación de las defensas.

En concreto, sostiene que en noviembre, apenas días después de acordarse las imputaciones por terrorismo, solicitó a la letrada de la Administración de Justicia que expidiera una certificación que fue denegada. El motivo esgrimido, según el abogado de Puigdemont, fue que la petición era demasiado extensa y que no se concretaban los extremos de la solicitud.

La Audiencia defiende al juez

Boye responde ahora que en su solicitud del 28 de noviembre se razonaban punto por punto los motivos de la petición de diligencia y que no se entiende por qué ahora se le dice que era extensa cuando previamente se le pidió una argumentación de lo requerido. Por todo ello concluye que se está ante una "evidente voluntad obstructiva" de disponer de la documentación interesada.

Con todo, y pese a la evidente tensión con la que avanza la causa, la Sala de lo Penal ha salido en defensa del instructor en sus últimas decisiones. Así, no solo ha archivado la recusación planteada en su contra, sino que también ha negado recientemente que actuara con motivación política al imputar ahora Puigdemont y el resto de investigados.

Además de la defensa de la Sala, el magistrado cuenta con el respaldo de las asociaciones de jueces y también del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya Comisión Permanente condenó de manera unánime el pasado viernes las palabras de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. Sus palabras -dijo- son "contrarias al principio de lealtad institucional".

Sin embargo, el Gobierno mantiene el foco en la causa de Tsunami Democràtic, consciente de que se ha convertido en el verdadero escollo de cara a amnistiar a Puigdemont y el resto de líderes independentistas.

Prueba de ello son los cambios que ha ido sufriendo la redacción de la futura ley y que se han producido en paralelo a los avances en esta causa. El magistrado, por su parte, sigue adelante con las diligencias y ya ha avisado que los delitos de terrorismo no solo se mantienen, sino que se han consolidado.

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