Los Mossos d’Esquadra creen que Tsunami Democràtic varió su táctica de cara al clásico por miedo a un pinchazo en la movilización, según informan fuentes policiales a Vozpópuli. Por eso pasó del estricto secretismo en el que había envuelto su última acción de envergadura en la frontera con Francia a numerosos comunicados e informaciones sobre la logística para el día del partido. La plataforma independentista se reserva, eso sí, los detalles del plan previsto dentro del estadio.
El partido tendría que haberse jugado el último fin de semana de octubre, pero la violencia en Barcelona hizo que se aplazase. El 25 de octubre, días antes de las elecciones generales, Tsunami pidió a sus fieles que se reservaran la nueva fecha fijada para el partido. Ahora, más de mes y medio después, dicen contar con 25.000 personas para el miércoles.
Es una cantidad considerable de gente, pero inferior, por ejemplo, a los 40.000 que se concentraron en cuestión de horas ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. También está por debajo de los 99.000 espectadores que llenarán el Camp Nou y muy inferior a los 410.500 suscriptores del canal de Telegram en el que Tsunami difunde sus comunicados.
El precedente de la Junquera
Para lograr el éxito de sus planes, la plataforma -bajo el foco de la Audiencia Nacional por terrorismo- usa una aplicación específica a la que solo pueden tener acceso personas de confianza. La idea es evitar a las fuerzas de seguridad o medios de comunicación. Así lograron colapsar la frontera con Francia los días 11, 12 y 13 de noviembre y causar graves perjuicios económicos.
También habían pedido a sus fieles que se reservaran la fecha con muchos días de antelación, pero no trascendió ningún detalle hasta que la misma mañana del 11 de noviembre cientos de coches colapsaron la AP-7 en la Jonquera. Primero convocaron por privado a sus seguidores residentes en la zona, después afianzaron el corte en la carretera y solo entonces hicieron pública la movilización para que se sumase más gente. Este movimiento cogió desprevenidas a las fuerzas de seguridad, que no pudieron impedir la acción.
En el caso del clásico, la estrategia ha sido mucho más informativa hasta el punto de que en las últimas horas se ha difundido un mapa con los diferentes puntos de movilización en los alrededores del estadio. También han habilitado una web donde se ofrece información sobre los autobuses habilitados para llegar al Camp Nou. “Ofrecemos un mapa con todos los autocares conocidos para ir a la concentración del Tsunami Democràtic el 18 de diciembre a las cuatro de la tarde con motivo del Barça - Madrid”, dicen.
De este modo, las fuentes policiales consultadas por este periódico descartan que la plataforma tenga previsto usar el clásico como señuelo para realizar otra acción de mayor envergadura. Creen que Tsunami ha perdido poder de movilización y por ello está concentrando sus esfuerzos en que tenga éxito la protesta del Barça-Real Madrid, un acontecimiento a nivel mundial que servirá para proyectar sus reivindicaciones a todo el mundo.
Sanciones, según la Ley del Deporte
Sobre lo que pueda suceder en el interior del estadio las fuerzas de seguridad barajan varios supuestos, desde el despliegue de alguna pancarta hasta una invasión de campo. Lo que se da por hecho es que la protesta se introducirá dentro del estadio. La Ley contra la Violencia en el Deporte contempla sanciones severas de hasta 60.000 euros por invadir el terreno de juego de un estadio u ocasionar desórdenes públicos en los aledaños del recinto, que puede ser clausurado.
El artículo 7 de la misma Ley indica como “condiciones de permanencia en el recinto “no irrumpir sin autorización en los terrenos de juego”. En ese mismo artículo se recuerda a los espectadores que están “obligados” a “desalojar pacíficamente el recinto deportivo y abandonar sus aledaños cuando sean requeridos para ello por razones de seguridad”.
Una vez establecido lo que se puede y lo que no se puede hacer, el redactado de esta norma expone un catálogo de infracciones, tanto para los aficionados como para los clubes. Pueden ser muy graves (cuando generan “riesgo, peligro” o “importantes perjuicios”), graves o leves. Van desde los 150 euros la más baja hasta 650.000 euros la más alta. Una invasión de campo encaja en la descripción de las infracciones leves o graves. Estas últimas están castigadas con multas de entre 3.000 euros y 60.000.
Cierre del campo
Según consta en el artículo 24, “además de las sanciones económicas, a los organizadores de competiciones y espectáculos deportivos podrán imponerse la inhabilitación para organizar espectáculos deportivos hasta dos meses por infracciones graves” (dos años si es muy grave) y “la clausura temporal del recinto deportivo” por el mismo periodo de tiempo.
La hemeroteca recoge diversos precedentes recientes en los que impiden establecer un criterio a la hora de fijar la cuantía de la multa si bien rara vez llegan a las cotas más altas. Según el artículo 28, cuando la sanción llega hasta los 60.000 euros, la sanción depende de la Delegación de Gobierno. El cierre del estadio, en cambio, recaería sobre la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior.
Esta Ley, en vigor desde 2007, fue impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y contempla las sanciones económicas más altas a imponer por la Administración, superiores incluso a las de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana (tachada como la Ley Mordaza). Ya en su preámbulo, se hace eco de tragedias de la historia del fútbol como la del estadio Heysel de Bruselas donde murieron 39 personas en 1985.
