La incertidumbre en torno a las restricciones de movilidad también se ha instalado en el seno de la Policía Nacional. Los agentes, que limitan la entrada y salida en los lugares cercados en su perímetro, tienen dudas sobre la deriva que tendrán las propuestas de sanción a los ciudadanos. Lamentan, además, la "falta de órdenes" claras sobre cómo actuar en estos dispositivos: "Apenas hay instrucciones y eso deriva en situaciones de conflicto", admiten en conversación con Vozpópuli.
El escenario en el que probablemente están encontrando más dificultades es en la Comunidad de Madrid, tras decretarse el 'cerrojazo' del Ministerio de Sanidad. "Es como ponerle puertas al campo", aseveran los agentes, que coordinados por la Delegación del Gobierno se encargan de cerrar los municipios afectados junto a Guardia Civil y cuerpos municipales. Pero los cercos perimetrales se extienden a otros municipios de España y, por eso, los policías piden una "instrucción clara" para cumplir con ese propósito.
Los agentes consideran que ha pasado "tiempo suficiente" entre el primer estado de alarma -que afectó a toda España- y las actuales restricciones para desarrollar una instrucción o normativa aplicable a estos casos. Actualmente y ante el limbo legal, las autoridades deben recurrir al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, donde se rigen las infracciones por "desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones". Acción que se castiga con sanciones que van desde los 601 hasta los 30.000 euros.
Las dudas de los agentes
Los agentes, no obstante, tienen dudas sobre la aplicación de la ley orgánica en este escenario. Consideran que los ciudadanos tendrán fácil recurrir las multas, que deben tramitar las correspondientes delegaciones del Gobierno. Sólo durante el puente del Pilar, en Madrid se acumularon 210 propuestas de sanción y la identificación de más de 10.000 personas en los 1.469 controles policiales. Por el momento no hay datos totales oficiales sobre cuántas sanciones se han interpuesto desde que se decretó el estado de alarma en la región. "Cientos", afirman los miembros de la Policía.
? BALANCE | Actuaciones de las #FCSE @policia y @guardiacivil en la #ComunidaddeMadrid durante el pasado puente del Pilar:
? Controles realizados: 1.469
? Propuestas de sanción: 210
? Personas identificadas: 10.317
? Vehículos interceptados: 8.973 pic.twitter.com/YdOJWMvddo— Delegación del Gobierno en Madrid ?️ (@DGobiernoMadrid) October 14, 2020
Los policías recuerdan sentencias recientes en los que se ha eximido de toda responsabilidad a ciudadanos a los que se les acusaba de desobediencia a la autoridad durante el primer estado de alarma. Uno de los casos más relevantes, disponible en el archivo del Consejo General del Poder Judicial, fue la absolución de un hombre al que la Ertzaintza acusó de este delito tras encontrarle en la calle en tres días diferentes de marzo y abril. El Juzgado de lo Penal de Vitoria optó por su absolución.
El Consejo General de la Abogacía Española -órgano que reúne a los 83 Colegios de Abogados de España- también abría la puerta a una "impugnación masiva" a las sanciones por delitos de desobediencia durante el estado de alarma. "No puede olvidarse que lo que se ha pretendido con la acusación por desobediencia grave, es al final y a la postre, no solo elevar a la categoría de delito una infracción administrativa, sino penalizar una sanción administrativa que no existe como tal", señalaban en un artículo.
"Se nos está utilizando"
"Se nos está utilizando como el hombre del saco", resume Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial Jupol. A su juicio, "la situación para nuestros compañeros en cuanto al estado de alarma y las restricciones está siendo caótica": "No hay base legal ni jurídica para proponer para sanción y los compañeros tienen muchas dudas, no saben en qué sentido enfocar esos controles".
"Nos usan para asustar a la población con esas propuestas de sanción, pero la Delegación del Gobierno tendrá que decidir si se tramitan o no", añade el portavoz de Jupol. Y advierte: "Es triste que tengan esa velocidad para imponer restricciones o decretar estados de alarma, pero que no la haya para dar instrucciones claras y concretas sobre cómo intervenir en estos casos".
