La investigación abierta en la Audiencia Nacional por los encargos de Iberdrola a José Manuel Villarejo toma impulso. La Sala de lo Penal estudiará el próximo 5 de noviembre los recursos interpuestos en esta pieza de la macrocausa contra el comisario jubilado, entre los que se encuentran el de Iberdrola Renovables por su imputación en el procedimiento el pasado mes de julio. Mientras tanto, el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán sigue a la esperar de declarar ante el magistrado al frente de la causa, Manuel García Castellón.
El pasado mes de julio el instructor del caso Tándem acordó llamar como investigadas a la firma y a una serie de directivos de la compañía vasca, a tenor de los encargos que gestionó el Grupo Cenyt entre los años 2004 y 2017. Aunque en un principio estaban citados para el 8 de julio, el juez decidió suspender los señalamientos en aras a resolver sobre el papel de Iberdrola Renovables, la cual acabó siendo imputada por costear el último de los encargos de espionaje que Villarejo acometió para la firma.
Ahora, la Sala de lo Penal mueve ficha y acuerda estudiar los recursos el próximo 5 de noviembre, tal y como consta en una providencia de la Sección Tercera a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Entre los asuntos que tienen sobre la mesa, además del recurso de Iberdrola Renovables, se encuentra el interpuesto por Ignacio Sánchez Galán -que mantiene que él nunca fue presidente de esta filial de la eléctrica-, el de Corneliu Dica (personado en la causa en calidad de perjudicado) y el recurso contra el archivo de la querella a José Antonio del Olmo.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que las declaraciones del presidente y los últimos directivos de la multinacional imputados en la causa no se producirán hasta que se estudien estos recursos. Así pues, el primer paso será analizar todos estos asuntos que giran en torno a la contratación del Grupo Cenyt en el marco del proyecto Wind. El mismo consistió en una investigación patrimonial de la sociedad suiza Eólica Dobrogea, su accionista mayoritario Christopher Kapp y su apoderado Corneliu Dica tras declararse insolventes para ejecutar un laudo millonario a favor de Iberdrola.
Mientras los investigadores sostienen que este trabajo se dividió en un primer encargo a finales de 2011 y otro segundo en 2016, la compañía explicó en su recurso que la factura de 2012 por importe de 29.500 euros que se asocia a este encargo no responde al proyecto Wind. En lo que respecta a 2016, explican que no sería constitutivo de delito de cohecho en tanto Villarejo ya se había jubilado y no figuraba en activo dentro de la Policía Nacional.
"Beneficio directo"
Además defiende que no hay indicios que apunten en este caso concreto que Villarejo se aprovechó de sus contactos dentro de la Policía para sacar adelante la investigación. Del mismo modo, y tal y como han hecho otros grandes clientes del Ibex, Iberdrola insiste en que no contrató a Villarejo, sino a una empresa dedicada a servicios de inteligencia. A falta de ver cómo resuelve la Sala de lo Penal, esta tesis es rebatida tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el magistrado, que apuntan que el encargo se gestó en "beneficio directo" de la filial de Iberdrola y a sabiendas de su condición policial.
En relación a Ignacio Sánchez Galán, la Sala de lo Penal estudiará su vinculación con la compañía imputada. El empresario asegura que "jamás" presidió esta filial ni tampoco formó parte de los órganos de administración de la firma y presentó al respecto documentación del Registro Mercantil de Vizcaya. Pese a ello, el magistrado Manuel García Castellón le sitúa al frente de la misma alegando que así consta en la documental aportada por la compañía. Cabe recordar que el juzgado no imputó a la matriz dado que, pese a que costeó los primeros encargos del Grupo Cenyt, la reforma legal que permitió la imputación de las personas jurídicas data de 2010.
Otro de los temas que estudiará la Sección Tercera es el relativo al archivo de la querella contra José Antonio del Olmo. El que fuera directivo de Funciones Corporativas de Iberdrola se convirtió en la principal pesadilla de la multinacional vasca tras aparecer en esta pieza decimoséptima del caso Tándem un informe que elaboró en 2004 y en el que denunciaba irregularidades con el pago de las facturas del primer encargo a Villarejo (proyecto Arrow). Este exalto cargo, considerado testigo estrella del procedimiento, relató que llevó este material ante notario al sospechar de que estaban utilizando una empresa superpuesta para abonar las facturas.
El papel de Del Olmo
Iberdrola, que siempre ha defendido que no hay ni rastro de ese documento en la empresa, llevó a Del Olmo a los tribunales y actuó contra él por delito de falsedad en documento privado. La querella en cuestión comenzó investigándose en unos juzgados de instrucción de Bilbao pero se acabó adhiriendo a la macrocausa, pese a la clara oposición de Iberdrola, que quería que se investigase por separado. Antes de imputar a la firma en la causa, el magistrado pidió a Anticorrupción que se pronunciara en relación a su presunta condición de perjudicada por Del Olmo.
El Ministerio Público respondió que no veía "conflicto de intereses" y que los hechos que le atribuía al exdirectivo díscolo estarían prescitos. Por ello pidió el archivo de las actuaciones que acordó el magistrado en el mismo auto en el que imputó a la mercantil. Con todo, Del Olmo sigue figurando como imputado en el procedimiento ya que, en su condición de controller, dio luz verde a algunas de las facturas que ahora están bajo el foco de los investigadores.
Finalmente, la Audiencia Nacional también estudiará el recurso interpuesto por la acusación que ejerce el exsocio de Iberdrola Corneliu Dica, que pide que se amplíen los delitos contra la mercantil. Cabe destacar que, en este tiempo en que se han presentado los recursos, la Abogacía General del Estado ha retirado la acusación que ejercían en esta pieza al considerar que no está legitimada para seguir actuando. A todo ello hay que añadir que la instrucción discurre en paralelo al primer juicio contra el comisario por tres encargos menores gestionados con su entramado. El mismo se retomará el próximo 15 de noviembre en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.
