Batería de medidas del PSOE para la 'España vacía' en plena campaña electoral en Castilla y León. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha llevado este martes al Consejo de Ministros el informe del seguimiento del plan del Gobierno de 130 medidas contra la despoblación. Ribera pone el foco en la ejecución del plan ya que, según el Ejecutivo, el 82% del total de las medidas ya han comenzado a aplicarse.
Ha sido la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha sacado pecho por la ejecución de dicho plan sobre el reto demográfico, que el Gobierno presentó el año pasado y que cuenta con una financiación de 10.000 millones de euros. Según su balance, las medidas ya están teniendo un "impacto real" en las áreas rurales, llegando a dos de cada tres municipios de menos de 5.000 habitantes. En lo que se refiere al presupuesto, se ha comenzado a tramitar el 84% del presupuesto del año 2021, que "superaba los 4.000 millones de euros".
El plan, según ha explicado Rodríguez, gira en cuatro vectores vinculados con la conectividad, tanto digital como tecnológica y territorial; la prestación de servicios básicos para toda la población; la diversificación económica y generación de empleo, y la vivienda.
El PSOE lanza un Perte de 1.000 millones
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) del sector agroalimentario que contará con una inversión pública de 1.002,9 millones de euros hasta 2023, creará cerca de 16.000 empleos y generará un impacto económico inicial de 3.000 millones. También en la rueda posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha detallado un plan que se vertebra en torno a tres ejes: fortalecimiento industrial del sector agroalimentario (400 millones), digitalización (454,35 millones) e I+D+i (148,56 millones).
Para Planas, se trata de un plan "muy importante" para el "impulso" del sector que se concretará a través de 34 actuaciones repartidas entre esos ejes de acción. El ministro ha incidido en que el plan permite dotar de financiación las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente el sector en la próxima década.
Planas ha subrayado que los objetivos del Perte serán incrementar la competitividad del sector, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad alimentaria. Uno de los destinatarios principales serán las pymes agroalimentarias y para que las ayudas les lleguen, será relevante el papel que tengan las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y las cooperativas, ha remarcado. El ministro ha añadido que la dotación presupuestaria del Perte, unida a los más de 47.000 millones de la próxima PAC así como a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirán una dotación pública hasta 2026 que es "probablemente la más alta" que el sector "haya tenido jamás" en España.
El PP ha calificado el anuncio de "tomadura de pelo" porque "sólo hay 150 millones de ayudas directas al sector". En declaraciones a Efe, la portavoz de Agricultura de los populares en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, ha asegurado que, de los 1.000 millones asignados a este Perte, "sólo 400 van de verdad a la industria agroalimentaria". A su vez, 250 millones de esos 400 son para préstamos por lo que para ayudas directas quedarían 150 millones, ha incidido Marcos. Los 600 millones restantes "es dinero que ya estaba" en otros planes y se han añadido al Perte "para sumar"; además de ser unos fondos a los que podrán acceder "todos los sectores económicos", más allá de la agroindustria.