La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha exigido este martes la dimisión de la presidenta Mertixell Batet tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el 'cerrojazo' de la Cámara Baja durante el estado de alarma.
Olona ha calificado de "golpe de Estado institucional" la decisión de la Mesa del Congreso del 19 de marzo de 2020, tras las primeras restricciones por la pandemia, de 'congelar' los plazos de las iniciativas, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.
A juicio de Vox, aunque la decisión fue colegiada de la Mesa del Congreso, Batet fue su máxima impulsora y ahora debe asumir su responsabilidad presentando su dimisión. "Lo que hemos tenido es un Gobierno de España con poderes ilimitados", ha denunciado Olona en una comparecencia tras conocer el fallo del TC.
Cierre inconstitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha concluido este martes que la decisión de la Mesa del Congreso -con los votos de PSOE y Unidas Podemos- de dar 'cerrojazo' y 'parar el reloj' de la Cámara Baja fue inconstitucional.
El tribunal de garantías, con seis votos a favor y cuatro en contra, ha estimado el recurso de amparo interpuesto por Vox y ha declarado que ha sido "vulnerado" el derecho fundamental de participación política de los diputados, recogido en el artículo 23 de la Constitución.
En este sentido, según ha informado el TC en una nota informativa recogida por Europa Press, el tribunal ha acordado dictar la nulidad del primero de los acuerdos de la Mesa del Congreso, de 19 de marzo de 2020, por el que se 'congelaban' los plazos parlamentarios, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.
El Pleno también ha declarado la nulidad del Acuerdo de la Mesa del Congreso, de 21 de abril de 2020, que desestimó la solicitud de reconsideración presentada por el Grupo Parlamentario de Vox contra el acuerdo de marzo.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, considera que la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados.
Así, el tribunal considera que la decisión de la Mesa de cesar temporalmente la tramitación de iniciativas parlamentarias de los recurrentes ha lesionado el derecho de participación política de los diputados.
