"Solución a su financiación en 48 horas. Liquidez sin más preguntas. Crédito de hasta un año de carencia de principal e intereses. Cancelación de embargos. Llame ahora". Así se anunciaba y aún se anuncia en internet Ravertis Private Investment, una empresa supuestamente dedicada a "la compra de acciones de sociedades cotizadas en bolsa o no", pero de la que las investigaciones de la Operación Colapso-Edén ha destapado su verdadera actividad: ser uno de los principales instrumentos de blanqueo de dinero de varias organizaciones mafiosas asentadas en Europa. Las pesquisas calculan que en sólo dos años el grupo pudo 'lavar' amillones de euros procedentes del tráfico de droga mediante "el libramiento de letras cambiales a favor de narcotráficantes".
La Policía ha detectado que la empresa fue utilizada supuestamente para hacer llegar dinero a unos sicarios
Por todo ello, el pasado 21 de junio, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, redactó un auto en el que anunciaba la apertura de una pieza separada con 21 personas imputadas por su supuesta implicación en la creación de esta empresa y una de sus filiales, Accendo Confianza, a las que considera autoras de una "estafa piramidal con la concesión de hipotecas en condiciones usurarias" a particulares en apuros, además de cometer diversos delitos fiscales. Entre los imputados se encuentra el abogado Roberto Rodríguez Casas, considerado por la Policía como el supuesto cabecilla de esta trama empresarial. De hecho, el documento judicial recoge que "a Ravertis se llegó siguiendo la pista" de este letrado, al que considera el "organizador de los activos patrimoniales de Laurentino Sánchez [un empresario acusado de ser el jefe de una trama de tráfico de cocaína en España] desde al menos 2007".
Así, el juez considera que hay indicios suficientes para considerar que las dos empresas de crédito investigadas estaban siendo utilizadas presuntamente para blanquear dinero procedente de dos organizaciones de narcotraficantes que operan desde Holanda. La primera es la supuestamente liderado por los hermanos Awraham y Eli Gampel, sobre los que las justicias de este país europeo y de la vecina Bélgica tienen iniciadas sus propias pesquisas por tráfico de cocaína. La segunda, la encabeza por un tal Ahmed Chelhi, centrada en introducir hachís en Europa. El juez incluso cree que también 'lava' fondos derivados de la comisión de delitos fiscales de éstos.
Altas comisiones de formacilización, estudio y gestión
En su auto, el juez Serrano detalla que "el procedimiento de actuación" de Ravertis se inicia con la captación de dinero en efectivo de narcotraficantes y otros inversores, a los que vendía letras cambiarias por un importe equivalente al aportado. "El efectivo captado tenía una doble finalidad, por un lado la mayor parte era destinado al enriquecimiento ilícito de los investigados y la menor era destinada a la concesión de préstamos con garantía hipotecaria" a personas en apuros. En este punto, el auto detalla que sólo en 2007 y 2008, Ravertis concedió préstamos e hipotecas por importe aproximado de 9.780.000 euros, de las cuales "al menos 63 hipotecas fueron concedidas a desesperados prestatarios por importe aproximado de 3.286.000 euros", aunque a los mismos sólo se les entregó en realidad 2.039.000 euros en efectivo con el argumento del que resto se destinaba a pagar "comisiones de formalización, estudio y gestión" de los créditos.
A una de las víctimas le concedieron un crédito de 350.000 euros, pero sólo le entregaron 39.000
El juez calcula que con este sistema de usura Ravertis cobraba de media a las víctimas de sus hipotecas abusivas intereses superiores al 100%, "con el agravante de que el plazo medio de devolución del total de la hipoteca era inferior a los cinco meses". En uno de los casos, detallado en el auto judicial, una de las empresas del grupo Ravertis, Accendo Confianza S.A., concedió a una de las víctimas un prétamo de 353.220 euros, "aunque solamente se entregó en realidad un cheque por valor de 39.000 euros". En el sumario, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Grupo de Investigaciones Patrimoniales de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, ha tomado ya declaración a trece víctimas de la trama, ocho de las cuales reconocieron que aceptaron esas duras condiciones fruto de la "presión, coacción, amenaza y connivencia del notario" con los empleados de Ravertis y Accendo Confianza con los que firmaron las mismas.
Todo en carpetas
El propio juez detalla la dureza de las condiciones que la trama imponía a los que acudían a ellos en busca de préstamos: los 'intereses oficiales' que reflejaban los contratos encontrados se situaban entre "un 8% y un 22% semestral, se aplicaban sobre la totalidad de las cantidades, incluso sobre los intereses de usura, y el plazo de las hipotecas se hallaba entre cuatro y seis meses". La Policía ha encontrado en las oficinas de Ravertis documentación detallada de todos y cada uno de los créditos que concedía la empresa en carpetas individualizadas bajo el epígrafe común "análisis de la operación" que, según el magistrado, demuestra estas prácticas abusivas.
Además, las pesquisas han permitido recabar pruebas de que las actividades de Ravertis no se quedaba en la usura para lograr presuntamente el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, sino que supuestamente también era utilizado por la trama para canalizar el dinero con el que supuestamente se iba a pagar los servicios de los sicarios que debían asesinar a dos rivales. Siempre según el auto, los hermanos Gampel enviaron a través de la empresa parte del precio acordado para que matones asentados en España mataran en Málaga a los súbditos británicos G.R.P. y W.D., a los que un juzgado de Málaga los había absuelto de un delito de blanqueo por la compra de una casa en Marbella en un caso en el que sí resultó condenado la compañera sentimental de uno de los que supuestamente habían encargado el doble crimen. Lo que los investigadores aún no han podido concretar es cuál era el precio final del encargo.
