Una separación siempre duele y más cuando hay una menor de por medio. Así fue la ruptura de una pareja que se iba a enfrentar en los juzgados por la custodia de su hija. Cual fue la sorpresa del padre cuando en el juzgado se enteró que el abogado que había contratado no acudió a la cita y tampoco formaba parte del procedimiento legal. Ahora ese letrado está querellado por el delito de estafa y apropiación indebida.
El proceso agónico de este padre, Jesús E.C., comenzó el 1 de octubre de 2020 cuando le notificaron el procedimiento de medidas paternofiliales instado por su expareja. El Juzgado de Primera Instancia número 93 de Madrid fue el encargado de dirimir el proceso.
Este hombre puso su defensa en manos del abogado Adrián G.B., "dadas las buenas referencias que tenía de su prima a quien la llevo un procedimiento similar con buenos resultados", según la querella a la que ha tenido acceso Vozpópuli. El padre entendió que este letrado estaba especializado en esta clase de procedimientos y por eso contrató sus servicios.
El padre pagó 1.200 euros al abogado
Desde ese momento, Adrián G.B. comunicó a Jesús que se había personas en el procedimiento referido. Realizó tres Bizum de 400 euros para pagar sus servicios y mantuvo una comunicación fluida por correo electrónico con su representante legal.
Todo marchaba por los cauces normales hasta que el 14 de diciembre de 2020 se produjo "el desastre" ya que el abogado no acudió a la vista de medidas provisionales fijada por el juzgado. Este padre tuvo que aceptar un acuerdo perjudicial para sus intereses. El 50% del pago de la hipoteca, que la guardia y custodia sea ejercida por la madre, y el abono de una pensión de alimentos a favor de su hijo por importe de 200 euros.
No se personó ningún abogado para defender al padre
"Lo más grave de todo es que ese día por parte del Juzgado se le comunica que no consta ningún abogado personado en el procedimiento, y que no hay ninguna contestación a la demanda presentada", según consta en la denuncia. Ante esta situación, el padre "extrañado y asustado" se puso en contacto con Adrián, quien le comunicó que era "imposible" y que iba a hablar con el juzgado.
A la vista del transcurso del tiempo y sin tener noticia alguna sobre el estado del procedimiento, este progenitor se intentó poner en contacto en numerosas ocasiones con su letrado para preparar la vista definitiva de medidas paterno-filiales. "Todas las respuestas fueron evasivas e hizo caso omiso a los requerimientos" de la víctima, quien se presentó "el día señalado huérfano de toda defensa, sin abogado y procurador, y seriamente perjudicado en un procedimiento en el que nada obstaculizaba la solicitud de guardia y custodia compartida".
Ante esta situación, el padre contrató una nueva letrada, Mónica Balibrea del despacho es Legal Orbis abogados, quien revisó y comprobó que este legista constaba en el censo del Colegio de Abogados de Madrid por lo que "su actitud fue inexplicable y carente de todo fundamento". "Denota el ánimo voraz de engaño y de lucrarse indebidamente con el que actuó en todo momento", denuncian.
No daba señales de vida pero exhibía viajes en redes
Adrián G.B. no atendió a las llamadas ni a las misivas en las que el padre le requería la cantidad de dinero que había pagado por unos servicios que no prestó. Y es que mientras no daba señales de vida sí que exhibía sus viajes en la red social Instagram con fotos y videos de sus actividades deportivas.
Por todo ello, este padre en su querella pide la pena de dos años de prisión para este abogado por el delito de estafa y una multa de 24 meses e inhabilitación especial para su profesión por tiempo de dos años. También reclama al perjudicado la cantidad de 12.700 euros en concepto de responsabilidad civil.
Esta denuncia la lleva el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, cuya magistrada Rosa María Freire López dictó un auto el pasado 18 de enero por el que dio por conclusa la fase de instrucción para la averiguación de los hechos y dio traslado la causa al Ministerio Fiscal. Acordó la apertura del juicio oral y mantuvo la libertad provisional del abogado acusado.
La Fiscalía pide un año y medio de prisión
A pesar de ello, requirió a este letrado una fianza por importe de 7.600 euros, en el que se calcula la cuantía de las responsabilidades civiles y pecuniarias, y en caso de no prestarla actúese conforme a lo legalmente previsto. El abogado presentó un escrito de defensa en el que se oponía por las razones que llegará en su momento procesal y pide su libre absolución.
Por su parte, la Fiscalía considera en sus conclusiones provisionales que este abogado pudo incurrir en un delito de apropiación indebida y otro de deslealtad profesional. Propone imponer a este letrado una pena de un año y seis meses de prisión por el delito de apropiación indebida y 20 meses de multa a una cuota diaria de 10 euros por el delito de deslealtad profesional.
También considera que el abogado deberá indemnizar al padre con la cantidad de 1.200 euros por el importe defraudado. Ahora queda el enfrentamiento judicial de este hombre con un abogado que nunca le llegó a defenderle, con la esperanza de fondo de recuperar la custodia compartida de su hija.
