El PNV toma cartas en la crisis que enfrenta al Gobierno de Pedro Sánchez y a las empresas eléctricas comandadas por Iberdrola. Los peneuvistas, socios del Ejecutivo en el Congreso y tradicionales defensores de los intereses de las energéticas, ejercen una suerte de papel moderador entre las partes enfrentadas. Y en ello se afana el propio lehendakari, Íñigo Urkullu.
El papel del PNV como mediador en este conflicto puede ser decisivo para que el Congreso de los Diputados valide este jueves el decretazo a las eléctricas. Con su tradicional vitola de negociadores, los peneuvistas están moviéndose entre las empresas comandadas por Iberdrola y el Gobierno de Sánchez. Y los movimientos van en ambas direcciones, para facilitar el acuerdo entre los unos y los otros.
Fuentes consultadas por Vozpópuli aseguran que el lehendakari, Íñigo Urkullu, se ha implicado personalmente en estas gestiones. El presidente del Ejecutivo autonómico habría pedido al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, con quien mantiene una buena relación, que suavizase el tono de sus declaraciones contra el Gobierno -llegó a hablar de "terrorismo legislativo"- y que se aviniera a negociar una solución.
Otras fuentes del partido jeltzale remiten a este diario a las palabras que pronunciaba recientemente el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, durante un acto junto a Galán: "Todo el mundo tiene que estar ahora a la altura de las circunstancias".
Los peneuvistas consideran, por un lado, que el Gobierno tenía que actuar para frenar la escalada del precio de la luz y también creen que había poca capacidad de maniobra. Pero, por otro lado, entienden la posición de las eléctricas y, de hecho, apuestan por que el Ejecutivo las compense de alguna manera. Esa forma de compensación puede llegar por la vía de modificar el famoso decreto que se vota este jueves en el Parlamento o puede llegar por otras vías.
Una alternativa para el sector
No por casualidad precisamente este miércoles el PNV lanzaba una ofensiva en el Congreso para pedir a Sánchez reformas en el decreto y, horas después, el Gobierno vasco proponía una vía alternativa para dar aire al sector. En primer lugar, la consejera de Desarrollo Económico del Ejecutivo autonómico, Arantxa Tapia, mostraba su esperanza ante la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez revisase el decreto de la ministra Ribera después de la respuesta en ese sentido del presidente a la intervención del portavoz jeltzale, Aitor Esteban, en el Parlamento.
A juicio del Ejecutivo de Urkullu, la decisión gubernamental está teniendo un efecto negativo en la industria debido a que las eléctricas están repercutiendo la penalización impuesta en los contratos a precio fijo con los grandes clientes, esto es, con la compañías del tejido industrial. Por ello, Tapia presentaba varias propuestas para solventar la crisis, entre las que destacaba, sobre todo, una petición al Estado para que asuma temporalmente, o al menos pueda aplazar, la parte fija de la factura ligada con cargos e impuestos. Una cifra que supone cerca del 45% del total de la factura. Y una propuesta en línea con la senda marcada por la Comisión Europea. Pero, sobre todo, una forma de contentar a ambas partes.
Urkullu necesita a Iberdrola
“El PNV se asusta con cualquier posibilidad que pueda debilitar a Iberdrola”, detallan fuentes del mercado sobre este papel de la formación política en este decreto. “La eléctrica es el segundo máximo contribuyente de la diputación foral de Vizcaya tras Petronor y tiembla con cualquier inestabilidad de su negocio”, detallan estas mismas fuentes.
Desde el sector van más allá. Consideran que la formación de Urkullu siempre se decantará por los intereses de las empresas energéticas que operan en el País Vasco. Los peneuvistas han tardado cerca de un mes en pronunciarse públicamente sobre este controvertido real decreto-ley. “Las paradas de las instalaciones renovables, el impacto de 1.000 millones al mes a Iberdrola y los problemas que está sufriendo el tejido industrial vasco han empujado a la formación a tomar cartas en el asunto”, declaran las mismas fuentes.
La formación que lidera Íñigo Urkullu también ha visto este miércoles como la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) enviaba su protesta a Teresa Ribera. Los empresarios vascos advierten de consecuencias "muy negativas" a la industria vasca tras la aprobación del decreto. “Las empresas de Euskadi necesitan, hoy más que nunca, un entorno regulatorio estable y conocido, más aún en estos momentos de inicio de recuperación económica tras los efectos sufridos con la pandemia”, detallan en su comunicado.
Los efectos que alerta Confesbask ya se están haciendo mella a grandes industriales vascos. La planta principal que Sidenor tiene en Basauri (Vizcaya) cerrará al menos durante veinte días por la escalada del precio de la energía, según anunciaba esta semana la propia empresa. Es decir, la mediación de Urkullu en la convalidación de este decreto llega por Iberdrola y por un tejido industrial que ya está dando las primeras señales de peligro.
