El juez de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, considera al presidente del PP de la capital balear, José María Rodríguez, el "artífice en la sombra del organigrama corrupto" ideado en la Policía Local para servir a los intereses del partido. En un auto de prisión preventiva dictado el pasado febrero para uno de los agentes investigados en la presunta trama de corrupción en el cuerpo policial de Palma, el juez detalla que se filtraron los exámenes de oposición a oficial que se hicieron en mayo de 2012 con el objetivo de "crear una estructura corrupta" para actuar con impunidad y "al servicio de determinados políticos y su partido".
Según el juez, "el artífice en la sombra del organigrama corrupto que se pretendía organizar sería José María Rodríguez"
Según el juez, "el artífice en la sombra del organigrama corrupto que se pretendía organizar" mediante la filtración de exámenes y con los nombramientos para determinados puestos "sería José María Rodríguez", a quien achaca que "pretendía indiciariamente rodearse de un grupo de agentes a quienes se les facilitaría la colocación y ascenso en el escalafón policial". Los partidos de izquierdas, y hoy mismo Ciudadanos, han reclamado ya la dimisión o destitución del presidente del PP de la capital balear por las graves imputaciones recogidas en el sumario, aunque el magistrado aún no le ha citado a declarar como investigado.
En su larga trayectoria política, el dirigente popular ha sido concejal del Ayuntamiento de Palma, conseller de Interior y delegado del Gobierno, puesto este último que ocupó de finales de 2011 hasta julio de 2012 y que abandonó a raíz de su imputación en el caso Over, relativo a la presunta financiación ilegal del PP. Cuatro de los agentes investigados por "hechos gravísimos" en el caso de la policía se reunieron con él en la sede del partido, según un testigo protegido que ha declarado en la causa, lo que en opinión del juez "corrobora indiciariamente el carácter criminal del organigrama ideado por Rodríguez, ajeno completamente a la profesionalidad y méritos que cabe esperar y desear de los mandos policiales".
"Protegidos" por el PP
En el auto, incluido en la parte del sumario sobre la que el juez levantó esta semana el secreto, se recoge un testimonio que explica que, en las reuniones para colocar al frente de la Policía Local solo a personas afines al PP, participaban Rodríguez, el entonces coordinador municipal y concejal Álvaro Gijón y el que era director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Enrique Calvo. El sumario incluye también la declaración de un policía integrado en el Grupo de Actuación Preventiva (GAP) que señala que los miembros de la unidad 2 actuaban de forma autónoma en la Playa de Palma y "alardeaban de sus contactos políticos" y de estar protegidos por el PP.
Relató que siendo Rodríguez delegado del Gobierno llamó a uno de los policías presuntamente corruptos y le ordenó actuar contra la venta ambulante en el centro de Palma, lejos de su zona de intervención habitual. También explicó al juez que en otra ocasión escuchó como uno de los policías imputados se vanagloriaba de la protección del concejal del PP Álvaro Gijón: "Mientras que esté el enano en Cort a nosotros no nos van a tocar".
Uno de los policías imputados se habría vanagloriado de la protección de Álvaro Gijón: "Mientras que esté el enano, no nos van a tocar"
El magistrado añade en otro auto que otras líneas de investigación corroboran que algunos miembros de la Patrulla Verde y empleados del Ayuntamiento han sido presuntamente utilizados como instrumento "al servicio de las turbias maniobras del señor Rodríguez", de manera que los empresarios que no se sometían a sus finalidades eran presionados mediante inspecciones y denuncias injustificadas. Otro policía testigo le ha atribuido el uso de policías involucrados en la trama para investigar a rivales políticos, tanto de su partido como de otras formaciones.
Asimismo, un empresario ha declarado que los policías corruptos organizaban fiestas con prostitutas y drogas a las que invitaban a políticos. En este caso, que se instruye desde 2013, el juez ha dictado prisión preventiva para 16 policías y un funcionario. El magistrado y la Fiscalía Anticorrupción investigan presuntos delitos de tráfico y tenencia ilícita de armas, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, coacciones, cohecho, amenazas, extorsión, falsedad, uso de información privilegiada, delitos contra la salud pública, fiscales y contra el medio ambiente
