Santiago Pedraz ha abierto juicio oral a todos los acusados de la causa del 3%, incluidas las formaciones políticas Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y su sucesora el PDeCAT. El instructor sienta en el banquillo a los dos partidos, en su condición de personas jurídicas, así como al resto de acusados (entre los que se encuentran los extesoreros de esta última Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca) por financiar presuntamente de manera ilegal a la formación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 envía al banquillo a cerca de una treintena de personas investigadas en esta causa (entre políticos empresarios y funcionarios de distintas administraciones de Cataluña) aunque decreta el archivo provisional parcial para el empresario Juan Antonio Carpintero. El juez actúa de esta forma tras recibir el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide penas de hasta 22 años de prisión para los principales acusados del 3% ,así como multa de 3 millones de euros para el PDeCAT.
El Ministerio Público, que atribuye a todos ellos delitos de organización criminal, fraude, corrupción entre particulares, tráfico de influencia, cohecho, prevaricación y blanqueo, sostiene que se trató de una actuación "sistemática" de, por un lado, recepción de dinero de parte de los empresarios y, por otro, transformación del mismo en ingresos para el partido que fundó Jordi Pujol.
168 millones en adjudicaciones
Los principales acusados controlaban de primera mano las licitaciones de obra pública en aquellas localidades y organismos dependientes de la Generalitat para poder adjudicársela a empresarios de la órbita. En relación con Convergencia Democrática de Cataluña, los responsables eran Germá Gordó (para el que se pide la pena máxima de 22 años de cárcel), además de los extesoreros Andreu Viloca (considerado "centro neurálgico" de la estructura) y Daniel Osácar. Se trata de personas del entorno más cercano del entonces presidente de Cataluña, Artur Mas.
Fiscalía Especial contra la... by Vozpópuli
"Todos ellos desarrollaron acciones dirigidas a un solo fin: subvertir las reglas de competencia del mercado para obtener un beneficio y lucro personal ilícito en el caso de los empresarios y político en el caso de los dirigentes del partido, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo", expuso Anticorrupción en su escrito de acusación.
Al respecto identifican reuniones de empresarios cercanos a la formación soberanista que fueron los que se adjudicaron los contratos públicos. En algunos casos, según sostiene el Ministerio Público, incurriendo en irregularidades para ello. El monto total de las licitaciones comprometidas asciende a 218,7 millones de euros, mientras que el importe de las adjudicaciones fue de 168,7 millones.
Donaciones a cambio de contratos
Durante la investigación de la conocida como trama del 3% se incautaron de anotaciones y correos electrónicos en los que se anotaba el desvío de presuntas mordidas de empresarios vinculados en los hechos. Al respecto la Fiscalía explicó que las donaciones en ocasiones estaban vinculadas directamente a contraprestaciones por la adjudicación de contratos concretos y, en otras, para mantener la relación "privilegiada" que gozaban en aquel momento.
Así, se acusa a los implicados en la red de utilizar entes públicos como la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), el Consorci d'Educació de Barcelona y Barcelona de Infraestructuras Municipales (o BIMSA). Todo ello bajo el mandato de Convergencia Democrática de Cataluña, que canalizó los supuestos pagos a través de las fundaciones ligadas al partido: Catdem y Fórum Barcelona.
Multa de 3 millones al PDeCAT
Al respecto la Fiscalía determina que Viloca -que era fundamentalmente el encargado de triangular con autoridades y empresarios- llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones bajo la esfera de poder de Convergencia. Además, destaca que la formación no disponía de sistema para evitar estas supuestas irregularidades ni tan siquiera de un "mero protocolo de control interno". Del mismo modo cuestiona el nacimiento del PDeCAT, al considerar que el partido se formó para evitar responsabilidades penales por estos hechos.
"La creación del PDeCAT, lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido, vinculado en sus orígenes, pero independiente del partido que lo impulsaba, CDC, fue la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC", concluye Anticorrupción. Por ello el ente pide una multa de 3 millones para el partido que lideró Artur Mas.
