El Ministerio del Interior, por medio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha puesto en marcha un plan específico de “reinserción y reeducación” para los 2.044 presos por corrupción y delitos económicos. Contempla que los condenados se sienten cara a cara con sus víctimas directas. Prisiones lleva cerca de año y medio preparando esta iniciativa con psicólogos especializados que han diseñado un tratamiento de hasta once meses de duración. Se trabajará con los reclusos aspectos como el “narcisismo”, el valor del dinero o incluso las falsas necesidades que genera la publicidad.
Iñaki Urdangarin, Francisco Correa, Luis Bárcenas, los miembros de la familia Ruiz-Mateos. Todos los protagonistas de las crónicas de corrupción de los últimos años en España podrán acogerse a este programa voluntario. Según detallan a Vozpópuli fuentes conocedoras del proyecto, va dirigido a todos los condenados de tipo económico. Desde delitos de urbanismo, hasta los que van contra la Hacienda pública o la seguridad social pasando por delitos contra el patrimonio.
Solo por la primera época de la trama Gürtel, el Tribunal Supremo condenó en firme a 29 acusados por la corrupción que anido en el seno del PP durante años. Además de los ya citados, en la lista hay exalcaldes como Guillermo Ortega o Jesús Sepúlveda, exconcejales como Juan José Moreno o Ricardo Galeote o exdiputados como Jesús Merino. El alto tribunal ya había condenado anteriormente a otras once personas relacionadas con el pabellón valenciano de Fitur, entre ellos el exdirigente popular Pablo Crespo. Esta semana la Audiencia Nacional ha dictado otros 19 condenada por la corrupción en torno a la visita del Papa a Valencia. En el calendario judicial aguardan otras causas como los papeles de Bárcenas o el caso Villarejo, entre otros.
Las fuentes consultadas indican que este plan también está previsto para presos que sigan cumpliendo su condena en régimen de semilibertad como es el caso del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, condenado en firme por el uso de la tarjetas black de Caja Madrid en 2018 junto con otras 63 personas entre las que abundan los excargos públicos.
Son los llamados delincuentes de cuello blanco. Quedan excluidos por tanto perfiles ya sujetos a otros programas específicos como carteristas, extorsionadores o atracadores. Esta idea se llama Plan de Intervención en Delitos Económicos y responde a las siglas de PIDECO. El plato fuerte llega en la recta final con la llamada justicia restaurativa. Salvando las distancias, es un concepto que ya se empleó hace una década en la llamada Vía Nanclares. Presos de ETA que habían roto con su pasado participaban en talleres junto a víctimas directas o de otros atentados.
Frente a sus víctimas
En este caso también se incluyen actividades en las que los corruptos tendrán que sentarse con sus víctimas. El objetivo, según estas fuentes, es que el preso se responsabilice de sus actos, pida perdón y busque la manera de reparar el daño. Pero esta es la última estación de un tratamiento diseñado para 32 semanas a razón de una sesión semanal. Antes habrán tenido que realizar actividades sociales con personas de otros entornos, profundizar en valores como la lealtad o la honestidad. En esta fase se trabaja con los internos el valor que le dan al dinero y la ostentación de poder.
En el campo de la reeducación, Prisiones propone combatir el egocentrismo o la manipulación, conceptos que “con frecuencia se encuentran asociadas a este tipo de delincuencia”. Antes se habrá reforzado la identidad de los presos. Los psicólogos que han diseñado el plan PIDECO sostienen que niveles bajos de autoestima “se relacionan con la comisión de delitos por lo que se hace necesario su abordaje”. En total, las 32 semanas recorren siete Unidades Terapéuticas.
El 5% de la población reclusa
Vozpópuli ya avanzó el año pasado que el Ministerio estaba trabajando en esta estrategia. Las fuentes consultadas admiten que su puesta en marcha se ha retrasado más de lo que estaba previsto por la falta de referencias en otros países y porque la pandemia ha obligado a aplazar todos los trabajos. El origen está en la preocupación ante el auge de presos por delitos relacionados con los delitos económicos. Fuentes penitenciarias informan de que la cifra supera ya el 5 por ciento de la población reclusa en España.
El grupo de expertos que ha trabajado en este proyecto realizó antes un estudio de diversos perfiles de presos condenados por delitos económicos y también sobre personas que desempeñan puestos de responsabilidad en grandes empresas. En concreto, la muestra se hizo sobre 78 personas, entre ellas dos mujeres. El plan PIDECO contará con una plantilla de 40 psicólogos para poner en marcha esta estrategia a lo largo de 31 cárceles y nueve Centros de Inserción Social (CIS).
Fuentes penitenciarias explicaron al inicio de estos trabajos a este periódico que los programas de intervención no tienen incidencia en el régimen de cumplimiento de los presos. Es decir, el delincuente de cuello blanco que se acoja al programa no pasará a cumplir su pena en tercer grado, advierten las fuentes consultadas, si bien admiten que se puede valorar positivamente. Al menos ante otros casos, las Juntas de Tratamiento de las prisiones suelen tener en cuenta la asunción del delito, el arrepentimiento o la conducta positiva a la hora de decidir sobre permisos o progresiones de grado.
