La causa que investiga los pormenores del rescate de Plus Ultra cuenta, entre sus objetivos prioritarios, con sumar las conclusiones del peritaje que se acaba de acordar a petición de las acusaciones populares. La magistrada al frente de este procedimiento penal que arrancó en abril, Esperanza Collazos, quiere contar primero con el informe del experto antes de llamar a los primeros testigos propuestos. Se trata de tres altos cargos de la SEPI que examinaron toda la documentación enviada por la aerolínea para acceder a las ayudas de 53 millones de euros.
Desde que se incoaran diligencias por presuntos delitos de malversación en este rescate con fondos públicos, la instructora se ha dedicado a recabar documentación clave de todos los entes que forman parte del procedimiento y entre los que se encuentran la propia Plus Ultra, la SEPI o el Gobierno. Ahora, más de tres meses después del arranque de las pesquisas, se abre un nuevo escenario marcado por el trabajo encargado al perito experto en economía Alfredo Moreno Mínguez. La finalidad es arrojar luz de los pormenores de este rescate que autorizó la SEPI con recursos del fondo para empresas estratégicas afectadas por la covid.
Según plasma en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, su intención es aguardar al trabajo del experto antes de llamar a declarar a los testigos propuestos por Vox. El partido, que figura como acusación popular, ha vuelto a insistir a la magistrada en que quieren contar con el testimonio de tres personas determinantes en la autorización del paquete de las ayudas a Plus Ultra. Ellos son el director y la subdirectora de participadas de SEPI, José Ángel Partearroyo y Caridad de Andrés, respectivamente, además de Javier Loriente. Este último en calidad de exsecretario del consejo y exdirector de Asuntos Jurídicos.
La formación que lidera Santiago Abascal requirió la presencia de estos tres testigos en junio y lo volvió a recordar hace apenas unos días apuntando que ellos fueron los responsables técnicos que examinaron la documentación presentada por la aerolínea y también los que se encargaron de definir las subsanaciones necesarias en el expediente. La magistrada, en una providencia del pasado 21 de julio, da por adherida esta petición pero la relega hasta escuchar primero las conclusiones del perito de parte.
Pendientes del peritaje
Mientras tanto, el juzgado sigue a la espera de que la compañía, que también figura como querellada en la causa, remita al órgano judicial los motivos que justifiquen la necesidad de acceder al préstamo de 34 millones, del total de 53 millones comprometidos en el rescate acordado en marzo, cuyo desembolso ha sido suspendido. La instructora de la causa dio un plazo de cinco días a la mercantil para que remita sus razonamientos después de suspender cautelarmente el desembolso de este préstamo participativo que se iba a hacer efectivo por parte de la SEPI el próximo 28 de julio.
La magistrada tomó la decisión amparándose en la existencia de este procedimiento penal que se incoó por malversación en abril pero que se ha ampliado a presuntos delitos contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones, cohecho y tráfico de influencias. A su juicio, los indicios que obran en la causa son suficientes para paralizar el pago de esta segunda parte del rescate (ya se abonaron los primeros 19 millones), al menos hasta que Plus Ultra explique por qué es tan necesario este capital.
A falta de conocer su respuesta, la propia defensa legal de la compañía ya adelantó que se oponía a esta medida cautelar suplicando hasta en tres ocasiones en su escrito que no la acordara. La firma se amparó en los informes que obran en la causa de Deloitte y otros entes relativos a la idoneidad del pago y dijo que la paralización del préstamo la "condenaría inevitablemente a una dramática situación financiera". Igualmente advirtió que peligraba el cumplimiento del plan de viabilidad trazado en el marco de su compromiso con el Gobierno para devolver los 19 millones de euros ya prestados.
Fiscalía y Abogacía no van de la mano
Aunque la Abogacía General del Estado respaldó lo reclamado por la mercantil, la Fiscalía se desmarcó y plasmó en su escrito que era necesario que Plus Ultra explicara las partidas a las que iba a destinar los 34 millones de euros del préstamo participativo (como podría ser el pago de proveedores). El Ministerio Público advirtió que se hace necesaria esta justificación teniendo en cuenta que no solo se investiga prevaricación y malversación, sino también un delito de fraude de subvenciones.
Frente al criterio de la Fiscalía se encuentra la Abogacía General de Estado. Los servicios jurídicos del Gobierno de Pedro Sánchez se opusieron con dureza a la decisión de la juez advirtiendo que era "indispensable" el desembolso si no se quería poner en peligro la primera parte de la ayuda inyectada. También dijo que los expertos habían sido "objetivos e imparciales" en su dictamen y que ninguno de los integrantes del Consejo Gestor tenía "interés distinto perseguido al interés general" de la SEPI.
La abogada del Estado Rosa María Seoane defiende al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, además de los otros cinco miembros que integran este Consejo, como la exsecretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva, que acaba de ser nombrada presidenta de Patrimonio Nacional. Pese a su defensa, las acusaciones sostienen que se pudo cometer delito con esta ayuda ya que las pérdidas de la aerolínea se remontan al año de su creación, en 2011.
Igualmente también aluden a sus nexos con el chavismo. Tal y como destapó este periódico, la mitad de las acciones de Plus Ultra pertenecen a Snip Aviation. Se trata de una compañía inscrita en el Registro Mercantil de Madrid pero cuyos dueños son empresarios cercanos a la órbita de Nicolás Maduro, como es el caso de Rodolfo José Reyes Rojas. El objetivo de los investigadores ahora es acreditar si la empresa cumplía o no las exigencias del Gobierno para recibir la inyección de 53 millones de euros que autorizó el Consejo de Ministros en marzo.
