Las acusaciones personadas en el procedimiento contra Plus Ultra dan la batalla para evitar el archivo de esta causa. Tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de anular la citación como imputada de la compañía, Vox ha movido ficha para que pueda declarar por el rescate de 54 millones de euros que autorizó el Gobierno en marzo de 2021.
El partido, personado como acusación popular, ha interpuesto un incidente de nulidad contra el auto del pasado 17 de noviembre y ha pedido que la causa vuelva al momento en que la juez citó como imputada a la firma por presuntas irregularidades con el rescate. La formación se ampara en doctrina del Tribunal Supremo, así como en una circular que emitió la Fiscalía General del Estado el 8 de abril 2021 y que firmó su entonces responsable, Dolores Delgado.
En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se hace referencia a esta circular relativa a los plazos de la investigación judicial. Al respecto apunta que la jurisprudencia admite que se pueda tomar declaración a un imputado fuera del plazo legal. El motivo que esgrime la circular que firmó la ex fiscal general del Estado y exministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez es que la declaración del investigado tiene una doble naturaleza ya que no solo es un acto de la investigación, sino que también constituye una garantía de defensa.
Indefensión a Plus Ultra
Así pues, el partido, que insiste en que se investiguen los detalles de este desembolso millonario a Plus Ultra, apela a su derecho de defensa para que la juez pueda terminar interrogándole. La defensa legal de Vox asegura que la decisión de la Audiencia de Madrid supone una infracción del artículo 24 de la Constitución y genera indefensión tanto a la formación como a la aerolínea.
Acordar la declaración de Plus Ultra, aun fuera de plazo, supone la salvaguarda de los derechos de los investigados
El procedimiento, que se dirige contra Plus Ultra y también contra los miembros del Consejo Gestor de la SEPI que aprobaron el rescate, quedó antes de verano en punto muerto. Como avanzó Vozpópuli, la magistrada acordó su citación como imputada el 25 de mayo y le emplazó a declarar en junio para esclarecer si, como sostienen los peritos independientes, la mercantil no cumplía todos los requisitos exigidos por el Gobierno para recibir parte de los fondos destinados a las empresas afectadas por la pandemia.
Sin embargo la aerolínea recurrió la diligencia avisando de que era nula porque se acordó tras expirar el plazo de 12 meses de instrucción de la causa. Los representantes legales de esta mercantil con nexos con Venezuela intentaron frenar la diligencia advirtiendo de que la magistrada Esperanza Collazos les citó como imputados sin haber prorrogado la causa y, por tanto, fuera de plazo.
Una causa en la cuerda floja
La juez denegó la pretensión y mantuvo que tenían que comparecer. Alegó entonces que el plazo no contaba desde la apertura de estas diligencias sino desde su imputación y, por tanto, no había irregularidad alguna. Plus Ultra recurrió y la Audiencia de Madrid ha terminado dándoles la razón y dejando herida de muerte esta causa abierta por delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental o fraude, entre otros.
Ahora Vox entra en escena para pedir que se escuche a los representantes legales de la firma en los juzgados de Plaza Castilla aunque su citación sea extemporánea. "Acordar la declaración del investigado, aún fuera de plazo, supone la salvaguarda de sus derechos (...). No cabe confundir la práctica de cualquier diligencia de investigación con la declaración del investigado, quien es el mayor interesado en que ésta se produzca", dicen.
Sin embargo la aerolínea no solo se ha opuesto a declarar, sino siempre que ha negado la existencia de la causa. La firma ha cargado contra las acusaciones populares y contra decisiones clave del juzgado (como el peritaje independiente acordado) asegurando que no hubo ninguna irregularidad con el desembolso millonario. A sus tesis se han sumado la Abogacía General del Estado, que defiende, entre otros, a la exsecretaria de Estado de Economía y actual presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva.
Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha mantenido vivas las diligencias ante la sospecha de que Plus Ultra no cumplía con los requisitos exigidos por el Gobierno de Pedro Sánchez para acceder a las ayudas. Precisamente para esclarecer este capítulo encargó a un despacho independiente un informe pericial que se aportó a la causa en octubre del año pasado.
La polémica del careo
El documento, que también se recurrió y que acabó avalando la Audiencia de Madrid, ponía el acento en tres episodios. En primer lugar advirtieron de la canalización de una línea de crédito en un banco domiciliado en un paraíso fiscal; en segundo advirtieron de que las provisiones de 1,8 millones de euros por pleitos judiciales deberían haber tenido reflejo en la cuantificación del patrimonio neto a fecha de enero de 2020 y en tercero alertó sobre una incorrección superior a los 6 millones de euros en las cuentas claves para otorgar el rescate.
Los expertos plasmaron que la mercantil se reportó una ganancia de 6,34 millones en 2019 con la venta de avión de cuyo valor contable era de 2,66 millones. El perito puso en tela de juicio que se reportara esa ganancia y dijo que la posible irregularidad afectaba directamente a los beneficios de ese año y al patrimonio neto. Se trata de unas cuentas claves ya que uno de los requisitos exigidos por el Gobierno era que las empresas en cuestión no estuvieran en crisis a cierre del ejercicio de 2019.
Teniendo en cuenta que las conclusiones de este peritaje chocaban con lo plasmado por la SEPI, y que incluso la Abogacía y la Fiscalía pidieron anular la investigación del perito, la juez ordenó un careo para confrontar conclusiones. En el acto los expertos del juzgado no solo reiteraron sus conclusiones sino que apuntaron que Plus Ultra estaba en causa de disolución en las cuentas previas al rescate.
Sin embargo, esta diligencia clave celebrada en enero de este año, se tuvo que anular al detectarse fallos en la grabación del juzgado, tal y como avanzó este medio. La juez ordenó su repetición y la repitió en marzo, lo que se tradujo en una ralentización de la investigación. En este segundo encuentro las partes volvieron a confirmar sus conclusiones aunque con la salvedad de que en el acto estuvo presente el perito de la aerolínea.
En este careo también salió a la luz que una de las primeras cosas que hizo Plus Ultra tras recibir la millonaria inyección fue pagar petróleo de Venezuela, en concreto de la firma estatal PDVSA. El perito de la aerolínea respondió que se debía a que tenían que pagar a su proveedor y saldar así las cuentas pendientes. Dijo, al respecto, que era un movimiento completamente habitual, aunque matizó que no se pudo pagar la deuda con PDVSA por motivos del embargo y sanciones internacionales.
Palacheca
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