Unidas Podemos ha planteado al Gobierno la puesta en marcha de nuevas iniciativas de apoyo a pymes y autónomos de la hostelería afectados por las restricciones de la pandemia del coronavirus, un plan que incluye un fondo de 8.000 millones de euros para ayudas directas, una moratoria bancaria de un año y medidas para combatir la morosidad en el sector.
El grupo confederal, que comparte el Gobierno con el PSOE, ha plateado estas medidas en sendas cartas enviadas a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Aunque celebrando las medidas aprobadas hasta ahora por el Gobierno del que forman parte, Unidas Podemos cree que solo son "respiración asistida" pues, asegura, no frenan el endeudamiento de estos negocios.
A medias con las CCAA
En este sentido, desde la formación morada llaman a "diseñar y poner en marcha un plan ambicioso de ayudas directas", en coordinación con las comunidades autónomas, con un fondo inicialmente dotado de 8.000 millones, a partes iguales entre Administración central y comunidades.
Unidas Podemos propone que las ayudas se otorguen en un régimen de cofinanciación, para complementar las ayudas reconocidas por las comunidades --por cada euro inyectado por una Administración, el Estado se compromete a aportar otro-- y tengan carácter retroactivo, desde el inicio de la pandemia, hasta fin de año. Así, el marco temporal de las ayudas se remontaría a marzo de 2020.
Cubrir el 75% de costes
Las ayudas directas para aquellas empresas de menos de 50 trabajadores se otorgarán a aquellas que acrediten una caída del 30% en el volumen de facturación con respecto al mismo mes de 2019 y recibirán una ayuda extraordinaria para cubrir el 75% de los costes fijos en los que estén incurriendo, descontando aquellos costes fijos que hayan sido sufragados por otras ayudas. En el caso de micropymes, el porcentaje se elevará al 90%.
En el caso de los autónomos, quiere aumentar hasta el 70% de la base reguladora la cuantía de todas las modalidades de prestaciones extraordinarias por cese de actividad, con un mecanismo que otorgue "seguridad jurídica, eficacia y baja carga burocrática" para acreditar la reducción de ingresos en autónomos del sistema de módulos.
Moratoria bancaria de un año
La propuesta contempla también una moratoria con la banca de un año para suspender todas las obligaciones financieras por préstamos, arrendamientos financieros y demás productos bancarios vinculados a la actividad de pymes y autónomos.
Finalmente, para combatir la morosidad en el sector, pide desarrollar un régimen que regule las infracciones y las sanciones por incumplimiento en los plazos de pago, sin necesidad de requerir denuncia de parte y activar un sistema arbitral de morosidad gratuito para someter posibles controversias.
