La cruzada de Unidas Podemos contra el modelo Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) sigue adelante. Si bien el primer partido político en incluir en su programa electoral una propuesta para eliminar la mutualidad fue Más País, la formación de Ione Belarra ha tomado la delantera y propone ahora formalmente iniciar su desaparición a pesar de que supondría un gasto extra de 800 millones al Estado.
La ofensiva tiene forma de PNL y ha sido registrada esta semana en el Congreso de los Diputados, como adelantó Redacción Médica. En ella, aboga por que las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general de la Seguridad Social. Muface es la mutualidad que da asistencia a los funcionarios públicos, permitiéndoles elegir entre dos opciones: la Seguridad Social y la sanidad privada. Dentro de la sanidad privada, hasta la fecha, existe la opción de elegir entre cuatro proveedores: SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV o Igualatorio Cantabria.
El 76% de los 1,7 millones de usuarios de Muface elige la sanidad privada frente al 24% que opta por la seguridad social. Según el discurso de Unidas Podemos de los últimos años, este modelo genera una "inequidad", debilita el sistema público de salud y favorece el enriquecimiento de entidades privadas mediante el dinero público. Su propuesta consiste en que los nuevos funcionarios no tengan acceso a Muface y reciban asistencia directa de la Seguridad Social.
Esta posición es compartida por Más País, que en su programa electoral de 2019 proponía "incluir, dentro de la cobertura sanitaria universal, a las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (Muface-Mugeju-Isfas). Además, eliminar la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos".
Posibilidades de éxito
La PNL de Podemos no puede ir, de facto, más allá de instar a su socio de Gobierno a valorar la supresión de Muface. Sin embargo, hasta la fecha, el Partido Socialista se ha mantenido firme en su decisión de mantener Muface. ¿Todo el PSOE? No, una pequeña facción resiste al posicionamiento central, y es el Partido Socialista Catalán (PSC).
El PSC de Salvador Illa incluyó en su programa para las elecciones catalanas la revisión del modelo Muface, un objetivo que dejó aparcado al no alcanzar una mayoría suficiente para gobernar en Cataluña.
Ahora mismo, la defensa del modelo Muface recae sobre María Jesús Montero, que además de Hacienda asumió la cartera de Función Pública en la última remodelación del Gobierno. Se trata del tercer ministro encargado de la mutualidad en lo que va de legislatura tras Carolina Darias y Miquel Iceta. El vaivén de ministros encargados de la cartera de Función Pública ha generado malestar en las altas esferas de la mutualidad, como adelantó Vozpópuli.
Ahorro de Muface al Estado
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), constituido por las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas de España, ha reaccionado en cuanto ha conocido la noticia y ha cargado contra la propuesta de Podemos: "Es el inicio del fin de un modelo bien consolidado".
IDIS ha emitido un informe específico donde analiza los beneficios de Muface para las arcas del Estado y para el Sistema Nacional de Salud. El IDIS calcula que en el caso de que todos los mutualistas pasaran a recibir asistencia de la Seguridad Social, el Estado incrementaría sus costes en 800 millones de euros. Es decir, la atención sanitaria a los mutualistas pasaría de costar 2.230 millones de euros a 3.030 millones.
Pero el coste económico no es el único a tener en cuenta. La marcha de todos los mutualistas al sistema público de salud supondría también incrementar de manera importante la sobrecarga asistencial de la sanidad pública. Ahora mismo, el tiempo medio de espera para una operación quirúrgica es de 170 días en la sanidad y pública. Una simple consulta con el especialista supone una espera media de 115 días.
Eliminar Muface implicaría sumar 1,7 millones de personas a la seguridad social, lo que aumentaría la lista de espera 30 días más tanto para las operaciones quirúrgicas, como para las consultas con especialistas.
