Podemos no litigará como perjudicado en la causa abierta en un juzgado de Madrid contra una presunta red dedicada al blanqueo de capitales. La juez Cristina Díaz ha declinado la petición del partido de personarse en estas diligencias alegando que no hay indicios en el procedimiento que le hagan ostentar la condición de víctima de los hechos. En concreto, se investiga a un clan parapolicial que extorsionó a exaltos cargos de Venezuela a cambio de sustraerles información sobre la financiación del partido.
La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid da respuesta a la petición de Podemos en una escueta providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en la que explica que ni del informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se solicitaba actuar contra los imputados, ni tampoco del atestado instruido por la Unidad de Asuntos Internos se desprende que la formación que lidera Ione Belarra ostente la condición de perjudicada.
Del atestado de Asuntos Internos no se desprende que Podemos ostente la condición de Podemos pero si aparecen hechos nuevos podrá ser tenido como interesado
No obstante, matiza que si a lo largo de la instrucción aparecen nuevos hechos sobre Podemos y éste acredita un "interés legítimo directo", entonces podría litigar como interesado. Precisamente esa es la figura que la Fiscalía Anticorrupción propuso que se le concediera a Podemos para poder actuar en el procedimiento. Se trata de un estatus en el que se le reconocería como damnificado de los hechos que aquí se investigan.
Información sobre Podemos
Estas diligencias provienen de una investigación abierta en la Audiencia Nacional por presunto desfalco de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Los fiscales Anticorrupción de este procedimiento solicitaron al juzgado que desgajase una parte de la causa y la enviase a los juzgados ordinarios de Plaza Castilla tras adherir un informe de la UDEF que apuntaba a la existencia de un grupo de personas que trataron de extorsionar a cargos venezolanos imputados en la causa de PDVSA.
El oficio policial no solo señalaba a los presuntos integrantes de la trama, sino que acompañaba también las declaraciones, en calidad de perjudicados, de algunos de estos cargos, siendo alguno de ellos Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos (ambos exviceministros de Energía del Gobierno de Hugo Chávez) o el que fuera director de los servicios secretos bolivarianos, Carlos Luis Aguilera.
Los miembros de la trama buscaban información sobre Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela
Ya entonces, la Policía Judicial apuntó a la existencia de una "organización criminal" dedicada a "canalizar fondos que han tenido como destinatarios a funcionarios públicos españoles". "El modus operandi consistió en aproximarse a venezolanos relacionados con actividades de blanqueo de capitales con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos como el SEPBLAC o la propia Policía Nacional con el fin de solucionar los problemas que el ciudadano venezolano iría a tener por estar investigado por estos organismos”, reza la UDEF.
La trama les prometió inmunidad y seguridad a cambio de que les informaran de los vínculos de Podemos con Venezuela. Aunque hay más de una decena de imputados, el núcleo duro lo constituyen el abogado José Martín Aliste (considerado como el 'captador' de los venezolanos), el policía municipal de Madrid Daniel Renuncio; el exmilitar israelí Alberto Galán; el inspector de Policía David Berruguete y Martin Rodil; un lobista estadounidense conocido por ser el representante legal del exministro venezolano de finanzas Rafael Isea.
Así operaban
La UDEF les define como un "grupo criminal que recibió millones de euros" procedentes de estos exaltos cargos de Venezuela. Según consta en el sumario al que ha tenido acceso este medio, la red se valió de una importante estructura societaria que canalizó los fondos mediante contratos y facturas ficticios. Incluso ingresaron importantes cantidades en metálico.
Al respecto también han jugado un papel clave los perjudicados. En su mayoría comparecieron ante los agentes ya en 2018 para explicar detalles de la trama. Según consta en sus actas de declaración, algunos manifestaron que Martín Rodil llevaba la voz cantante y se presentaba como colaborador de la DEA. De hecho, uno de los perjudicados le escuchó decir que se reunía con ciudadanos venezolanos en la isla de Aruba para acordar la forma de sacar sus fortunas del país.
Otro de los perjudicados, Carlos Luis Aguilera, dijo que fue Rodil quien se puso en contacto con él para comunicarle que el Sepblac le estaba investigando y que iba a salir en prensa, como finalmente ocurrió. "Martín Rodil se dedicaba a generar problemas (aprovechando sus conexiones con las administraciones de Estados Unidos y España) a las personas que eran de su interés con la finalidad de ofrecer su ayuda para resolverlo, solicitando para ello una retribución económica", manifestó Aguilera ante la Policía.
Declaran ante la juez
La UDEF destaca que la trama no solo blanqueó grandes cantidades de dinero -se estima que más de 4 millones de euros- sino que también quiso obtener información sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Para ello les llegaron a ofrecer permisos de residencia e incluso, en el caso de uno de ellos, la entrega de documentación falsa para evitar que fuera identificado por las autoridades.
Tras más de un año de investigación bajo secreto, la magistrada quiere escucharles en sede judicial. Los primeros en desfilar por el juzgado son los afectados. Javier Alvarado Ochoa, Carlos Aguilera y Dimas Antúnez comparecerán el próximo 26 de septiembre, después de que la magistrada anulara las citaciones del pasado 30 de junio. Tras ellos, el 6 de octubre, comparecerán un total de 13 personas imputadas en la causa; entre ellas los cabecillas de la red.
