El Poder Judicial está atravesando una de las peores crisis de su historia. Cada día asistimos a un nuevo choque en la esfera política y judicial con el bloqueo de la renovación del CGPJ como telón de fondo. El clima de tensión ha ido en aumento los últimos meses y ha tenido como punto álgido el ultimátum de Carlos Lesmes al Gobierno y al PP. O sellan un pacto en cuestión de semanas o dimite. Su órdago abre un horizonte incierto en un Consejo pendiente de renovar el Tribunal Constitucional, aunque algunos de sus miembros albergan esperanzas de que esta vez haya acuerdo.

Por el momento, el Partido Popular se ha abierto a negociar, pero su oferta (con condiciones) no ha sentado nada bien en el Gobierno. La desazón es mayúscula en el Poder Judicial y la crisis pasa ya factura. El Supremo tiene a día de hoy casi el 25% de su plantilla sin cubrir y la situación en otros tribunales no es mejor. Un pacto frustrado, el continuo choque PP-Podemos y los intereses del bipartidismo en el Poder judicial son algunas de las claves para entender un bloqueo que va camino de cumplir su quinto año.

1- El pacto de 2018

En noviembre de 2018, semanas antes de que venciera formalmente el mandato de Carlos Lesmes, el PP y el PSOE sellaron un acuerdo de renovación del Consejo. Se consensuó la lista de 20 vocales y el nombre de Manuel Marchena sonaba como próximo presidente del órgano. Días después de hacerse público el trato se filtró en prensa un Whatsapp del entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, que dinamitó cualquier posibilidad de entendimiento.

El texto venía a felicitarse por la elección de Marchena (presidente de la Sala de lo Penal del Supremo) y apuntaba que podrían controlar la Sala de lo Penal "desde detrás". El momento era clave porque esa Sala era la que iba a juzgar el procés. Sin embargo, el pacto saltó por los aires. Casi cuatro años después, no se ha tenido una oportunidad tan real para renovar el Poder Judicial y eso que, en este tiempo, PP y PSOE han estado cerca de entenderse, al menos, en dos ocasiones.

2.- Veto de candidatos

La primera fue en julio de 2020. Para evitar que volviera a filtrarse el contenido de las negociaciones, Enrique López (en representación del PP) y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo mantuvieron reuniones discretas durante meses hasta que en julio el pacto parecía ya una realidad. El acuerdo estaba casi cerrado e incluía un presidente de perfil progresista pero consensuado entre las partes. Sin embargo, tampoco pudo ser. En esta ocasión, el PP de Pablo Casado lo justificó en las críticas de Pablo Iglesias a Juan Carlos I por la investigación abierta en Fiscalía sobre su fortuna.

Entre 2020 y 2021 Lesmes dejó en el aire hasta en tres ocasiones los nombramientos pendientes ante las voces que apuntaban a un acuerdo inminente entre PP y PSOE

Los continuos ataques de Podemos al Poder Judicial fueron el principal obstáculo para sellar el acuerdo, según ha defendido la formación conservadora. Aunque en aquellos meses escenificaron la ruptura de las negociaciones lo cierto es que nunca dejaron de producirse reuniones a puerta cerrada. Y así se llegó a principios de 2021. La desazón comenzaba ya a sentirse en el CGPJ cuando, de nuevo, se vislumbraba fumata blanca. Tanto que Carlos Lesmes decidió retrasar nombramientos que tenía pendiente de acometer el Consejo (tres de ellos en la Sala de lo Penal del Supremo) a la espera del acuerdo.

Éste tampoco llegó a producirse. Los vetos mutuos de candidatos de ambos bandos volvieron a dejar el compromiso de pacto en papel mojado. Desde el PP se puso como línea roja la propuesta de juristas como Victoria Rosell o José Ricardo de Prada, este último redactor de la sentencia de la Gürtel que condenó al Partido Popular y propició la moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde el PSOE se contraatacó vetando a Alejandro Abascal, entonces magistrado de refuerzo del juzgado de la Audiencia Nacional que llevaba el caso Villarejo.

3.- Un Poder Judicial cercenado

Uno de los puntos de inflexión en todo este tiempo de impasse se produjo cuando el Gobierno, sin viso alguno de sellar pacto, reformó la Ley para impedir que el Consejo efectuara nombramientos estando en funciones. Los vocales habían mantenido en un discreto segundo plano todos esos años, pero la decisión generó malestar en el seno del Consejo. Cabe recordar que, para entonces, los 21 vocales habían suspendido hasta tres Plenos donde tenían previsto hacer nombramientos porque se vislumbraba el acuerdo político.

Teniendo en cuenta que éste no llegaba, el CGPJ siguió con sus funciones. Entonces tomaron la decisión de sacar adelante únicamente aquellos nombramientos que se cerraran por amplia mayoría (más de la que exige la Ley). La dinámica se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando el Congreso aprobó la Ley impulsada por el Ejecutivo de coalición, que les prohibía efectuar nombramientos discrecionales. Este movimiento volvió a alejar cualquier posibilidad de acuerdo para renovar el Poder Judicial.

4.- Caduca el Tribunal Constitucional

A partir de entonces la tensión entre los dos principales partidos fue en aumento. El PP hizo suyo uno de los reclamos defendidos por asociaciones de jueces acerca de que había que cambiar la Ley para que sean los jueces los que elijan a sus pares y no el Congreso y el Senado. El PSOE, por contra, elevó el tono al considerar que todo eran excusas para no renovar. La salida de Pablo Casado de la presidencia del PP y la llegada de Alberto Núñez Feijóo abrió la puerta al inicio de un nuevo ciclo. Sin embargo, las esperanzas de entendimiento desaparecieron pronto.

En ese contexto se llega a otra fecha clave en esta crisis: el 12 de junio. Ese día, caducó el mandato de cuatro miembros del Tribunal Constitucional (dos designados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ). Comenzaba la cuenta atrás para su renovación y su giro hacia un Constitucional de corte progresista. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se topó con un inconveniente.

La renovación peligraba precisamente por la reforma que ellos mismos aprobaron ya que, al dejar al Poder Judicial sin facultades para nombrar, el Gobierno tampoco podía nombrar a los suyos. La Ley exige (artículo 159 de la Constitución) que los miembros se renueven por terceras partes de cada tres. La salida para el Ejecutivo fue volver a reformar la Ley y dotar de competencia al Consejo pero únicamente en lo que respecta al TC. Esta maniobra fue la gota que colmó el vaso entre la mayoría de los vocales del CGPJ.

5.-El acuerdo del Poder Judicial

El descontento (intensificado por la negativa del Congreso de los Diputados a recabar su criterio sobre la reforma que les afectaba) llevó a algunos de sus miembros a pensar ya en boicotear esta elección. Lesmes, por su parte, convocó Pleno extraordinario para el jueves 8 de septiembre con el fin de consensuar los nombres antes del día 13, fecha límite marcada por la Ley. El cisma entre los vocales y la negativa de algunos de ellos a votar hicieron estallar a Carlos Lesmes.

El pasado lunes, al término del acto de toma de posesión del nuevo fiscal general, Álvaro García, el presidente del Supremo convocó a la prensa para dejar clara su postura. En un tono especialmente duro, dijo que no iba a permitir que el CGPJ se declarase en "rebeldía". Sus palabras surtieron efecto. Un día después, los ocho vocales críticos con los nombramientos acordaron cumplir con la Ley y abrirse a negociar. Ahora bien, sin límite de tiempo. Por su parte, el bloque progresista se mantiene en su intención de nombrar cuanto antes.

Con todo, los reproches de Lesmes no quedaron ahí. En el acto de apertura del curso judicial cargó como nunca antes contra Gobierno y PP por ser incapaces de desatascar las negociaciones sobre el Poder Judicial mientras el Tribunal Supremo se aboca al colapso. Dos días después, el Partido Popular tendía su mano al Gobierno, aunque imponiendo una serie de requisitos.

6.- ¿Y ahora qué?

Así pues, ahora mismo las renovaciones de CGPJ y Tribunal Constitucional son una incógnita. El plazo de semanas dado por Lesmes ha comenzado. Los partidos tienen que mover ficha si no quieren cargar con la responsabilidad de provocar la salida por la puerta de atrás del 'eterno' presidente del Supremo. Este movimiento, además, conllevaría consecuencias que "ni se quieren ni gustan", según advirtió el propio Lesmes el miércoles. En corrillo posterior con los periodistas no quiso aclarar cuáles serían.

No hay ningún nombre todavía. Ahora se designarán los interlocutores para negociar. Está todo en el aire. Vamos a darle tiempo al tiempoFuentes del Poder Judicial

Se descartan dimisiones en bloque en el Consejo, pero los vocales tampoco tienen claro qué puede pasar. Lo que sí ocurriría es que a Lesmes le sustituiría Rafael Mozo, por ser el vocal de más edad. Ello implicaría un giro hacia un CGPJ progresista, escenario que quiere evitar a toda costa el PP. Con todo, el Gobierno también tiene urgencia.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere renovar cuanto antes el Constitucional y conseguir una mayoría progresista. El momento es clave. Todo apunta a que la presidencia del tribunal de garantías, además, sería para Cándido Conde-Pumpido. Pero el bloque conservador del CGPJ no lo va a poner fácil. De momento se va a tomar su tiempo para negociar. Para ello se han elegido a tres vocales de cada bloque que ejercerán las veces de interlocutores. De nombres, ni hablar por el momento. "Está todo en el aire", rezan fuentes del Poder Judicial a Vozpópuli.

Estas semanas se antojan claves para renovar el Poder Judicial. Algunos vocales salientes preferirían que primero se cambiara el CGPJ y que el nuevo órgano de gobierno de jueces eligiera el Constitucional, pero no tienen muchas esperanzas. El Gobierno, por contra, quiere primero el acuerdo del TC. Para mayor complicación, la posible dimisión de Lesmes daría al traste con cualquier renovación del Constitucional. Son muchos los vocales que lo impedirían. Con este escenario arranca la cuenta atrás para la renovación del Poder Judicial antes de que Lesmes cumpla con lo anunciado.

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