Las semanas previas a los comicios autonómicos del pasado 28 de mayo explotó en Melilla el escándalo por la compra de votos por correo. El caso supuso un mazazo para el PSOE, cuyos socios -miembros de Coalición por Melilla- se encontraban entre los señalados por las autoridades. Diez meses después, las pesquisas realizadas por la Policía y las diligencias ordenadas por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla han desembocado en la detención de 33 personas, diez de los cuales siguen en prisión provisional por riesgo de fuga.
La Policía Nacional apunta a la existencia de una presunta "organización criminal" liderada desde los puestos más altos de su jerarquía por miembros de CPM, entre ellos, antiguos cargos del gobierno de la ciudad autónoma. Los investigadores subrayan en un atestado, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que durante años se han adjudicado desde las Consejerías adscritas a la formación cientos de contratos menores para financiar la compra de votos por correo. Según el documento policial, el Ejecutivo melillense habría adjudicado un total de 291 contratos menores, "mediante la perpetración continuada y sistemática de supuestos delitos de fraude en la contratación".
El objetivo de estas adjudicaciones, valoradas en más de seis millones de euros, y la principal meta de la presunta red criminal sería la "obtención de poder político", con este fin, según los investigadores, se hizo un uso ilícito de los recursos públicos para conseguir beneficios económicos y dar un impulso electoral a CPM, así como suministrar rendimiento económico a los conseguidores de estos votos fraudulentos.
Gracias a la confabulación entre el órgano de contratación -en este caso la Administración- y adjudicatarios se obtuvieron millones de euros, repartidos en contratos menores, como contrapartida para que los beneficiarios de dichos contratos financiasen la compra de votos. Un entramado que necesitaba lograr buenos resultados electores para continuar formando parte del Gobierno de Melilla y, así, acceder a las partidas públicas.
La Policía señala a Aberchán como líder de la trama
Los investigadores colocan al frente de esta presunta "organización criminal" al expresidente melillense, Mustafá Aberchán, quien controlaba presuntamente este tipo de operaciones fraudulentas "sin que nadie discuta sus decisiones". Así describen el modus operandi del exdirigente regional, sobre el que advierten que vendría liderando la trama desde su condena por delito electoral en las elecciones de 2008.
La UDYCO arroja luz, además, sobre el uso de presuntas estructuras mercantiles, de negocios o entidades puramente asociativas "bajo el paraguas a un pretendido y falso objeto social", que nacieron a raíz de la llegada de CPM al Gobierno. "Se ha podido contrastar el nacimiento de sociedades, empresas y asociaciones, que han visto la luz con el único objeto de contratar con la Administración o recibir cuantiosas subvenciones públicas, donde sus administradores y representantes, en muchos casos eran familiares directos de los principales líderes de la formación política", recoge el atestado.
Blanqueo de capitales y conexiones internacionales de la trama
Sobre el destino del dinero embolsado por esta presunta red criminal, la Policía habla de supuestos delitos de blanqueo de capitales como otro de los aspectos que están siendo investigados, ya que se han obtenido indicios sólidos de la existencia de operaciones financieras sospechas. Por ello, la investigación pone el foco, ahora, en la expansión internacional de los movimientos de dinero realizados por los miembros de la trama, en concreto, en países del norte de África.
En este sentido, las autoridades subrayan las particularidades geográficas de la ciudad de Melilla y a "la existencia de entramados financieros ligados a la cercanía con Marruecos", por lo que asumen que es necesario investigar los flujos financieros hacía el país vecino.
Y es que, como ya informó Vozpópuli el pasado mes de mayo, la trama cuenta con narcos marroquíes entre sus filas. Tal y como desvela el atestado, entre sus integrantes la Policía ha identificado a varias personas con antecedentes por múltiples delitos contra la propiedad, la integridad sexual, contra la administración de justicia, tráfico de drogas y otros delitos relacionados con comportamientos violentos.
Los agentes sitúan a este grupo inmediatamente debajo de los dirigentes políticos en el organigrama de la trama, adjudicatarios de contratación, muchos de ellos relacionados anteriormente con el crimen organizado, "que no escatiman en el uso de la violencia" para conseguir rédito político y económico para la formación.
Este hecho supone para los investigadores uno de los puntos claves para aseverar que los acontecimientos investigados responden a las maniobras orquestadas por una organización criminal. Para ejemplificar el uso de la violencia como un mecanismo estructural de la red, el informe elaborado por distintas unidades de la Jefatura Superior de Policía de Melilla se apoya en un total de veinte denuncias, algunas recogidas por los agentes de la UDYCO, en el que se exponen presuntos comportamientos violentos por parte de algunos de los investigados.
