La Policía ha identificado a la persona responsable de una segunda estafa por 1,25 millones de euros pagados por el Ayuntamiento de Madrid en la adquisición de 500.000 mascarillas, por lo que la Justicia podría reabrir una causa que cerró en 2020 ante el desconocimiento de los autores del presunto delito. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han confirmado a Efe la información que adelanta ABC, que este miércoles señala que el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid estudia la reapertura de la causa una vez establecida la identidad del presunto responsable, Philippe Haim Solomon, que habría operado mediante la consultora de Nueva York Sinclaire and Wilde. El pasado día 14, la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, informó de que el Ayuntamiento de Madrid comunicó hace más de un año a la Fiscalía esta presunta estafa, que se suma a otra en la que son investigados Alberto Luceño y Luis Medina.
Se trataría del propietario de la consultora Sinclair&Wilde, intermediario que se pensaba que vivía en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada en esta ciudad estadounidense a pesar de que ahora se le ha localizado en Madrid. El sumario de la causa contra Medina y Luceño incluía un informe de la Policía Municipal relativo a esta estafa en el que se alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni de España, "incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos".
Al parecer, el juez abrió unas diligencias pero el pasado 19 de julio procedió a su archivo ante la falta de autor conocido ante el paradero desconocido del dueño de la citada consultora. El pasado 12 de abril, la Policía Judicial remitió un oficio al magistrado en el que informaba de la identificación del posible autor de la estafa. Por ahora, el instructor estudia si reabre o no el procedimiento.
El Consejo de Administración de la funeraria municipal, a través de la que se canalizaba las compras en la primera ola de pandemia, aprobó el 24 de marzo de 2020 dicha compra de medio millón de mascarillas FFP2. La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, detalló que tras varias incidencias, las mascarillas llegaron "algunas semanas más tarde" y, una vez en el almacén del Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM) se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas. Así, la Policía Municipal inició una investigación a petición del director del PEMAN para comprobar tales hechos y el 5 de marzo de 2021 presentó ante Juzgados de Madrid el atestado realizado por la Unidad de Coordinación Judicial del cuerpo.
