Las elecciones de este 14-F en Cataluña también son cruciales para el devenir de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al menos, así lo interpretan policías y guardias civiles destinados en la región: temen que, en función de los resultados de las urnas, se les utilice como “moneda de cambio” para alcanzar pactos de Gobierno. Y recuerdan cómo en otros escenarios, como en el País Vasco, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cedido recientemente a históricas pretensiones nacionalistas relacionadas con ‘los uniformados’.
Hay antecedentes -señalan voces de ambos cuerpos- en que Policía Nacional y Guardia Civil se han convertido en “arma arrojadiza” entre las fuerzas políticas presentes en Cataluña. En Barcelona, PSC y comunes votaron a favor de una propuesta de ERC para sacar la Jefatura Superior de la Policía ubicada en la Vía Laietana, corazón de la ciudad. Y en el Parlament se aprobó una moción gracias a la abstención de los socialistas para prohibir que los Mossos d'Esquadra utilizasen pelotas de goma en los disturbios: “Nos dejó con las manos atadas”, señalan los agentes.
Dos gestos políticos que provocaron malestar en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A ellos hay que añadir las “campañas de acoso” a las que se ven sometidos sus agentes, según denuncian. Hablan de escraches en dependencias oficiales o de las dificultades que encuentran los miembros de los cuerpos y sus familias en determinadas zonas de Cataluña.
El antecedente del País Vasco
Las elecciones del 14-F están marcadas por la fragmentación en el espectro político. La multiplicidad de candidatos y de propuestas harán necesarios unos acuerdos de Gobierno que se presumen arduos, tal y como anticipan las encuestas.
Policías y guardias civiles temen ser protagonistas involuntarios en esos pactos, y recuerdan cómo el Gobierno aceptó recientemente la expulsión del Ejército del cuartel de Loyola [San Sebastián] y su reubicación en otro lugar de la ciudad. Con ello, el Ejecutivo consiguió el ‘sí’ del PNV a sus Presupuestos Generales del Estado, pese a que Defensa aseverase en fechas anteriores que no se contemplaba la cesión de este espacio.
“En Cataluña quieren un modelo excluyente, en el que les sobra Policía Nacional y Guardia Civil porque son dos cuerpos no sometidos a su control político ni a sus presiones”, denuncian desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). A su juicio, “les molestamos porque somos garantes de las libertades públicas y porque cumplimos las órdenes de jueces y fiscales, sean cuales sean”.
Este sindicato de la Policía apunta a “intentos de invasiones” en competencias, “aunque eso suponga menos seguridad y menos atención a los catalanes”. Por eso temen que se les pueda utilizar como “moneda de cambio después de las elecciones”.
La protección de la naturaleza
La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) defiende que el Instituto Armado “vertebra y representa al Estado” en Cataluña: “En muchos sitios, nuestros acuartelamientos son la única edificación del Estado, por eso los hostigan”. Y añaden: “ Quieren amedrentarnos rodeando nuestras casas cuartel, amenazando a nuestras familias y lo que es más grave, a nuestros hijos”.
Desde la asociación admiten que “son varios los compañeros que han tenido que abandonar Cataluña, por no aguantar la presión”. Por eso piden que la comunidad autónoma sea considerada como ‘zona conflictiva’ -figura que se constituyó en País Vasco y Navarra para arropar a los agentes allí destinados-, así como una equiparación salarial “total y absoluta” con los Mossos d’Esquadra.
En el seno de la Guardia Civil también hay inquietud sobre el futuro de algunas de sus competencias en la región: En Comú Podem, que puede ser clave para la gobernabilidad de Cataluña, sostiene que los Mossos asuman la gestión de la protección de la naturaleza, desempeño que actualmente asume el Seprona del Instituto Armado.
En este contexto cabe destacar la concentración convocada por el sindicato policial Jusapol y por la asociación de la Guardia Civil Jucil este viernes en Barcelona, en la Plaza de San Jaume. Con ella denuncian el “abandono del Gobierno” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña: “Representantes de partidos políticos independentistas no han dudado en utilizarnos en sus campañas electorales, recurriendo al insulto y a promesas de expulsar a los agentes”, señalan los convocantes.
El cuartel militar del Bruc
¿Y qué ocurrirá con las Fuerzas Armadas? Se suceden los comentarios de fuerzas separatistas que apuntan a la expulsión del Ejército de la región. En la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017, el Govern liderado por Carles Puigdemont auspició una ley de transitoriedad donde se afirmaba que el cuerpo militar “dejará de tener jurisdicción en el territorio catalán”.
En la actualidad hay más de 2.000 militares desplegados en diferentes puntos de la geografía catalana. Aunque la expulsión de los militares no se contempla como una opción real, sí que hay cierta polémica en torno al cuartel del Bruch. La diputada de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, requirió información al Gobierno sobre este acuartelamiento en una pregunta parlamentaria. El Ministerio de Defensa señaló que no se plantea ceder este espacio “ni a medio ni a largo plazo”.
De este modo, se da carpetazo -al menos, de momento- a la reivindicación nacionalista de expulsar al Ejército de su principal cuartel en Cataluña, como sí ocurrió en el País Vasco con las dependencias de Loyola.
