Los dos trabajadores de Podemos, ambos adscritos al equipo de asuntos legales, que han sido apartados en apariencia por el caso de la escolta que denunció al partido, han contraatacado. A través de un duro comunicado, José Manuel Calvente y Mónica Carmona Segura denuncian ser víctimas de una “represalia” por estar “investigando graves irregularidades” en materia de protección de datos y cumplimiento de la normativa penal por parte del partido morado.
“El despido disciplinario del Delegado de Protección de Datos y la propuesta de mi cese como Responsable de Cumplimiento Normativo es un grave acto de represalia y posibles coacciones porque estábamos investigando graves irregularidades de Podemos en materia de Protección de Datos y de Cumplimiento Normativo Penal y en los que se verían envueltos varios cargos internos y que conllevaría graves perjuicios para el partido”, reza el comunicado que desvela Vozpópuli.
Irregularidades financieras y laborales
“En los últimos meses se han producido una serie de irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional”, añade el documento. Los firmantes acusan al partido de haber sido cesados sin poderse defender.
“Como Responsable de Cumplimiento Normativo mi obligación es advertir de las irregularidades cometidas por los miembros del partido y que podrían conllevar infracciones penales o administrativas. Estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que de confirmarse pondrían en cuestión los elementales centrales de nuestra legitimidad como organización”, añade el documento.
Ocultación de pruebas
En este sentido, los denunciantes apelan a los dirigentes locales y territoriales de Podemos para que tomen carta en el asunto, porque, recalcan, las presuntas irregularidades en temas de protección de datos y cumplimiento de las normas pueden “conllevar acusaciones penales para algunos miembros de la ejecutiva y un irreparable deterioro de la imagen del partido en plena negociación de gobierno”.
Los dos cargos cesados anuncian que interpondrán una demanda por supuesto despido improcedente. Y advierten de que si el Consejo Ciudadano ignora su petición y de la investigación que dicen no haber podido terminar resultara la existencia de delito, ese mismo órgano interno de Podemos podría incurrir en “un intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento”.
