El trámite ante Europa y los recursos a la amnistía tumban el plan del Gobierno de una aplicación exprés de la ley

La ley de amnistía ya ha visto la luz. La norma pactada con los independentistas y que le dio a presidencia a Pedro Sánchez ya ha entrado en vigor. Con su publicación en el BOE quedan exonerados todos aquellos delitos relacionados con el proceso separatista catalán, entre otros, los atribuidos a los líderes del 'procés'. Una amnistía diseñada a medida de sus beneficiarios, alrededor de 1.000 personas, que desde este martes permanecen a la espera de su aplicación por parte de los jueces y magistrados españoles.

El texto aprobado en el Congreso de los Diputados promete la aplicación inmediata de la ley, incluso en aquellos casos en los que se produzca una eventual suspensión del procedimiento judicial. El objetivo ha sido desde el inicio de su tramitación parlamentaria favorecer la vuelta del 'hijo prófugo' a España lo antes posible. El propio Carles Puigdemont anunció durante la campaña electoral de las catalanas la posibilidad de estar de vuelta para el acto de investidura del próximo president de la Generalitat.

Una promesa electoral que, según aseguran fuentes jurídicas a Vozpópuli, parece estar más lejos que cerca. Las voces consultadas explican que los propios trámites procesales impiden que la amnistía pueda aplicarse en menos de dos meses. A pesar de que la norma ha sido diseñada para acortar lo máximo posible estos intervalos, "los plazos de la política no son los que en realidad siguen los juzgados"

Así lo expresan las fuentes consultadas que apuntan a que, incluso, aquellos jueces o magistrados que consideren que la amnistía es aplicable en los casos que dirigen no podrán hacerlo de manera inmediata. Lo habitual es que el primer paso sea, antes de emitir un pronunciamiento definitivo, dar traslado a las partes, a fin de que presenten sus alegaciones sobre la aplicación de la amnistía.

Un movimiento procedimental que ya han ejecutado este martes diferentes tribunales encargados de enjuiciar causas relacionadas con el 'procés'. Esta ha sido la dinámica seguida, por ejemplo, por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el juez instructor de la Audiencia Nacional García Castellón, así como los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Se puede recurrir la decisión de un juez sobre la amnistía

En consecuencia, se puede producir el escenario en el que una de las partes se oponga a la aplicación de la amnistía, tal y cómo ha ocurrido con los fiscales del 'procés'. Los representantes del Ministerio Público de la Sala del Tribunal Supremo mantienen su criterio en lo relativo al delito de malversación y el desvío de fondos públicos que se le atribuye al expresidente catalán, Carles Puigdemont. De este modo, no acatarán la posición del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz.

Esta es la posición de los fiscales del 'procés' a falta de que emitan una respuesta común, tras la provicencia dictada este martes por el juez Llarena en la que instaura un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la aplicación de la ley. Un primer movimiento que puede venir sucedido por el planteamiento de una cuestión prejudicial, si el juez no tiene claro la aplicabilidad de la norma, o la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Sea cual sea el camino a tomar por los jueces o magistrados, este primer paso puede dilatarse más tiempo del esperado. Eso sin tener en cuenta la posibilidad de que alguna de las partes interponga un recurso sobre la decisión tomada por el juez. De este modo, los juzgados pueden tardar semanas e, incluso, meses en aplicar la ley. Esta dinámica no sólo atañe a la cancelación de condenas, sino al levantamiento de medidas cautelares, según afirman fuentes jurídicas.

Este precepto afecta, además de a Carles Puigdemont, a varios exconsejeros del Govern: Marta Rovira, Antoni Comin y Lluis Puig. Al respecto, en su providencia, el magistrado del TS Pablo Llanera ha especificado que las órdenes de detención adoptadas contra todos ellos siguen vigentes.

Cuestión prejudicial al TJUE

El camino cuyos plazos se pueden dilatar más en el tiempo al servicio de los jueces es plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Tribunal de Cuentas ha anunciado este martes su intención de recurrir a la Justicia europea cómo debe actuar ante el procedimiento por los gastos millonarios del 'procés'. Los expresidentes de Cataluña Artur Mas y Carles Puigdemont -así como otros exaltos cargos del Govern- esperan desde hace meses la sentencia.

Ahora, el órgano fiscalizador ha trasladado a las partes su intención de elevar este asunto a Europa, de manera que cuentan con un periodo de diez días para presentar sus alegaciones sobre la aplicación de la amnistía. El Tribunal de Cuentas acuerda que el plazo para dictar sentencia queda suspendido hasta que se resuelva definitivamente sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial al TJUE. En este caso, al no existir aún una condena, ni ninguna medida cautelar vigente, se puede esperar a que sea la Justicia europea la que tenga la última palabra.

No ha sido este el caso del Tribunal Superior de Justicia, que de manera casi inmediata ha activado el mecanismo para poner en marcha la amnistía. El TSJC ha pedido a las acusaciones y las defensas que se pronuncien sobre si debe aplicar la amnistía a cinco causas relacionadas con el 'procés'. Un movimiento dirigido a perdonar los delitos de desobediencia por los que ya han sido condenados los expresidentes catalanes Artur Mas y Quim Torra.

Una última vía puede ser plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Una baza con la que cuentan desde el Partido Popular y sus comunidades autónomas y que podría posponer la aplicación de la ley unos meses más. En definitiva, la aprobación de la ley de amnistía ha destapado un escenario nunca antes conocido y la ruta a seguir sigue sin estar clara. Carles Puigdemont tendrá que retrasar, por el momento, su vuelo de vuelta a casa.