El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, avisa: si Pedro Sánchez une finalmente las elecciones generales con autonómicas y municipales el 26 de mayo, él se pensará adelantar a marzo los comicios en su comunidad; una posibilidad que lleva meses barajando para resaltar la singularidad valenciana y este lunes ha vuelto a recuperar. "De momento, no", aseguran a Vozpópuli fuentes próximas a Puig, "hay que ver cómo evoluciona todo".
Su reacción es la prueba mas palpable de la rotunda oposición que vienen manifestando desde hace meses los presidentes socialistas, y algunos alcaldes del PSOE, ante la posibilidad de que Sánchez disuelva las Cortes para hacer coincidir las elecciones con sus comicios, obligando a los españoles a votar hasta en seis urnas: Congreso, Senado, Parlamento Europeo, autonómico, Municipio y concejos (consells en Baleares) y cabildos (Canarias).
Dan por descontado que el debate nacional, particularmente Cataluña, contaminaría todo en beneficio de PP, Ciudadanos y hasta Vox. Por eso, tras escuchar este lunes al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, avisar de que "nada es descartable" -algo que el presidente del Gobierno ha calificado "de puro sentido común"-, los barones se han puesto en guardia y, cada uno a su modo, se han puesto a ejercer el derecho al pataleo; el primero, el castellano-manchego, Emiliano García-Page:
VÍDEO | García-Page se opone a que las generales coincidan con las municipales y autonómicas: "Las elecciones serán en otoño" https://t.co/w3JFxXFsux
— AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) November 19, 2018
Antes que él ya lo había hecho en la SER el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aunque todavía no se había producido el aviso de Ábalos. "Convocar elecciones generales ahora no resolvería nada", señaló en la SER Vara, incluso la fragmentación parlamentaria podría complicar aún más la parálisis que vive España. Rotundamente, elecciones generales en otoño, señaló.
Y es que los líderes de las federaciones nunca han dado recorrido al empeño del presidente del Gobierno en agotar la legislatura -porque una cosa es una mayoría para echar a Mariano Rajoy y al PP, y otra consolidar al PSOE en el poder- y se han tirado meses presionando a Sánchez para que disolviera las Cortes al mismo tiempo que Díaz el Parlamento de Andalucía; con el argumento de que al PSOE siempre le ha ido bien compaginar ambos comicios.
Descartada ya esa posibilidad con la convocatoria a las urnas en Andalucía el 2 de diciembre, el temor es que Sánchez no llegue a otoño de 2019 gobernando a través de real decreto, porque Podemos se una a PP y Ciudadanos en hacerle la vida imposible, y se vea obligado a adelantar las generales a ese superdomingo 26 de mayo. Ximo Puig, a quien el Estatuto de Autonomía valenciana reformado le otorga la posibilidad de disolver Les Corts, ya ha dejado claro que no está dispuesto a compartir urnas.
Los barones no quieren siquiera que Sánchez convoque elecciones generales en marzo porque la resaca de los pactos contaminaría de lleno el 26-M; y la mayoría de Page y Lambán pende de un hilo
Ni siquiera una eventual convocatoria en marzo viene bien a los barones, después de ver lo que ha pasado con la precampaña y la campaña andaluza: que la agenda local ha quedado totalmente eclipsada por el conflicto en Cataluña, con un PP, Ciudadanos y Vox agitando la bandera y culpando a la presidenta de la Junta de ir de la mano de Sánchez en las cesiones al presidente de la Generalitat, Quim Torra.
La reelección de Susana Díaz no corre peligro -pese a la bajada de 47 a 45 escaños, las encuestas siguen dando al PSOE-A más diputados que PP y C's juntos- pero ese no es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, García-Page o del de Aragón, Javier Lambán.
Peligro en Castilla-La Mancha y Aragón
El debate postelectoral nacional que se abriría tras unas elecciones en marzo, argumentan, con la derecha acusando a Sánchez de volver a entregarse al independentismo para garantizarse la investidura, traería consigo un ascenso del PP, de Ciudadanos, y hasta de Vox, en plena campaña para el 26-M, que pondría en peligro la mayoría del PSOE y Podemos que sustenta a García-Page por un solo escaño.
Sólo con que los morados no revaliden en esa comunidad alguno de los tres diputados de 2015 -y el ascenso de Ciudadanos les perjudica a ellos directamente-, el PSOE volvería a perder el gobierno. Quizá por eso el actual presidente castellano-manchego defiende ahora un pacto con los de Albert Rivera no solo allí sino para gobernar España a partir de las próximas elecciones generales.
El problema para Javier Lambán en Aragón es similar. Hace cuatro años el PP ganó con 21 diputados por solo 18 el PSOE local, pero el líder de los socialistas aragoneses logró un pacto con Podemos (14), Chunta Aragonesista (2) e IU (uno). La mayoría está en 34 diputados y, a resultas de una subida del centro derecha por el efecto Cataluña, no es descartable que PP y Ciudadanos y Partido Aragonés, que hoy suman 32 escaños, se hagan con el gobierno regional.
