Pocas veces en la historia de España las publicaciones del Boletín Oficial del Estado (BOE) habían generado tanta expectativa. Lo habitual es que los planes y directrices del Gobierno queden plasmados en el papel en los días siguientes a su anuncio. Pero con el coronavirus y en pleno estado de alarma, lo que dice el Ejecutivo a veces dista mucho de lo que finalmente queda finalmente fijado como norma.
El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha creado en apenas dos meses un vasto corpus de leyes y disposiciones no sólo para controlar la extensión de la pandemia, sino abordar las consecuencias económicas presentes y futuras de la enfermedad. ¿Qué uso está haciendo el Ejecutivo de su capacidad normativa? ¿Está empleando la técnica adecuada? ¿Hasta cuándo puede seguir legislando a través de decretos y soslayando el papel de las Cortes Generales con un Poder Judicial bajo mínimos?
"Creo que ha habido una hiperdimensión de normas con el estado de alarma", apunta José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y director del Observatorio de Contratación Pública. "Se han dictado demasiadas que quizás no tocaban y eso ha generado una especie de 'sudoku normativo' muy complejo en el que al final no se sabe cuál es la norma aplicable y cómo se interpreta. Y eso genera inseguridad jurídica", sostiene.
Desde que se decretó el estado de alarma, se han promulgado unas 400 disposiciones que afectan a prácticamente todos los sectores; desde la movilidad, hasta el sistema impositivo, los autónomos, el mercado del alquiler o los colectivos vulnerables. "Es un volumen desmesurado. Es cierto que la situación que se está viviendo exige la adopción de múltiples medidas normativas, pero el exceso no favorece la seguridad jurídica", apunta Mª Isabel Álvarez Vélez, catedrática de Derecho Constitucional en ICADE-Comillas.
Pero además de ser muchas, los expertos coinciden en remarcar las ambigüedades que presentan. "La redacción está provocando graves problemas, puesto que no se está generando un marco normativo claro. Esto produce incertidumbres y dudas entre los destinatarios de las normas y, en su caso, dificulta la comprensión, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas", añade.
Varias de las disposiciones han dado lugar a contradicciones o incluso rectificaciones verbales sobre la marcha por parte de los miembros del Gobierno una vez que ya estaban en el BOE. La posibilidad de acudir en la fase 1 de la 'desescalada' a la segunda residencia si se encuentra en la misma provincia o la duda sobre si la fórmula condicional "deberían ser de un máximo de 10 personas" es una obligación o una recomendación para las reuniones en la fase 1.
"Creo que la técnica legislativa es bastante deficiente pues no son sólo relevantes la corrección técnica, el lenguaje, la coherencia de la disposición, sino también el contenido de las normas y especialmente su finalidad", remata Álvarez Vélez. "La norma tiene que tener sentido, estar pensada y no puede obedecer a impulsos", apostilla Gimeno Feliú, en referencia, por ejemplo, a la cuarentena de dos semanas de los viajeros procedentes del extranjero, que no casa con el ordenamiento jurídico europeo.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, plantea ahora la posibilidad de desarrollar un cambio legislativo para que no sea necesario recurrir al estado de alarma para gestionar y dar respuesta a una situación como una pandemia, que aunque de carácter excepcional, se va a extender en el tiempo. Algo que inquieta entre los expertos por la posibilidad de trasladar la nueva normalidad de la que habla el presidente del Gobierno en una al propio ordenamiento jurídico.
"Deberíamos ir cuanto antes a la normalización del funcionamiento del estado de derecho", dice Gimeno Feliú. "Creo que muchas normas tienen que tener carácter transitorio y no pueden tener carácter de vocación permanente. El Gobierno no puede pretender con la justificación del estado de alarma cambiar el ordenamiento jurídico que existía con un rango normativo inferior o sin el procedimiento adecuado de transparencia, de participación y de implicación de los Parlamentos. Ahí podría haber un fraude democrático", remata.
""El derecho tiene que adaptarse a la crisis. Pero el derecho no puede entrar en crisis. El estado de alarma no justifica que puedas regular todo; permite regular lo que está estrictamente vinculado al estado de alarma y lo demás debería seguir los cauces ordinarios", sentencia alertando de la parálisis que ha existido en los plazos administrativos.
Y todo con un marcado carácter 'centralista' que ha generado no pocas fricciones con la realidad autonómica de España.
El estado de alarma también está imprimiendo cambios de mayor calado en el ordenamiento jurídico. "Se está aprovechando los decretos para cambiar normas que no sé qué relación tienen con la pandemia", dice. Varios parlamentarios así se encargaron de recordárselo este miércoles a la vicepresidenta económica Nadia Calviño durante el debate para la convalidación del decreto 'ombnibus' aprobado por el Gobierno el pasado 21 de abril de medidas económicas.
En él se incluyó sin debate parlamentario ni consulta a los sindicatos el traspaso de la gestión de las pensiones de funcionarios civiles y militares (el famoso régimen de las "clases pasivas") de Hacienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una vez convalidado, los grupos podrán modificar el decreto durante su tramitación como proyecto de Ley.
Antes, el Ejecutivo aprovechó el Real Decreto-ley 8/2020, para dar entrada al vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Partido Popular y Vox han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo.
