El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado casi veinte días después de que estallase la crisis del coronavirus en España la formalización de un contrato con China por valor de 432 millones de euros para comprar más de 550 millones de mascarillas, 5,5 millones de test rápidos, así como 950 respiradores y once millones de guantes. A ello se suman 260.000 botellas de solución hidroalcoholica, 1.000 respiradores más y 2,5 millones de batas desechables, según ha anunciado también este miércoles la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya.
El personal sanitario lleva semanas atendiendo casos en primera línea con carencias de material de protección. El sistema español tiene ahora la mayor tasa de contagio entre estos profesionales a nivel europeo. Si en Italia supone el 8% del total acumulado y en China no alcanza el 4%, aquí alcanza el 14%. Este martes, el coronavirus se cobraba la primera muerte de una médico de 59 años en la provincia de Salamanca. En sólo 24 horas se registró un aumento del 40% de contagiados entre personal sanitario, hasta los 5.400 profesionales infectados por el Covid-19.
Pero el material previsto en el acuerdo alcanzado con China tras la conversación mantenida la semana pasada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez con Xi Jinping llegará de forma escalonada, a pesar de que el contrato con diversos proveedores ya está "pagado en su integridad". Los respiradores se distribuirán entre abril y junio; las mascarillas -quirúrgicas y de protección- serán suministradas durante ocho semanas, los guantes durante cuatro y las pruebas rápidas serán entregadas durante marzo y abril. Hasta entonces, las previsiones indican que la curva de contagios y fallecidos todavía puede seguir en ascenso.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha rechazado este mismo miércoles la medida cautelarísima que pedía la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para instar al Ministerio de Sanidad a dotar de manera inmediata a todos los centros sanitarios públicos y privados de medidas de protección efectivas frente al coronavirus. La sala de lo Contencioso-Administrativo dice que no le consta "ninguna actuación contraria a esa exigencia evidente y sí son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla".
La postura contrasta con la también adoptada este miércoles por un juzgado ordinario de Madrid, que ha dado un plazo de 24 horas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad para proporcionar material de protección a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que trasladará la decisión al Ejecutivo central.
Al igual que otros muchos ejecutivos autonómicos, Madrid lleva días haciendo la guerra por su cuenta después de ver cómo la centralización de las compras aprobada por Real Decreto el 10 de marzo no proporcionaba el material necesario a los sistemas autonómicos. El pasado domingo, el Ejecutivo madrileño aprobó una partida urgente de 23,3 millones de euros para la compra de diversos productos.
Frente a la aparente parálisis de la Administración central, algunas empresas privadas como Inditex sí han mostrado agilidad a la hora de negociar con los proveedores empleando sus propias cadenas de suministro y transporte. Con partidas más pequeñas y con el pago por adelantado que requieren los proveedores, se pudieron hacer con el material a pesar de la alta demanda que existe actualmente en los mercados internacionales.
A la situación creada por la decisión de Sanidad de anunciar primero la centralización de las compras y decir después que las CCAA podían seguir adquiriendo productos por su cuenta se sumaba la inseguridad creada por la posible incautación del material que llegaba a España tras decretarse el estado de alarma. Asimismo, algunos ejecutivos regionales como el de Madrid llegaron a denunciar la retención de material en los servicios de Aduanas, principalmente en el Aeropuerto de Barajas. Un extremo que negó el Ejecutivo central.
Ahora, el material anunciado por González Laya llegará a España mediante un corredor de carga que el Ejecutivo está poniendo en marcha a través de un consorcio de empresas españolas "en participación público-privada". Está previsto que comience a operar a partir del sábado.
