El Gobierno cruza los dedos para que el uno de octubre no se produzca en Cataluña un escenario muy difícil de gestionar: elecciones autonómicas legales y, a la salida de los colegios, en otras urnas, un referéndum ilegal de independencia apadrinado solo por los partidos soberanistas, admiten distintas fuentes del PP a Vozpópuli.
Cualquier ejecutivo está obligado a contemplar "todos los escenarios" y en su lista también figura ese, por remoto y rocambolesco que parezca, aclaran estas fuentes. La creciente cerrazón del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont en que habrá consulta, sí o sí, y su determinación de enfrentarse incluso a su partido, el PDCat, para la consecución de la misma, lleva a Mariano Rajoy y los suyos a sospechar que al independentismo ya no le va a parar el simple recurso a la legalidad. "Están desesperados", señala uno de los consultados.
La movilización de la ciudadanía catalana y el censo los tendría garantizados el soberanismo en esa doble 'votación'; y la "presión ambiental" haría que muchos de los que se acerquen a los colegios electorales a votar un nuevo Parlament acaben también introduciendo la papeleta del "sí" o el "no" a la independencia en urnas de cartón; con más participación, incluso, que en la fallida consulta del 9-N de 2014.
Además, el soberanismo, últimamente muy "nervioso" porque ve que el proceso independentista decae en interés, según señaló ayer al Grupo Popular la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, acabaría llevando la iniciativa frente a los partidos constitucionalistas y beneficiándose en el cómputo de las elecciones legalmente convocadas.
Moncloa prefiere creer al Puigdemont que el pasado junio descartó esa convocatoria conjunta al afirmar: "Solo adelantaré las elecciones si gana el 'no' en el referéndum"
Así que, hasta el 7 de agosto, último día de plazo -las elecciones se convocan con 54 de antelación- para que Puigdemont disuelva el Parlamento de Cataluña, el Gobierno contiene la respiración. Pasado ese plazo, el reto para el Estado ya solo será la de parar legalmente un referéndum que, por sí solo, tiene todas las trazas de estar abocado al fracaso.
El Ejecutivo quiere creer que, al final, Puigdemont no se desdecirá de lo que él mismo afirmó en en TV3 el pasado mes de junio. Durante una entrevista conjunta con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, anunció que solo convocará elecciones si gana el 'no'. "Si gana el 'no', no tardaré ni 24 horas en convocar elecciones. Es el único escenario en el que lo contemplo", afirmó; es decir, que no preveía, hasta entonces, esa convocatoria conjunta que preocupa en algunos sectores del PP.
De momento, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, tuvo que salir ayer al paso del miedo de los funcionarios a las acciones penales. Reiteró que no se verán en "dificultades" por las "decisiones políticas" que adopte el Ejecutivo catalán en relación al referéndum de independencia el 1 de octubre.
Y es que el Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña (CSITAL) ha subrayado en un comunicado que la actuación profesional de sus miembros se rige por el cumplimiento del principio de legalidad y recuerda que deben ser fieles "al espíritu y al texto de la Constitución".
Munté calificó esas manifestaciones como "perfectamente respetables", aunque recordó la "voluntad del Govern de preservar al máximo el conjunto de trabajadores públicos".
