Consejo de Ministros largo este martes en el que saldrá adelante un nuevo Real Decreto-ley ómnibus, pero troceado, y una vez que el Gobierno ha aceptado debatir si se somete a una cuestión de confianza. Fuentes de Junts confirmaban a Vozpópuli un acuerdo con el Gobierno para aprobar parte de las medidas sociales, que incluyen la revalorización de las pensiones, las ayudas para la DANA y las bonificaciones del transporte. A las 13.19 se ha confirmado que el plantel inicial de la ministra portavoz, Pilar Alegría, y Carlos Cuerpo y Óscar López se caía y que el propio Pedro Sánchez comparece para presentar las medidas.

Hasta ahora la estrategia de Sánchez para desatascar la legislatura pasaba por atacar al PP e intentar convencer a Junts de aprobar el paquete entero. En el mismo sentido se había pronunciado Yolanda Díaz: "Se aprueba tal cual está", aseguraba este lunes.

Lo que queda fuera

Fuera de este Decreto finalmente validado quedan las medidas fiscales (que se negocian más adelante), medidas relativas a ayudas a empresas electrointensivas, medidas para suavizar el impacto fiscal sobre los bancos, subvenciones a las empresas en función del balance correspondiente, o la perpetuación de algunos intereses a través de la financiación autonómica para pactar una redistribución diferente a los objetivos de déficit y para haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña. También se incluía la modificación de la ley de la sociedad de la información o del servicio postal, lo que implicaba, según Junts, la vulnerabilidad de las competencias de Cataluña.

Sánchez ha asegurado que ya esta negociando estas medidas decaídas para que se aprueben lo antes posible. Sí se ha validado una medida nueva que ya anunció Sánchez: la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.

El Real Decreto-ley ómnibus que el PSOE llevó al Congreso y fue tumbado el pasado 22 de enero incluía desde un aumento de las pensiones del 2,8% -de hasta el 9% las mínimas y no contributivas- o las ayudas por la DANA, pero también contenía medidas polémicas, que Junts y el PP se han negado a validar con las iniciativas sociales, y que Sánchez ha tachado de "bulos".

La polémica del palacete para el PNV y los okupas

El asunto más polémico que contenía el Decreto es la cesión de un inmueble en París al PNV. Un palacete en la Avenue Marceau, número 11, en París, que se le concedía con derecho del Instituto Cervantes a ocuparlo hasta 2030 pagando una renta de mercado. Con todo, los jeltzales ya han registado el inmueble en el tiempo que ha estado en vigor la norma.

Asimismo, también llevaba la prórroga de la suspensión de desahucios de personas vulnerables, que estaba prevista hasta finales de 2025. Tras un acuerdo con Podemos, incluía a los okupas, algo en lo que no está de acuerdo Junts. Según los de Carles Puigdemont, el Decreto final introduce medidas "para combatir las ocupaciones criminales": se toman "medidas para proteger a las familias vulnerables y para garantizar la recogida de registros de los propietarios de los inmuebles y el pago de las facturas impagadas ocasionadas por la ocupación o el retraso en los pagos de sus viviendas".

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