Política

El Gobierno agrava su guerra contra el Supremo: "Elucubra y no tiene pruebas"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reitera su respaldo al trabajo de investigación de la UCO y lamenta que algunos jueces no lo tomen en cuenta

El Gobierno no rebaja su confrontación con la Justicia. La portavoz del Ejecutivo, la socialista Pilar Alegría, ha señalado este martes que el Tribunal Supremo, que está investigando la filtración procedente de la Fiscalía que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, está manejando "elucubraciones" y carece pruebas para implicar a la Presidencia del Gobierno en la difusión del documento filtrado y por el que han sido imputados, hasta el momento, el fiscal general y la fiscal de Madrid.

Alegría ha salido, una vez más, en defensa de Álvaro García Ortiz: "El origen del delio está donde está: en la pareja de la señora Ayuso. Hace casi un año que conocimos que su pareja ha cometido dos deitos fiscales y, que sepamos, a estas alturas aún ni ha declarado. Las filtraciones y los bulos están donde están: en su jefe de gabinete [Miguel Ángel Rodríguez], quien no ha dudado en utilizar amenazas para proteger a la pareja de la señora Ayuso. Fue a sede judicial y allí explicó las mentiras y los bulos que utilizó para tapar a la señora Ayuso. Por tanto, trasladamos el máximo apoyo y la confianza en el fiscal general del Estado", ha espetado Alegría. 

El juez del Supremo que investiga el caso, Ángel Hurtado, dejó claro en su último auto que tiene indicios suficientes para pensar que la "Presidencia del Gobierno" impulsó la difusión del contenido de las comunicaciones electrónicas entre la defensa de Alberto González Amador y el fiscal para utilizarlos como arma contra una rival política. El togado, con ello, sitúa el delito de revelación de secretos en el entorno más cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien pone en un serio aprieto.

Hace meses que Moncloa repite que la Fiscalía se defendió para desmentir un bulo cuando emitió la famosa nota de prensa que desmontaba las informaciones que apuntaban al ofrecemiento de un pacto a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, en el marco de una investigación abierta contra él por dos delitos fiscales. Pero antes del auto del juez Hurtado, el informe del UCO ya señaló a la Presidencia del Gobierno.

 

La investigación del instituto armado, en base a los mensajes del terminal del exlíder socialista madrileño Juan Lobato, embarra a parte del círculo de confianza de Moncloa: "De ese email tendrían conocimiento, antes de ser publicado en ningún medio, al menos: el ex secretario general del PSM, la ex directora del Gabinete del jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; el ex secretario de Estado de Comunicación; la directora de comunicación de la ministra de Vivienda y el ex director de comunicación del PSOE y actual secretario de Estado de Comunicación", zanja el documento de la Guardia Civil. Lo cierto es que sigue sin quedar claro cómo tuvieron conocimiento de ese correo.

Lo más probable es que el juez del Tribunal Supremo que investiga la causa impute -y requiera el contenido del teléfono- a Pilar Sánchez Acera, la ex jefa de Gabienete del ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y actual ministro -y líder de los socialistas madrileños tras la dimisión de Lobato por este asunto- Óscar López. A partir de ahí, los nombres expuestos por la UCO son también susceptibles de hipotéticos requerimientos judiciales próximamente.

Mientras, el núcleo duro del Gobierno sigue descargando toda responsabilidad en la posible comisión de cualquier delito de revelación de secretos en el caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en quien tenía el deber de custodiarlos, según explican fuentes del Ejecutivo a este diario. Los imputados por el Tribunal Supremo, por el momento, son el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz -algo inédito en democracia-, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.

Además, trascendió que García Ortiz cambió de teléfono días antes de que se le requiriera el terminal para analizar sus comunicaciones en los días en los que se cometió el supuesto delito. Ahora, Hurtado intenta que el fiscal entregue el terminal que tuvo, y ha solicitado a las compañias de teléfono que desvelen los contactos que tuvo. El problema es que que algunos de esos se efectuaron mediante mensajería privada cifrada de extremo a extremo (Whatsapp).

No deja de llamar la atención que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya reiterado su respaldo al trabajo de investigación de la UCO. El ministro ha lamentado que sean algunos jueces los que no lo tomen en cuenta, en referencia a los informes que descartaron la comisión de cualquier delito en el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Marlaska, juez, desliza que existe intencionalidad política en las decisiones de algunos excompañeros suyos. 

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