El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha encargado a los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente del Ministerio de Hacienda, que calculen el dinero que habría defraudado el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, al cobrar en Suiza 25 millones por el considerado como mayor pelotazo de la organización delictiva.
De la Mata, que según indica la Fiscalía Anticorrupción en un escrito ha iniciado la investigación de la pieza separada de Arganda del Rey, dictó el pasado 17 de mayo un auto en el que a instancias del Ministerio Público el magistrado reclama el cálculo del fraude: "Los ingresos percibidos en los años 2004 y 2006 presuntamente relacionados con la enajenación de las parcelas integradas en la Unidad de Ejecución 124 de Arganda del Rey (12.000.000 euros en la cuenta abierta en la Compagnie Monegasque de Banque a nombre de Awberry License NV el 21-12-2004 y 13.000.000 euros en la cuenta abierta en el Crédit Suisse a nombre de Golden Chain Properties SA el 29-06-2006)", especifica la resolución a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
La operación urbanística de Arganda del Rey también está relacionada, según el excomisario José Manuel Villarejo, con el presunto cobro de dos millones de euros por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El agente, que se jubiló hace unos meses, explicó a la jueza que investiga en Estepona (Málaga) el caso del ático del exmandatario madrileño, Isabel Conejo, que dos confidentes explicaron que el ático de lujo de Estepona podría ser una parte de la mordida recibida por González por la adjudicación de varias fincas municipales a la sociedad Martinsa, cuyo propietario, Fernando Martín, está imputado en el procedimiento.
199 millones más de beneficio
Un testigo, en concreto el arquitecto Gilbert Barbany, que trabajó para Fernando Martín en Arganda del Rey, alertó en su declaración ante el juez Pablo Ruz de las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación. El propio Barbany concluyó que las modificaciones urbanísticas permitidas por el Ayuntamiento de Arganda y la Comunidad de Madrid permitieron que la promoción urbanística de Martinsa pasara de 1.580 a 2.731 casas. El beneficio por la venta de estas viviendas habría sido de 535 millones, siempre según los cálculos del testigo, lo que suponía un aumento de 199 millones.
Sin embargo, el empresario Fernando Martín siempre ha rechazado haber cometido cualquier irregularidad en su operación de Arganda del Rey, al mismo tiempo que defiende que la adjudicación de dicha parcela fue realizada por concurso público, obteniendo su oferta la mayor valoración.
Lógicamente no voy a decir que fue una actuación correcta cuando he llevado dinero B"
En su declaración como imputado, Fernando Martín reconoció al juez Ruz que en 2006 llevó seis millones de euros de dinero negro desde España hasta Mónaco: "Era dinero que tenía desde 1984 en España de temas inmobiliarios. Era una cuenta mía personal que no tiene nada que ver con Martinsa", declaró Martín, que a preguntas de la Fiscalía también dijo: "Una cosa es mi cuenta personal y otra cosa es Martinsa. La de esta empresa ha sido una actuación absolutamente impecable, transparente y honesta. La mía... lógicamente no voy a decir que fue una actuación correcta cuando he llevado dinero, entiéndame en el buen sentido del término que lo digo, que era dinero B que llevé allí, pero yo personalmente".
Otras operaciones investigadas
Además del pelotazo de Arganda, el Ministerio Público ha pedido al juez De la Mata que reclame a Hacienda una valoración de los delitos fiscales presuntamente cometidos en otras operaciones investigadas: "Y en su caso, modificara su informe sobre la cuantificación de cuotas eventualmente defraudadas por Francisco Correa".
El resto de operaciones que Hacienda tendrá que analizar son, tal y como especifica el escrito del juez José de la Mata, los ingresos de hasta 1,6 millones de euros a nombre de las empresas de Pacsa y Awberry License en el Banco CIAL de Ginebra (Suiza), ambas propiedad de Correa, que estaban presuntamente relacionados con las adjudicaciones de los Ayuntamientos de Madrid y de Majadahonda de los contratos de limpieza urbana a las empresas FCC y Sufi.
También estudiarán el impago de impuestos por 1.493.358 euros vinculados con la celebración del V Encuentro Mundial de las Familias y la firma Teconsa, con la presencia en Valencia del papa Benedicto XVI.
En el resto de ingresos de Correa destacan los vinculados al municipio madrileño de Boadilla del Monte, como por ejemplo el abono de 280.000 euros por parte del empresario Alfonso García-Pozuelo; así como otros 800.000 euros relacionados con la adjudicación de una parcela a la firma UFC; 400.000 euros de cobros de Teconsa; 269.000 euros en efectivo por los conceptos de jardines y donuts; 157.256 euros en repartos con cargos públicos del Ayuntamiento de Boadilla como José Galeote; y 708.085 euros relacionados con el exalcalde del PP de Boadilla Arturo González Panero.
