El Gobierno andaluz ha recuperado un total de 15 millones de euros por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), en virtud de los expedientes que se han revisado de oficio, mientras que ha cifrado en 71 millones de euros la cantidad que considera que ya no se podrá reintegrar en las arcas públicas.
Así lo ha anunciado este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda, Industria y Energía, quien ha ofrecido varias cifras sobre el panorama que hay actualmente en relación con la posible recuperación de dinero público defraudado en el caso de los ERE, tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla . Bravo no ha precisado una cifra global sobre el dinero que aún sería susceptible de recuperar por parte de la Junta si no se dieran situaciones de prescripción o de insolvencia de los afectados.
Precisamente esas dos circunstancias son las que principalmente motivan que la Junta afirme que no será capaz de recuperar 71 millones de euros. Bravo ha insistido en que es "muy precipitado" dar cifras exactas sobre el dinero que sería susceptible de recuperarse y ha advertido de que cuanto más tiempo pase, "más difícil es recuperar dinero", pero ha insistido en la clara voluntad de la junta de poner todas las herramientas necesarias "para recuperar lo máximo posible".
Otro dato que ha ofrecido el consejero es que, desde el año 2012 y hasta la fecha se han pagado 402 millones de euros en ayudas de los ERE y que aún quedan pendientes de abonar 62 millones de euros hasta el año 2025 para un total de 3.251 beneficiarios. Entre ellos, se encuentran 487 beneficiarios de pago directo; 1.744 beneficiarios de pólizas novadas; 901 beneficiarios de pólizas pendientes, y 119, extrabajadores de Hitemasa. Juan Bravo ha querido dejar claro que todos los intrusos detectados están fuera.
La "telaraña" de los gobiernos socialistas
A este respecto, el portavoz del Gobierno y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, que ha arremetido duramente contra el entramado y la "telaraña" que montaron los anterior gobiernos del PSOE-A en relación con los ERE con el fin de permanecer en el poder, ha señalado que el sistema consistía en que para que hubiera "algunos intrusos tenía que haber muchos legales" y ha querido dejar claro que la Junta intentará reclamar hasta el último céntimo que se pueda reclamar, pero es evidente que lo que montaron los ejecutivos socialistas también conllevaba "impedir la devolución de las ayudas".
En cualquier caso, el Consejo de Gobierno ha solicitado a los servicios jurídicos de la Junta que estudie la aplicación de los mecanismos que se contienen en el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública, relativos al Título IV de las responsabilidades, para conocer si se pueden pedir responsabilidades.
Según los datos ofrecido por el consejero de Hacienda, en el ámbito del derecho administrativo, hay 218 expedientes de revisión de oficio. De ellos, 91 se han discutido en el seno de la jurisdicción contencioso-administrativa. Hay 28 sentencias que son favorables a la administración por 18 millones de euros, y 20 expedientes en espera de sentencia, que suponen una cantidad global de 13,7 millones.
A su vez, hay 96 expedientes finalizados mediante una orden o resolución de la Consejería de Empleo declarando la nulidad de las ayudas y la devolución de las sumas, sin que hayan sido recurridas, y que suman un importe de 36,1 millones de euros. Hay 18 expedientes de resolución que, o bien por el informe del gabinete jurídico o por el dictamen del Consejo Consultivo, declaran la no procedencia del oficio (suman 35,5 millones de euros). Seis expedientes están en revisión de oficio (por 5,7 millones de euros).
El importe total efectivamente reintegrado en virtud de los expedientes que se han revisado de oficio es de 15 millones de euros. Frente a ello, se ha declarado insolvencia del obligado al reintegro por importe de 25,3 millones de euros.
En el plano de la responsabilidad contable, según detallado Bravo, el Tribunal de Cuentas inició diligencias provisionales en 2011. A partir del informe de fiscalización de la partida 31L por parte de la Cámara de Cuentas (de diciembre de 2012) se activaron actuaciones previas siguiendo tres líneas: la instrucción de responsabilidades contables derivadas del pago de pólizas de prejubilación; la actuación que instruía responsabilidades por el pago a ayuntamientos y empresas; y las actuaciones que instruyen el pago de sobrecomisiones a empresas mediadoras de seguros.
La cuantía reclamada en el Tribunal de Cuentas asciende a 118 millones de euros, aunque será complicado recuperar una parte significativa. Hay una treintena de sentencias favorables que suman más de 17 millones de euros.
Asimismo, el consejero ha señalado que hasta la llegada del nuevo Gobierno no ha existido una base de datos con información unificada de la Consejería de Empleo, la de Hacienda y los Servicios Jurídicos. Para Bravo, no hay explicación a esa situación "errática" que se encontraron, pero que ya está solventada porque se ha creado un sistema de información conjunta para todos los departamentos afectados.
