Política

Moncloa se niega a dar explicaciones sobre el caso del hermano de Sánchez: "Es una denuncia falsa"

El Gobierno recurre una vez más a la difamación de los medios críticos, a los que denomina "tabloides digitales", por ser parte de la demanda del pseudo sindicato Manos Limpias

El caso del hermano de Sánchez entra, por primera vez, en Moncloa. El Gobierno ha comentado públicamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el embrollo que afecta a David Sánchez. Pero Moncloa se ha negado a dar explicaciones. El Ejecutivo ha recurrido una vez más a la difamación de los medios críticos, a los que denomina "tabloides digitales", por ser sus informaciones parte de la demanda del pseudo sindicato Manos Limpias.

"Otra vez manos Limpias. Que es lo mismo que decir que estamos delante de una denuncia falsa, construida con recortes y retazos de tabloides digitales. Cuál será la desconfianza que genera este grupo ya, que la propia jueza le ha pedido que formalice los tramites procesales. Y una fianza de 10.000 euros", ha respondido la ministra portavoz, Pilar Alegría.

No es la primera vez que Moncloa recurre a este argumentario. Todo el caso que afecta también a la mujer del presidente, Begoña Gómez, se explica en el Gobierno de la misma manera: no hay caso y todo es una estrategia de la derecha judicial, política y mediática para derribar a Sánchez. El Ejecutivo ya tiene en mente la respuesta. Y ninguna es asumir responsabilidades o rendir cuentas. Sánchez elevó su cruzada contra los medios críticos a categoría de “gran causa nacional”.

El jefe del Ejecutivo está inmerso en un proceso de lucha contra lo que considera bulos que "va a durar tiempo", según fuentes gubernamentales. La idea es busca la coordinación y las propuestas de la mayoría de partidos de la investidura para llevar a la categoría de ley lo que consideran mayor "transparencia" en los medios de comunicación. Estas fuentes ya avanzaron que se usará como marco de referencia la transposición de una directiva europea sobre los medios.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto este martes diligencias de investigación contra el hermano de Sánchez, y otras dos personas más -entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz- por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación prevaricación y tráfico de influencias.

Fuentes jurídicas confirman que, además, se ha acordado la práctica de pruebas, entre las que se encuentra la remisión del contrato del hermano de Sánchez con la diputación pacense. Las mismas fuentes confirman que las pesquisas, que nacen de una denuncia de Manos Limpias, ya han sido notificadas "a todas las partes".

Las diligencias se dirigen contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos de la diputación, Alejandro Cardenal y contra David Sánchez Pérez-Castejón, este último en su condición de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social.

Lo cierto es que Sánchez se asoma al abismo. El presidente del Gobierno está en un enredo judicial de difícil salida. El equipo de Moncloa se ha visto salpicado por al menos hasta diez frentes. Y las diligencias que se abren ahora sobre el hermano de Sánchez es el undécimo. Ninguno está bajo su control. En cierta manera, el devenir político del líder socialista depende de la Justicia por primera vez en seis años, desde que llegó al Ejecutivo tras la moción de censura de 2018.

El líder socialista afronta el avance de más de una decena de procedimientos en los tribunales que amenazan con poner contra las cuerdas su mandato. Sin olvidar la crisis abierta con el Poder Judicial, al que desde su Ejecutivo se ha señalado y acusado a lo largo de sus mandatos. El más problemático de todos los frentes es el que afecta a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Este procedimiento es el más reciente.

Desde que la causa echó a andar, el pasado el 16 de abril, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, apuntó la condición de investigada de Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las cartas de apoyo que redactó a Carlos Barrabés, el empresario que impulsó el máster que dirige en la Universidad Complutense de Madrid.

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