Han pasado casi dos meses de la fecha tope en la que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, prometió al Gobierno de Canarias dar una solución para la salida de 4.400 menores no acompañados a la península, que se hacinan en centros sobre ocupados del archipiélago y Ceuta. A principios de enero, tras una reunión muy matutina en la sede del ministerio, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro y el mandatario autonómico defendieron un principio de acuerdo para que antes de acabar ese mes hubiera un borrador que sigue sin existir por culpa de las discrepancias entre ministros.
De ahí que la reunión sectorial que ha mantenido este lunes la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, con los consejeros autonómicos del ramo, haya concluido sin ningún tipo de acuerdo. Ni tan siquiera sin ningún tipo de avance. Aunque, según Saiz, el Ejecutivo "trabaja en todo momento con la mano tendida para encontrar una solidaridad". Una afirmación que no comparten la mayoría de consejeros que no son del Partido Socialista.
Ante ese escenario, y pese a que inicialmente se esperaba que iba a ser así, ya que la situación en Canarias y en Ceuta es cada vez más "insostenible", según palabras del propio Fernando Clavijo, salvo sorpresa de última hora el Consejo de Ministros de este martes no aprobará el real decreto con el reparto extraordinario y urgente que permitiría la salida de los 4.400 menores no acompañados que necesitan ser realojados de forma inminente por la península.
Enfado en el PP
En el PP hay desazón. Varios consejeros autonómicos, con los que ha hablado 'Vozpópuli', denuncian que han salido del encuentro con la ministra "sin información". Con las manos vacías. El Gobierno sigue insistiendo en un reparto solidario forzoso que obligue a las autonomías a aceptar las reglas impuestas de forma unilateral por Moncloa. Unas reglas que, por otro lado, y en virtud del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, no se verá obligado a cumplir un Gobierno catalán del que la ministra ha destacado su "responsabilidad" por querer asumir la delegación de las competencias.
Precisamente todas las comunidades autónomas donde gobierna el PP han trasladado su "preocupación" por ese acuerdo. Fuentes cercanas a la consejera madrileña, Ana Dávila, afirman que el texto literal de lo pactado contempla una cesión de las competencias y no una delegación. "Aunque con un juego de malabares de palabras, nos han intentado convencer de que es una delegación, se trata de una cesión de competencias en toda regla que pone en riesgo la seguridad nacional y que no deja claro cuáles son las competencias reales que va a asumir el gobierno de la Generalitat" denuncian las autonomías del PP.
Los consejeros también lamentan que desde el Gobierno "se oculta información y no se tienen en cuenta las propuestas de las comunidades autónomas". Es una afirmación en la que coinciden fuentes cercanas a tres de estos representantes territoriales. La "falta de diálogo", debido a ese interés del Ejecutivo de querer imponer unos criterios "únicamente consensuados con el independentismo para beneficiar a Cataluña", es otra de las críticas que le hicieron a la ministra durante la reunión.
Críticas al pacto PP - Vox
Elma Saiz ha acusado a algunas comunidades autónomas de "practicar una dejación de funciones por no hablar de comprar un marco racista y xenófobo de la ultraderecha en materia migratoria". Una crítica dirigida particularmente a la Comunidad Valenciana, tras el acuerdo suscrito este lunes para los presupuestos entre PP y Vox, avalado por Génova, que ha llevado al presidente valenciano, Carlos Mazón, a asumir algunas de las tesis más duras del partido de Santiago Abascal en materia migratoria. "Es pura insolidaridad" llegó a decir, la ministra, sobre la actitud de la Generalitat Valenciana.
